Gallardón confía en que el juez evite el ‘paseíllo’ de la Infanta al juzgado

El juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa, será quien decida cómo se realiza el acceso de la infanta Cristina, el próximo 8 de febrero, al juzgado en el que tiene que declarar, como imputada, para responder de los presuntos delitos de blanqueo de capitales y fraude fiscal de los que está acusada. Martínez Espinosa ya tiene experiencia en episodios parecidos, tras las dos declaraciones del yerno del Rey, Iñaki Urdangarin, principal protagonista del caso Nóos.

Ahora tendrá que tomar una decisión después de que este martes el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, alentara a que la entrada no se haga a pie, por la llamada cuesta de la vergüenza, y expuesta a la mirada, sobre todo, de los medios de comunicación. “No se pueden producir penas paralelas y si no es necesario para el buen fin de la declaración y además puede considerarse perjudicial, yo estoy seguro de que se establecerán las medidas para evitarlo”, afirmó el ministro.

Mientras, en el Congreso y por la tarde, el PP vetó la comparecencia de los ministros de Hacienda, Cristóbal Montoro, y de Justicia para que explicaran las actuaciones de la Abogacía del Estado y la fiscalía, que han respaldado la estrategia de la Infanta de no recurrir la imputación.

Al margen de la consideración del ministro, el reglamento de los órganos de gobierno de tribunales otorga a los jueces decanos, en su artículo 86, la resolución sobre “la adecuada utilización de los edificios y dependencias en cuanto se refiere a las actividades que guarden relación con la función judicial”.

No existe reglamento ni normativa general sobre el acceso a los juzgados. Sin embargo, la Audiencia Nacional sí tiene un protocolo específico. El acuerdo para que todos los imputados y testigos accedieran a la sede por la puerta principal se adoptó por la Sala de Gobierno después de que la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas entrara en la Audiencia por el garaje, sin que tuviera permiso para ello.

En el caso de haber singularidades, habitualmente, es en la propia citación donde se especifican. Y, aunque en la de Infanta no aparece ninguna salvedad, eso no es óbice para que, en cualquier momento, se decida darle un trato distinto al del resto de imputados.

No obstante, el decano de Palma tratará con los representantes de las fuerzas de seguridad del Estado y de la Casa del Rey el dispositivo para el 8 de febrero. Y hasta Palma se trasladará una unidad de la policía nacional para marcar un circuito externo para garantizar el orden público en caso de posibles protestas,

Gallardón confía en que la Infanta no tenga que llegar a pie al juzgado de Castro

En el caso de Urdangarin, la policía y la Casa del Rey propusieron que el duque llegara en coche hasta la misma puerta trasera de los juzgados, con lo que apenas hubiera quedado a la vista de las cámaras. Sin embargo, el propio duque y sus asesores optaron por llegar andando por el patio trasero del juzgado, el único acceso que se abre los sábados, día en el que se produjeron las dos comparecencias del yerno del Rey y en el que se celebrará la de su hija. Evitar problemas de agenda de los muchos letrados personados en el caso Urdangarin es el motivo por el que las citaciones se fijan en sábado.

La popular cuesta del patio de los juzgados se recorre en apenas cincuenta pasos, tiene poco más de 35 metros. Es un callejón interior que forma parte de la sede judicial, por el que solo acceden los vehículos de una decena de jueces y, que usan, especialmente, los furgones policiales para la conducción de presos y detenidos.

El juez ha acordado, además, la grabación del interrogatorio, un procedimiento habitual para evitar la lentitud que implica levantar actas escritas, la posterior revisión de las transcripciones y los resúmenes dictados por el juez. Pero, para asegurar la confidencialidad, no hay reparto de copias de los registros audiovisuales, que son depositados en la caja fuerte del juzgado.

Durante la primera declaración de Urdangarin —a petición de este— no se siguió este sistema de grabaciones, por lo que la declaración del duque de Palma se prolongó durante dos jornadas, a causa de la transcripción manual de su declaración. La duración real de la declaración superó las 12 horas.