El Rey afronta un proceso de investidura marcado por el anterior fracaso político

A partir del 19 de julio, una vez constituidas las Cortes de la XII legislatura, el artículo 99 de la Constitución devuelve al Rey al centro del proceso para poner en marcha la investidura de un nuevo presidente del Gobierno. El procedimiento es simple y sabido: Felipe VI recibirá a los representantes designados por los grupos parlamentarios y, en función de su predisposición y aritmética, propondrá a un candidato a través del presidente del Congreso. Sin embargo, la fragmentación prevé un desenlace complicado e imprevisible.

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Felipe VI es el primer jefe del Estado desde la instauración de la democracia que acomete la obligación constitucional de proponer presidente para el Gobierno en un escenario político tan complejo. Tanto, que lo va a hacer por segunda vez en apenas seis meses, tras el fracaso del proceso nacido de las elecciones del pasado 20 de diciembre en el que fueron necesarias hasta tres rondas de contactos y un debate de investidura sin ningún éxito.

La frustración del proceso anterior, en el que los cuatro partidos en liza fueron incapaces de alcanzar un acuerdo para salvar la legislatura, planea sobre La Zarzuela en la víspera del desfile de audiencias de los líderes de los partidos con representación parlamentaria por los efectos que podría tener para el Rey.

Sobre la mesa, más allá de la urgencia que impone el sentido común, no hay ningún dato que sustente que el atrincheramiento de los partidos que llevó a la congestión de la anterior legislatura se haya disipado. Pero el sentido común ya naufragó en la anterior legislatura cuando los extremos cegaron toda posibilidad que no fuera la convocatoria de nuevas elecciones.

Aprobar presupuestos

El único imperativo ahora, si acaso, es que el Gobierno debería aprobar los Presupuestos Generales antes del último día de septiembre, para lo cual el Ejecutivo tendría que estar nombrado en agosto y los ministerios habrían de tener el trabajo realizado para esa fecha. Aunque en el peor de los escenarios, a falta de Gobierno, los presupuestos también podrían ser prorrogados.

El resultado obtenido este domingo en los comicios, pese a desmentir las encuestas, plantea una repetición de la situación en la que nada será posible sin un acuerdo que supere las siglas. La solución al atasco político, como en el anterior proceso, no depende del jefe del Estado sino que está de nuevo en manos de los partidos. El papel del Rey está muy limitado por la Constitución, aunque los expertos le atribuyen “un cierto margen de discrecionalidad [potestad no reglada]” solo justificado cuando se trata de “dotar de estabilidad política al sistema”.

Es evidente que ese margen no tuvo un efecto decisivo en el anterior proceso, si bien fue la causa de un desencuentro entre el PP y La Zarzuela cuando el Rey, ante la negativa de Mariano Rajoy a intentar la investidura como candidato del partido más votado por falta de apoyos, propuso al socialista Pedro Sánchez para desbloquear la situación.

Ahora, la necesidad de los partidos de aprender de los errores que cometieron en el anterior proceso abre alguna brecha de esperanza para la Casa del Rey, que en privado criticó que los partidos no acudieran a las audiencias “con las sumas hechas”. En ese sentido, los partidos iniciarán inmediatamente el proceso de negociación, sin esperar a los formalismos del proceso anterior.

A pesar de la improductividad del proceso anterior, la figura del Rey ha salido fortalecida en los sondeos, aunque en La Zarzuela persiste la inquietud sobre las consecuencias que podría tener un segundo fracaso, con el consiguiente incremento de la desafección política. Es perceptible el temor a que los partidos se enquisten dando vueltas en el interior de esa rotonda imaginaria sin encontrar la salida y el impacto que puede tener en la economía y el prestigio de España. Y también cómo podría salpicar a la Corona ese estado de decepción.

Con todo, el proceso anterior aportó al Rey un notable conocimiento de los líderes de los nuevos partidos, así como de las principales inquietudes políticas de las formaciones. En las pasadas rondas aprovechó para sondear sobre asuntos cruciales como posiciones sobre la reforma de la Constitución. Estos contactos, además, sirvieron para que algunos partidos perdieran prejuicios respecto a Felipe VI y atenuaran sus posiciones respecto al modelo de Estado.