El PSOE gastará 1.300 millones en 217.000 “empleos de transición”
El plan global costará 3.300 millones que se financiará con la reorientación de las bonificaciones y los Presupuestos del Estado
El ciclo económico no reducirá de manera natural el desempleo ni sacará de esa situación a los 2,7 millones de parados de larga duración que hay en España. Esta es la tesis del PSOE para poner en marcha actuaciones desde las Administraciones, caso de gobernar, donde se contempla el autoempleo e iniciativas del tercer sector. Entre las mismas destaca la creación de “empleos de transición” para 217.000 personas en un año con un coste de 1.300 millones de euros. El plan global costará 3.300 millones que se financiará con la reorientación de las bonificaciones y los Presupuestos del Estado.
No se trata de un Plan E, a la manera de las actuaciones que el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero puso en marcha en 2008 para dar trabajo a parados desde los Ayuntamientos y que provocó muchas dudas y críticas sobre su eficacia. Los “empleos de transición” que figuran en el plan de Pedro Sánchez son también de iniciativa estatal, pero obedece a “proyectos concretos propuestos por las propias personas paradas, por las Administraciones locales o por entidades sin ánimo de lucro cuyo coste salarial se asume durante seis meses”. Así figura en el documento Un Plan de Empleo extraordinario para incrementar el ritmo de acceso al mercado de trabajo,con fecha de este martes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, y del que el día anterior Sánchez ofreció un anticipo en el Foro de la Nueva Economía. En este texto figura el coste del plan total y su financiación. Los trabajos de transición se llevarían 1.300 millones de euros, y el plan total suma 3.300 millones anuales. Todas las cantidades hay que multiplicarlas por dos porque el proyecto está pensado para dos años.
¿Se trata de nuevo de crear trabajo de dudosa utilidad con dinero público? A esta pregunta, el responsable del programa económico socialista, Jordi Sevilla, opone matizaciones. “No es un Plan E porque, aunque se utiliza al sector público, también interviene el tercer sector, las fundaciones, y el autoempleo autorizado para proyectos concretos”. Pero, sobre todo, enfatiza: “Se trata de lograr la inserción de más de 200.000 personas de más de 45 años, sin cualificación, que no va a encontrar empleo nunca. Y sí, como socialistas, no nos resignamos y vamos con estas iniciativas a tratar de que vuelvan a engancharse en la rueda laboral”.
La evaluación de las competencias y necesidades de los participantes “y el ajuste con los puestos ofertados” corresponderá a los servicios públicos de empleo. De esta manera “se evitará la aparición de posibles casos de clientelismo”, se lee en el documento. Las contrataciones temporales deben acompañarse de acciones directas y personalizadas de apoyo en la búsqueda de empleo y de mejora “de la empleabilidad de los participantes”.
Con estas condiciones, los autores del plan creen que este se “legitima” ante el resto de la población porque no sería una intervención “meramente asistencialista sino una verdadera reinserción en el mercado de trabajo”.
Desempleo estructural
El PSOE quiere que se enganchen a la rueda laboral los 3,3 millones de personas que se declaran paradas y no reciben ninguna prestación, con el riesgo de que se queden en el desempleo estructural.
Las mujeres, los jóvenes y los mayores de 45 años “requieren medidas específicas”, que dicho plan apunta en tres ejes: reformas de las políticas activas de empleo, que los servicios públicos sean auténticas agencias de colocación y el aumento del empleo a través de la inserción laboral en el sector privado y a través del sector público.
Hasta ayer mismo, el equipo económico del PSOE ha trabajado en este proyecto con la inclusión de nuevos elementos, aunque la base fundamental la presentó en las elecciones del 20 de diciembre con el impulso de la entonces responsable de Empleo, Mariluz Rodríguez.
La formación para 518.000 personas que abandonaron el sistema educativo, sin titulación de la ESO, y que no trabajan, es otro de los capítulos estratégicos. Durante seis meses recibirán formación especializada y obtendrán una titulación que acredite competencias para entrar en el mercado de trabajo. El coste será de 1.000 millones de euros anuales. Las edades comprendidas en el plan van desde los 16 a los 64 años, aunque divididos en cuatro tramos por edades. De nuevo se apela a la necesidad del impulso público para sacar de la exclusión laboral a un porcentaje muy elevado de españoles toda vez que “no vendrá un nuevo bum de la construcción” que les saque del paro, considera Sevilla.
Los 3.300 millones de euros anuales que costaría el plan se obtendría “de la reorientación de las bonificaciones”, por un valor de 2.000 millones; de “mejoras de la eficiencia y productividad de los servicios públicos” por 300 millones y, finalmente, de los Presupuestos Generales del Estado, con una aportación de 1.000 millones. “Es nuestra propuesta, estamos dispuestos a discutirla y a escuchar qué proponen otros partidos”, emplaza Sevilla.
Políticas activas: el constante reclamo de la UE
Hace hoy una semana que el Consejo Europeo emitió un informe con recomendaciones para España. En él, la petición de mejorar e impulsar las políticas activas de empleo aparece con énfasis, como lo hace con reiteración casi cada semestre europeo. Detrás de esta petición hay elementos como el fracaso de la última ayuda a parados de larga duración que el Gobierno puso en marcha a comienzos de 2015: poco antes de que se renovara en abril, apenas se habían beneficiado de ella 105.000 parados de los 400.000 previstos en principio.
Tampoco la Garantía Juvenil, otro de los programas estrella de Empleo, va sobre ruedas. En uno de los últimos informes de la Comisión Europea se podía leer que el plan todavía no está dando los resultados esperados y que los jóvenes registrados en él están por debajo de las expectativas.
Pero más allá de estas iniciativas, tanto esta legislatura como en las anteriores, la apuesta estrella del Gobierno de turno son las ayudas a la contratación, aunque en los últimos años hay un gran matiz. Las estrecheces presupuestarias han llevado al Ejecutivo a recurrir directamente a las reducciones directas de las cotizaciones (las tarifas planas para autónomos y contratos indefinidos) y no a las bonificaciones. Estas también se han quedado lejos de los objetivos enunciados por el Ejecutivo en el momento de lanzarlas. No obstante, las tarifas planas tienen una contraindicación: al ser descuento sin compensación (al contrario que las bonificaciones), la caja de la Seguridad Social deja de percibir ingresos y se agrava su déficit.
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