Gallardón afirma que los ‘narcobarcos’ se denunciarán a tribunales extranjeros

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comienza a modular su discurso ante el escándalo suscitado por las excarcelaciones de narcotraficantes como consecuencia de la reforma de la justicia universal impulsada por el Gobierno. Hace una semana, en el Senado, el ministro despachó con un punto de desdén la decisión de los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez de liberar, a través de sendos autos, a 16 traficantes de hachís capturados en aguas internacionales.

Los magistrados consideraban que la nueva ley amputa a la justicia española la competencia sobre los delitos de narcotráfico cometidos en aguas internacionales en barcos que no sean de bandera española y que no se dirijan a las costas de este país. Gallardón pronunció entonces la siguiente frase: “Si pretenden convertirnos en los gendarmes internacionales en aguas internacionales no puede hacerse”.

El pasado lunes, la decisión de los dos magistrados recibió el respaldo casi unánime del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por 13 votos contra tres, este tribunal avaló los razonamientos jurídicos de ambos instructores y, además, puso en libertad a otros 13 traficantes marroquíes capturados por Vigilancia Aduanera en aguas internacionales y que estaban a punto de ser juzgados. Tras esta decisión, Gallardón matizó su discurso y negó que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restringe la justicia universal genere un espacio de impunidad en materia de narcotráfico.

“Léase usted las resoluciones de la Audiencia Nacional. Impunidad, ninguna. Lo que se ha declarado conforme a la Ley es que los tribunales no son competentes para juzgar actividades que ni han ocurrido en aguas marítimas españolas, ni en buques españoles ni con tripulantes españoles, pero esos presuntos delincuentes son denunciados por la propia Audiencia Nacional ante los tribunales competentes, impunidad ninguna, pero que los juzguen los competentes”, le contestó Gallardón al diputado del PSOE Julio Villarrubia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Las palabras de Gallardón, sin embargo, no encuentran reflejo en las resoluciones de la Audiencia Nacional. Ni los dos autos de los jueces instructores Andreu y Gómez Bermúdez ni tampoco las actas del pleno de la Sala de lo Penal, las únicas emitidas hasta ahora sobre este asunto, contemplan de forma expresa o implícita denuncia alguna ante ningún tribunal. Lo único que se ha hecho es notificar a los países de los que son nacionales los detenidos su puesta en libertad, lo que en modo alguno constituye una denuncia ante ningún tribunal.

También, en el caso de los ocho marineros egipcios liberados por el juez Andreu, se ha notificado a la gendarmería marroquí su excarcelación, ya que la policía del país magrebí solicitó la información, pero eso tampoco supone una denuncia. La posición jurídica de la Audiencia Nacional es que España ha renunciado a la competencia que tenía hasta ahora para perseguir y juzgar a traficantes de droga no españoles apresados en aguas internacionales.

La resolución del pleno de la Sala de lo Penal podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, y es probable que la Fiscalía Antidroga lo haga, según fuentes jurídicas. El ministerio público considera, al igual que los jueces discrepantes de la Sala de lo Penal, entre ellos su presidente, Fernando Grande-Marlaska, que tanto el texto reformado de la justicia universal como los convenios internacionales facultan a España a perseguir a los narcobarcos en aguas internacionales. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya advirtió el pasado febrero que la reforma impulsada por el Gobierno con sus “criterios tan marcadamente excluyentes” solo contribuirá a “generar espacios de impunidad” en la persecución de los delitos transnacionales, y a “neutralizar la respuesta judicial y la capacidad de investigación de tales fenómenos criminales”.