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Gallardón afirma que los ‘narcobarcos’ se denunciarán a tribunales extranjeros

La Audiencia sostiene que solo se comunicarán a los países las excarcelaciones

La fiscalía ya avisó de que la norma traería “espacios de impunidad”

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, comienza a modular su discurso ante el escándalo suscitado por las excarcelaciones de narcotraficantes como consecuencia de la reforma de la justicia universal impulsada por el Gobierno. Hace una semana, en el Senado, el ministro despachó con un punto de desdén la decisión de los jueces de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y Javier Gómez Bermúdez de liberar, a través de sendos autos, a 16 traficantes de hachís capturados en aguas internacionales.

Los magistrados consideraban que la nueva ley amputa a la justicia española la competencia sobre los delitos de narcotráfico cometidos en aguas internacionales en barcos que no sean de bandera española y que no se dirijan a las costas de este país. Gallardón pronunció entonces la siguiente frase: “Si pretenden convertirnos en los gendarmes internacionales en aguas internacionales no puede hacerse”.

El pasado lunes, la decisión de los dos magistrados recibió el respaldo casi unánime del pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por 13 votos contra tres, este tribunal avaló los razonamientos jurídicos de ambos instructores y, además, puso en libertad a otros 13 traficantes marroquíes capturados por Vigilancia Aduanera en aguas internacionales y que estaban a punto de ser juzgados. Tras esta decisión, Gallardón matizó su discurso y negó que la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restringe la justicia universal genere un espacio de impunidad en materia de narcotráfico.

“Léase usted las resoluciones de la Audiencia Nacional. Impunidad, ninguna. Lo que se ha declarado conforme a la Ley es que los tribunales no son competentes para juzgar actividades que ni han ocurrido en aguas marítimas españolas, ni en buques españoles ni con tripulantes españoles, pero esos presuntos delincuentes son denunciados por la propia Audiencia Nacional ante los tribunales competentes, impunidad ninguna, pero que los juzguen los competentes”, le contestó Gallardón al diputado del PSOE Julio Villarrubia en la sesión de control al Gobierno en el Congreso.

Las palabras de Gallardón, sin embargo, no encuentran reflejo en las resoluciones de la Audiencia Nacional. Ni los dos autos de los jueces instructores Andreu y Gómez Bermúdez ni tampoco las actas del pleno de la Sala de lo Penal, las únicas emitidas hasta ahora sobre este asunto, contemplan de forma expresa o implícita denuncia alguna ante ningún tribunal. Lo único que se ha hecho es notificar a los países de los que son nacionales los detenidos su puesta en libertad, lo que en modo alguno constituye una denuncia ante ningún tribunal.

También, en el caso de los ocho marineros egipcios liberados por el juez Andreu, se ha notificado a la gendarmería marroquí su excarcelación, ya que la policía del país magrebí solicitó la información, pero eso tampoco supone una denuncia. La posición jurídica de la Audiencia Nacional es que España ha renunciado a la competencia que tenía hasta ahora para perseguir y juzgar a traficantes de droga no españoles apresados en aguas internacionales.

La resolución del pleno de la Sala de lo Penal podrá ser recurrida ante el Tribunal Supremo, y es probable que la Fiscalía Antidroga lo haga, según fuentes jurídicas. El ministerio público considera, al igual que los jueces discrepantes de la Sala de lo Penal, entre ellos su presidente, Fernando Grande-Marlaska, que tanto el texto reformado de la justicia universal como los convenios internacionales facultan a España a perseguir a los narcobarcos en aguas internacionales. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya advirtió el pasado febrero que la reforma impulsada por el Gobierno con sus “criterios tan marcadamente excluyentes” solo contribuirá a “generar espacios de impunidad” en la persecución de los delitos transnacionales, y a “neutralizar la respuesta judicial y la capacidad de investigación de tales fenómenos criminales”.

“Una chapuza legislativa indecente”

Julio Villarrubia, portavoz socialista de Justicia, utilizó ayer calificativos especialmente gruesos para calificar la gestión del ministro Alberto Ruiz- Gallardón al frente del departamento de Justicia. A la vez que preguntaba por los efectos perversos de la reforma de la justicia universal, que ha provocado la excarcelación de 29 narcotraficantes, el dirigente socialista hizo un repaso por todas las medidas adoptadas por Gallardón en lo que va de legislatura y consideró al ministro como “alguien muy dañino para la justicia en España”. “Ha conseguido usted cabrear a todos los colectivos, jueces, fiscales, abogados, procuradores, funcionarios, sindicatos y ciudadanos en general”, arrancó Villarrubia. “Los efectos de la reforma son especialmente graves: recortes en la protección de los derechos humanos, eliminación de la justicia universal, impunidad de delincuentes y excarcelación de narcotraficantes. Ya van 29”.

Villarrubia recordó al ministro que los jueces que han decidido excarcelar a narcotraficantes por considerar que España no tiene base legal para juzgarlos “no pueden hacer otra cosa porque es su voluntad [en referencia al Gobierno] y no tienen competencia”.

El PSOE pidió formalmente ayer al Gobierno una solución tan urgente como la reforma que restringió al máximo la posibilidad de tramitar causas de justicia universal en España. “Le exijo en nombre de mi grupo”, señaló Villarrubia, “que presente una rectificación urgente a esta chapuza legislativa corrigiendo los errores de la reforma y tramitándola de la misma forma que esa reforma indecente que ustedes aprobaron hace poco, es de justicia”.

Gallardón hizo oídos sordos a esa petición. El Gobierno no tiene intención de emprender una nueva reforma y renuncia de esta manera a seguir ejerciendo de “gendarme del mar” en aguas internacionales sobre las que no tiene competencia tras su cambio legal. El ministro de Justicia recordó que los socialistas también modificaron esta normativa en la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero por un método tan rápido y con tan poco debate como el utilizado por el PP en su proposición de ley ante el Congreso.

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