Interior reconoce que incumple la legalidad en los Centros de Extranjeros

El Ministerio del Interior ha requerido un dictamen a la Abogacía del Estado después de admitir que incumple el reglamento de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) por "las necesidades económicas, presupuestarias y de personal que exige". Lo hace en respuesta a un auto emitido por Victoria Rosell, titular del Juzgado de Instrucción 8 de Las Palmas y juez de control del CIE de Barranco Seco, en Gran Canaria. En España hay ocho centros de internamiento de extranjeros, ideados para alojar a ciudadanos de terceros países en trámites de expulsión.

A finales del mes de julio, la juez Rosell emitió un auto en el que ponía de relieve el incumplimiento de la norma por parte del Estado en el centro de estancia que custodia. En dicho documento, al que ha tenido acceso EL PAÍS, la magistrada detalla las reiteradas irregularidades del reglamento aprobado en marzo de 2014. Rosell explica que "únicamente se cumplen las previsiones —de la estructura laboral prevista— en lo que se ha podido conformar con personal policial". Por otro lado, destaca que el CIE de Barranco Seco "no dispone ni de locutorios para entrevistas reservadas con abogados ni sala de visitas".

El 23 de septiembre, la Comisaría General de Extranjería y Fronteras del Ministerio del Interior, a través de sus servicios jurídicos, emitió una respuesta al auto en el que se le requería el cumplimiento del reglamento previsto para los CIE. En ese documento, firmado por Miguel Ángel Nogal Gómez, se concluye que el "auto judicial remitido podría conllevar una decisión de cierre del CIE de Barranco Seco y, dado que la situación denunciada es extrapolable al resto de centros, cabría resoluciones similares".

La juez Rosell también explica en su auto que los internos tienen derecho de petición o queja ante el director del centro y el Juzgado de Control. En la regulación de este derecho se detalla que se ha de facilitar "folio, bolígrafo y un sobre". Pero estos materiales no están al alcance de los internos en el CIE de Barranco Seco. Y considera también "una restricción injustificada, máxime para personas privadas de libertad y alejadas de los suyos, no disponer de acceso a Internet".

Respecto al derecho a asistencia, la letrada revela que no existe servicio de orientación jurídica, informando en el auto que "la mayoría de las comunicaciones se realizan sin asistencia de intérpretes". La juez denuncia que no existe personal sanitario en el centro y que se le hurta, de esta forma, el derecho a la salud, "tanto en la vertiente psíquica como física".

"No se garantiza el derecho a formular quejas directamente al Juzgado de control", recalca la magistrada

Rosell abunda sobre la discriminación que sufren las mujeres en el interior del CIE de Barranco Seco, donde "no hay personal policial femenino". "En los kit de higiene no se incluye material específico de higiene femenina", señala tras haber detectado casos de aislamiento "de facto" de mujeres al haber una sola interna y un solo patio.