La Fiscalía ordena a los Mossos ir al juzgado si hay actos de sedición

El fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, ordenó el pasado 5 de noviembre por escrito a los Mossos d’Esquadra —la policía autonómica catalana— a la Policía Nacional y a la Guardia Civil que comuniquen al juzgado de guardia de la Audiencia y al ministerio público “cualquier hecho” que busque ejecutar la resolución del Parlament una vez que sea suspendida por el Tribunal Constitucional. De esta manera, la Fiscalía de la Audiencia Nacional se ha movilizado ante la declaración independentista aprobada el lunes por el Parlamento de Cataluña con los votos de la coalición Junts pel Sí y de la formación antisistema CUP.

En su escrito, que también va remitido al director general de la Policía de la Generalitat, el fiscal Zaragoza advierte que “los actos de ejecución de ese mandato ilegal” por “cualquier autoridad o funcionario público (sea local, provincial o autonómico)” podrían constituir “no solo delito de sedición, sino también de prevaricación, desobediencia, usurpación de funciones o uso indebido de fondos públicos”.

El fiscal recuerda que la Audiencia Nacional es competente para investigar y enjuiciar los delitos contra la Corona, su Consorte, su sucesor, altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno, siempre que sus autores no sean aforados. Dentro de la categoría de delitos contra la forma de Gobierno la Fiscalía incluye “la ejecución de actos constitutivos de rebelión y sedición cuando la finalidad o propósito de los mismos sea cambiar ilegalmente la organización territorial del Estado y declarar la independencia de una parte del territorio nacional, en el caso en cuestión de la Comunidad Autónoma de Cataluña”.

La sedición, según el Código Penal vigente, consiste “en el alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes, el legítimo ejercicio de sus funciones a cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público (…) o de las resoluciones administrativas y judiciales”. Este delito, en los casos más graves, implica penas de prisión de hasta 15 años.

La rebelión, por su parte, consiste en el “alzamiento violento y público” con el fin de declarar la independencia de una parte del territorio nacional y se castiga con penas de 25 a 30 años de cárcel. En estos dos últimos casos se sanciona específicamente, recuerda la fiscalía, no solo la comisión, sino “la conspiración, la proposición y la provocación” para cometer los delitos.

El fiscal Zaragoza ordena a los cuerpos policiales estatales y autonómicos que practiquen “de forma inmediata” las diligencias necesarias para “acreditar los hechos delictivos” y las “responsabilidades penales exigibles” que puedan producirse si se incumple la previsible suspensión del Tribunal Constitucional de la resolución independentista.

En su escrito, Zaragoza recuerda que la Constitución proclama la “dependencia a todos los efectos” de “todos los cuerpos policiales” respecto de jueces, tribunales y Ministerio Fiscales. Y al mismo tiempo recuerda que la Ley de Policía de la Generalitat de Cataluña se pronuncia “en el mismo sentido”.