El juez Pedraz archiva por tercera vez la causa contra el concejal Zapata

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado por tercera vez la causa por humillación a las víctimas del terrorismo contra el concejal de Ahora Madrid Guillermo Zapata por su tuit de 2011 en el que hacía un chiste sobre Irene Villa, que perdió ambas piernas por un coche bomba de ETA en 1991. Cuatro años antes de ser elegido concejal, Zapata escribió en la red social: "Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcàsser para que no vaya Irene Villa a por repuestos". El edil enmarcó esta frase ofensiva, junto con otras bromas referidas al Holocausto judío, en el debate sobre los límites del humor y la libertad de expresión.

El magistrado Pedraz, de acuerdo con el criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, sostiene que el mensaje en la red social no tenía la intención de humillar a las víctimas. "Se trata de palabras que no pueden como tales criminalizarse, a salvo de las dictaduras que criminalizan las palabras como si fuesen hechos y no distingue entre ellas", afirma Pedraz, a quien la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional había obligado a reabrir la causa en dos ocasiones.

Pedraz archiva la causa tras haber dictado el auto de transformación en procedimiento abreviado -trámite previo a que las partes soliciten la apertura de juicio oral o el archivo definitivo- como le había ordenado la Sección Segunda de la Audiencia, presidida por la magistrada conservadora Concepción Espejel y en la que figura el magistrado Enrique López, próximo al PP. "Estamos dentro de los límites del derecho fundamental de libertad de expresión", sostiene Pedraz. El magistrado instructor entiende que el proceso contra Zapata ha "involucionado hacia una aparente presunción de culpabilidad" y que si en el juicio resultara absuelto el edil habría sufrido "penas de telediario", de "banquillo" y de "paseíllo".

Pedraz considera, además, que someter a juicio a Zapata supondría convertirlo en "víctima de sus propias palabras" y podría dar lugar a "autocensura" en otras personas. Si el concejal es juzgado, afirma el magistrado, "quedará seriamente comprometido" el derecho fundamental a la libertad de expresión. "Y lo que es peor", añade el juez, "a ello habrá contribuido un Poder Judicial que no cumple su función constitucional al retorcer el derecho en favor de una justicia material que no legal".

La causa no está, sin embargo, cerrada. La resolución por la que Pedraz archiva la causa contra Zapata se puede recurrir. La Asociación Dignidad y Justicia y el sindicato Manos Limpias, que ya solicitaron la apertura de juicio oral contra Zapata, podrían insistir en su petición. La decisión final recaerá de nuevo en la Sección Segunda de la Audiencia.

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ordenó el 23 de diciembre a Pedraz que reabriera la causa contra el concejal, que este magistrado instructor había archivado el 7 de octubre por segunda vez al entender que Zapata no cometió ningún delito cuando publicó su mensaje vejatorio en la red social. La resolución de la Sección Segunda de lo Penal, adoptada a instancias de la Asociación Dignidad y Justicia contó con los votos favorables de la presidenta de la sección, Concepción Espejel, y del magistrado Enrique López, y con un voto particular discrepante del magistrado José Ricardo de Prada. Este juez recordó que Villa manifestó no sentirse humillada, que el tuit se enmarcó en el debate sobre los límites del humor y que el concejal pidió perdón. Por ello, afirmaba De Prada en su voto discrepante, "el delito simplemente no existe".

La fiscalía se opuso al primer archivo de la causa de Pedraz, que se hizo antes de que Zapata acudiese a la Audiencia Nacional a declarar. "Para descartar la naturaleza delictiva del hecho, era necesario tomar declaración al querellado", afirma el ministerio público, que no recurrió después el segundo archivo de Pedraz.

Tras conocerse los tuits ofensivos, Zapata fue relevado por la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, del cargo de concejal de Cultura, al que accedió tras las elecciones municipales del pasado mayo. El concejal, que fue enviado por Carmena al distrito de Fuencarral-El Pardo, se disculpó públicamente por esos mensajes: "Pido perdón a todas las personas que se hayan visto afectadas por los tuits, el contexto en el que se hicieran no justifica generar dolor ajeno a nadie".