La declaración de independencia no recibe respuesta de Rajoy

La hoja de ruta alternativa de Mariano Rajoy al desafío independentista en Cataluña consistió este martes en una comparecencia institucional de 10 minutos, tras recibir una llamada telefónica de Pedro Sánchez en la que le conminó a actuar; otra llamada posterior a Albert Rivera, y una respuesta a una pregunta para reafirmar que usará todos los recursos de la ley y la Constitución. El Gobierno ha pedido informes jurídicos para prever otras actuaciones pero, por ahora, opta por retrasar el proceso al máximo con procedimientos y recursos parlamentarios.

Los servicios de comunicación adscritos al presidente del Gobierno en La Moncloa convocaron por SMS el martes a las 12.58 a los medios de comunicación para una declaración institucional de Rajoy a las dos de la tarde. Una hora y media antes, a las 10.30, los grupos políticos soberanistas de Junts pel Sí y la CUP habían registrado en el Parlament una resolución para romper con España e iniciar el camino de la independencia hacia una república en Cataluña. Sobre las doce de la mañana, el líder de la oposición, el socialista Pedro Sánchez, alarmado ante la situación, llamó a Rajoy a su despacho para que le explicara cuáles eran sus planes.

Sánchez le adelantó que él tenía pensado reaccionar y comparecer en público y le preguntó al presidente si él iba a hacer alguna declaración. Rajoy entonces aún no había decidido qué respuesta efectuar y sopesaba la posibilidad de no aparecer en público. Esa charla telefónica duró unos pocos minutos.

Sobre las 13.50, 10 minutos antes de hablar ante la prensa, Rajoy llamó a Albert Rivera, el líder de Ciudadanos, el partido que encabeza la oposición en el Parlamento catalán, para anunciarle que iba a comparecer y reiterarle que su estrategia, por ahora, se limita a exigir el cumplimiento estricto de la ley y de la Constitución. Esa conversación también duró unos pocos minutos. La Moncloa sostuvó que los tres líderes habían coincidido “en los principios generales” del respeto a la ley, la Constitución y la unidad de España.

Rajoy lleva repitiendo ese mensaje desde que recibió el 30 de julio de 2014 por última vez a Artur Mas en La Moncloa para rechazar la consulta soberanista, fue el eslogan del PP y su candidato en la campaña catalana y es el lema de la “estabilidad y la soberanía nacional” con el que se presenta ahora a las generales.

Después, Rajoy recordó ante la prensa que la propuesta de Junts pel Sí y la CUP es “contraria al sentir mayoritario de los catalanes y a la voluntad democrática de todos los españoles”. Y descalificó la iniciativa como un “acto de provocación de quienes pretenden saltarse la ley”.

Luego garantizó a los promotores de la idea “que no van a lograr ninguno de sus objetivos”, y que, si la propuesta sale aprobada por el Parlamento de Cataluña, “no surtirá ni uno solo de sus efectos”. En ese tono afirmó: “El Estado no va a renunciar al uso de todos los mecanismos políticos y jurídicos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes”.

Rajoy emitió después un “mensaje de tranquilidad” ante los que quieren separar y dividir a Cataluña de España: “Mientras yo sea el presidente del Gobierno, España seguirá siendo una nación de ciudadanos libres e iguales. La justicia prevalecerá sobre la sinrazón y todos estaremos sometidos a la ley y a los tribunales”.

El presidente aprovechó para incluir al final de su exposición una idea de cómo entiende él en general la política, un ejercicio de “moderación y diálogo”, que en otras ocasiones etiqueta como un equilibrio proporcionado entre la “firmeza y la mano izquierda”. Lo hizo para subrayar que en este caso “su responsabilidad como presidente y su convencimiento como español” lo llevará a defender la “convivencia armónica y solidaria entre todos los pueblos de España”.

Ante la posibilidad anunciada por los autores de la resolución independentista de incumplir los mandatos de los tribunales españoles y en especial del Constitucional, Rajoy respondió que con ese fin se abordó a primeros de septiembre la reforma exprés de la ley que regula ese órgano judicial, “para dotarle de los medios suficientes para actuar en su caso”. La polémica reforma consistió, esencialmente, en asegurar al tribunal la ejecución de sus sentencias y mandatos incluso con la suspensión de sus funciones de los cargos públicos afectados.