Por qué en España los políticos evitan responsabilidades

El expresidente español José María Aznar no tiene previsto hacer por ahora ninguna declaración sobre la publicación en Reino Unido del informe Chilcot acerca de la guerra de Irak. EL PAÍS ha llamado a la Fundación FAES, que preside Aznar, y desde su Departamento de Comunicación han dicho que no saben nada. "Por ahora no. Deje un teléfono y llamaremos si hubiera alguna novedad", han respondido.

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El informe Chilcot muestra que el ex primer ministro Tony Blair exageró y no agotó todas las opciones antes de la invasión de Irak en 2003. El comité dirigido por el ex alto funcionario John Chilcot fue designado por el sucesor de Blair, el también laborista Gordon Brown, en 2009. Tras siete años de investigación, la conclusión es que el apoyo de Reino Unido a la administración de George W. Bush fue innecesariamente ciego. "Estaré contigo, pase lo que pase", había escrito Blair a Bush en 2002. Blair intentó dar explicaciones este miércoles tras a publicación. "Quería asegurarme de que Estados Unidos no se sintiera solo" y "tomé una decisión, y la mantengo", dijo.

El expresidente Bush también emitió un comunicado a través de un portavoz sobre el informe Chilcot. "El presidente Bush sigue creyendo que el mundo entero está mejor sin Sadam Husein en el poder", decía. El único líder del trío de las Azores que de momento no ha reaccionado es José María Aznar.

No es tan raro. En España no hay tradición de comisiones independientes como la dirigida por John Chilcot, cuya pretensión es analizar por qué el sistema no hizo lo mejor, y no buscar culpables. La independencia ayuda a que la investigación sea vista no como la venganza contra un político o partido, sino como una aspiración de mejorar el sistema. Para entender la diferencia entre Reino Unido y España en un caso así, la comisión fue lanzada por Gordon Brown, escudero primero y sucesor de Blair luego. Es como si Rajoy hubiera nombrado una comisión similar. "En España sería inconcebible que el heredero hiciera una auditoría, y eso que las relaciones entre Rajoy y Aznar no son mejores que entre Blair y Brown", dice Víctor Lapuente, profesor de la Universidad de Gotemburgo.

Las vías de investigación común en España son otras dos: los tribunales —con posibles consecuencias penales— y las comisiones parlamentarias —cuya dependencia de los partidos las hacen poco fiables. "Las comisiones parlamentarias con gobiernos en mayoría no tienen efectos, pero con minoría sí pueden tenerla. Aunque la experiencia en España es bastante mala", dice el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona Francesc de Carreras.

Si en España una institución tuviera sinceramente la voluntad de crear una comisión independiente, tendría sobre todo un problema: la politización. Según datos de la OCDE de 2011, la penetración de la política entre los funcionarios españoles llega hasta los "directivos de nivel 2". Las administraciones más politizadas —Turquía es la líder— alcanzan hasta 4 niveles. En Reino Unido, por ejemplo, solo son cargos de designación política los asesores de los ministros —y no todos. Los únicos países con un funcionariado más independiente son Noruega, Nueva Zelanda, Dinamarca, Japón y Canadá.

"La diferencia entre un funcionario británico y uno español es que el británico mira hacia arriba y ve una escalera muy alta de posiciones en las que se puede ser neutral; en cambio, en España en seguida te das cuenta de que para ascender debes ser leal a un partido político", dice Lapuente. La mayor ventaja de un sistema así es el margen y la sensación de independencia. En el caso Chilcot, no todos los miembros eran altos funcionarios: había solo dos. El resto eran un catedrático, un historiador y un diplomático. Nadie les suponía preferencias políticas.

Los datos no son solo cuantitativos. Según un artículo de 2010 de los profesores Carl Dahlstrom y Lapuente, los países con una carrera funcionarial independiente de la política son menos corruptos, menos malgastadores, más eficaces y con mejores datos de buen gobierno. El director de Urbanismo de un Ayuntamiento, por ejemplo, tiene en España cero incentivos para denunciar o declarar contra el alcalde que lo ha nombrado. Si en cambio no depende de un político, su labor de vigilancia está más garantizada.

Los políticos y la politización son solo la presunta causa de esta diferencia de sistemas, pero no la única. "Me parece inconcebible que [Aznar] no tenga ni la más mínima necesidad de explicar nada. Tiene que ver también con los medios de comunicación y los analistas, que lo damos por descontado. Es una barbaridad", dice Lapuente.

Otro político que en los últimos días ha visto olvidada su presunta responsabilidad es el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz. Tras sus conversaciones con el ahora exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso, que dio Público, y donde le instigaba a buscar corrupción entre políticos independentistas, Fernández Díaz no ha dado explicaciones. Desde otras tradiciones, se ve como algo raro. "Yo alucino. No lo entiendo. No he leído nada de momento que me lo haya explicado. Eso pasa en cualquier otra democracia moderna y el tipo está fuera y su partido pierde las elecciones", dice Matthew Bennett, periodista británico que lleva casi 20 años en España.