El TSJA investiga a un exconsejero andaluz por el contrato de un director

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha abierto diligencias previas contra el exconsejero andaluz Luciano Alonso, actualmente parlamentario del PSOE en la Cámara regional, tras declararse competente para investigar una querella de la Fiscalía Superior de Andalucía por la contratación supuestamente irregular del director del Centro del Flamenco de la Junta entre agosto de 2012 y junio de 2015. La persona que ocupó este cargo durante esa etapa es Luis Guerrero, ahora diputado provincial del PSOE en Málaga, quien supuestamente no habría visitado el organismo en todo ese espacio de tiempo.

El auto en el que la Sala de Civil y Penal del TSJA incoa la investigación detalla la querella presentada por la fiscalía, que inicialmente ve indicios de un supuesto delito de prevaricación administrativa como medio de cometer otro de malversación de caudales públicos. Según la documentación remitida al alto tribunal andaluz por el ministerio público, Luis Guerrero, afiliado del PSOE y miembro de la ejecutiva socialista de Málaga, cesó en julio de 2012 como personal eventual de la Diputación Provincial y fue nombrado director del Centro Andaluz del Flamenco, con sede en Jerez de la Frontera (Cádiz), por Luciano Alonso, entonces consejero de Educación, Cultura y Deporte de la Junta.

Esa nominación se habría llevado a cabo "a sabiendas" de que "en ningún caso [Guerrero] iba a desempeñar el cargo designado", detalla el auto, citando la querella de la fiscalía. El exconsejero, un veterano del PSOE en Andalucía, habría emitido dos órdenes relacionadas con esta designación: una primera el 1 de agosto de 2012, con vigencia hasta el 10 de septiembre de 2013; y una segunda desde este día hasta el 12 de junio de 2015. Es decir, cerca de tres años. Guerrero es concejal socialista en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande desde las últimas elecciones municipales de mayo de 2015 y diputado provincial.

A pesar de su nombramiento como director del Centro Andaluz del Flamenco, Guerrero "en ningún momento" visitó estas dependencias durante este periodo, "siendo desconocido de las personas que allí trabajan". La documentación aportada junto a la querella de la fiscalía acreditaría el pago de un total de 87.109 euros como sueldo por ocupar este puesto de trabajo (13.834 euros en 2012; 36.615 en 2013; y 36.660 euros en 2014, último año certificado).

El TSJA se declara competente para iniciar la investigación por la situación de aforado del parlamentario Luciano Alonso. Respecto al supuesto delito, precisa que se delimitará y concretará “en el curso de la investigación”. La Sala aclara que la decisión de abrir diligencias, como es su criterio habitual, se produce en función de que una valoración prima facie (a primera vista) de lo que se expone en una denuncia o querella, “permita entender o no que los hechos en ella expuestos tengan, por sí mismos, relevancia penal y resulten verosímiles”.

Alonso, cabeza de lista del PSOE por Málaga en las últimas elecciones autonómicas, ha desempeñado diversos cargos públicos desde hace más de dos décadas, entre ellos, el de consejero en tres legislaturas diferentes (además de Cultura, Educación y Deporte, también ha estado al frente de Turismo). Tras hacerse pública la resolución del TSJA, el político ha tachado de "malentendido" este asunto y ha negado que "se haya procedido a la retribución con fondos públicos a quien no realizara función o trabajo alguno".

El parlamentario socialista, a través de un comunicado, ha manifestado su "respeto y confianza" en la Administración de Justicia y ha confiado en que "puedan aclararse cuanto antes" estas supuestas incidencias en relación con la contratación como personal eventual de Guerrero. "El malentendido viene provocado por la falta de actualización del puesto para que fue nombrado, lo que dio lugar a una reasignación de funciones prevista en el artículo 73.2 TR Estatuto Básico del Empleado Público", se ha defendido.

También ha precisado que la actuación del Fiscalía Superior de Andalucía "se inició sin previa denuncia, a partir de noticias aparecidas en prensa", una cuestión que, en su opinión, está en "abierta contradicción con la consolidada doctrina del Tribunal Supremo". En este punto, el diputado andaluz ha recordado la reciente inadmisión de una denuncia contra Podemos por parte del alto tribunal, con fecha del pasado 13 de abril, a través de un auto que establece que no debe abrirse una investigación penal por "la mera publicación de informaciones en los medios de comunicación".