El Gobierno intentará esquivar el bloqueo autonómico al silo nuclear

El Gobierno busca cómo esquivar las trabas que la Junta de Castilla-La Mancha ha puesto a la construcción del cementerio nuclear en Villar de Cañas (Cuenca). El Ejecutivo central estudia declarar este proyecto de "interés público" de primer orden, lo que le permitiría saltarse la protección medioambiental decretada por el Gobierno del socialista Emiliano García-Page sobre los terrenos en los que se haría el silo. La Junta podría recurrir esta decisión en los tribunales y pedir una paralización cautelar. El Gobierno central asume que este asunto acabará ante la justicia y que decidirá el próximo Ejecutivo.

El Gobierno central estudia ya cómo contraatacar en su defensa del Almacén Temporal Centralizado (ATC), ideado para albergar los residuos nucleares que las centrales ahora acumulan en sus instalaciones. La fórmula que está sopesando es declarar este controvertido proyecto como de interés público de primer orden. Es el resquicio que deja la legislación ambiental para que un proyecto con impacto ambiental pueda acometerse dentro de la Red Natura 2000, el sistema europeo de espacios protegidos.

"Habrá que estudiar si tiene relevancia y tiene coherencia ampliar la Red Natura en ese espacio, pero, en todo caso, el Estado en la legislación actual tiene competencias para conceder excepcionalmente algunas licencias cuando hay una causa de interés general que supera las competencias de una comunidad autónoma", ha asegurado este miércoles el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

La Junta de Castilla-La Mancha aprobó el martes iniciar la ampliación de la zona de especial protección de aves (ZEPA) de la laguna de El Hito, próxima a la parcela donde está previsto levantar el ATC. Esa ZEPA —una figura de protección que forma parte de la Red Natura 2000— pasará a tener 25.000 hectáreas y englobará los terrenos seleccionados por este Gobierno para el silo. La Junta sostiene que, desde este momento, no se puede acometer ninguna obra de entidad dentro de los límites del nuevo espacio protegido y, por lo tanto, se paraliza la construcción del cementerio nuclear.

Suspensión

Fuentes de Justicia explican que la declaración de interés que considera el Gobierno podría ser recurrida ante los tribunales por la Junta en el momento en el que se haga efectiva. A su vez, el Ejecutivo regional podría pedir la suspensión cautelar.

Además, según las mismas fuentes, el Gobierno también está pendiente de los pasos que pueda dar el Ejecutivo castellanomanchego por si en algún momento invade competencias estatales. En ese caso, la Administración central acudiría al Tribunal Constitucional.

Todo el procedimiento puede ser alterado por el calendario electoral. Primero porque el Gobierno tendría que actuar en vísperas de las elecciones generales, midiendo el coste en votos que pueda tener. También porque desde mediados de octubre las Cortes están disueltas y, sobre todo, porque en enero habrá ya un nuevo Gobierno que, si se alarga el proceso e interviene la justicia, tendrá que decidir.

Los socialistas ya han pedido al Ejecutivo que reconsidere ubicar el cementerio nuclear en Villar de Cañas. Entienden que no hay "garantías absolutas de seguridad" en ese lugar, como señalan los informes "contradictorios" sobre la idoneidad del emplazamiento. El PSOE ha registrado las peticiones de comparecencia en el Congreso del secretario de Estado de Energía, el presidente de Enresa y el del Consejo de Seguridad Nuclear y estudia pedir la del ministro de Industria, José Manuel Soria, en la Diputación Permanente durante el próximo agosto.

El Diario Oficial de Castilla-La Mancha ha publicado este miércoles el inicio del procedimiento para la ampliación de la ZEPA de la laguna de El Hito. En este documento se establece que en el territorio objeto de la ampliación se fija ahora un "régimen preventivo de protección" que implica que durante la tramitación del expediente "no podrán realizarse actos que supongan una transformación sensible de la realidad física y biológica". La plataforma ciudadana contraria al proyecto del ATC ha anunciado que recurrirá ante la justicia cualquier paso que dé el Gobierno que contravenga ese veto a las obras.