El 80% rechaza la ‘ley Gallardón’

La reforma de la ley del aborto, el proyecto del ministro Alberto Ruiz-Gallardón, no tiene apoyo unánime en el PP, es casi imposible que tenga más respaldo político en las Cortes durante el trámite parlamentario y, además, cuenta con un amplio rechazo social. Entre los ciudadanos, el porcentaje medio de rechazo a cada uno de sus planteamientos es del 80%, según Metroscopia. Tampoco es apoyada por la mayoría de los votantes del PP y ni siquiera los que se declaran católicos apoyan el anteproyecto en todos sus extremos.

Es decir, que el terremoto que ha provocado entre los cuadros del PP el plan de Rajoy y Gallardón, ni siquiera va subido a la ola de la mayoría de los ciudadanos y traslada a la sociedad el mismo seísmo.

Para empezar no es entendido por los españoles como algo imprescindible y oportuno, porque el 78% de los encuestados asegura que no es una reforma necesaria. Ni siquiera ve esta necesidad el 57% de los votantes del PP ni el 50% de los que se declaran católicos.

El Gobierno y la dirección del PP justifican la decisión en su programa electoral, pero la referencia en este es ambigua y el propio Rajoy, en entrevistas de campaña electoral, aseguró que la reforma se limitaría a retoques como, por ejemplo, el consentimiento de los padres para mujeres de entre 16 y 18 años.

En coincidencia con el dato anterior, el sondeo muestra que los españoles estaban a otra cosa cuando el Gobierno ha irrumpido con el debate sobre el aborto, porque el 75% da por hecho que no había demanda social sobre este asunto. Es decir, la ley de plazos de 2010, votada por ocho partidos en su momento, tiene ahora un mayoritario consenso social.

Un 86% de los españoles consultados por Metroscopia cree que la mujer debe elegir libremente si sigue adelante o no con el embarazo. Es decir, que ese porcentaje está a favor de la ley de plazos que permite abortar libremente y sin justificar causa alguna durante las primeras 16 semanas de embarazo.

El 68% de los que votaron al PP y el 60% de católicos practicantes se suma a esta tesis.

Curiosamente, el Gobierno esgrime ahora un consenso sobrevenido entre 1985 y 2010 a la ley de supuestos de Felipe González, contra la que el PP (entonces Alianza Popular) votó en contra y recurrió ante el Tribunal Constitucional. El Gobierno de José María Aznar, con mayoría absoluta entre 2000 y 2004, no la modificó por no romper ese consenso social que inicialmente no reconoció. Luego, la tesis del PP contra la ley de plazos de 2010 fue que no había demanda social y ahora se da de bruces contra este mismo argumento, porque el sondeo muestra un amplio rechazo al proyecto del actual Gobierno.

El Gobierno asegura que su proyecto es una vuelta a la ley de supuestos de 1985, pero en la práctica elimina el de malformación del feto, porque solo se puede alegar si hay peligro para la salud de la madre.

El 84% de los ciudadanos, el 70% de los votantes del PP y el 59% de los católicos practicantes, rechazan que se elimine este supuesto. Varios dirigentes del PP, especialmente barones regionales, han pedido estos días que se mantenga, en línea con esta opinión mayoritaria de la sociedad y de sus votantes.

En coherencia con esos datos, el 82% asegura que no debe haber sanción penal para los médicos que asistan a mujeres que aborten fuera de los supuestos legales. La consecuencia de la norma, según el 78%, es que aumentarán los abortos clandestinos, en condiciones de inseguridad y riesgo para la madre. De hecho, según los datos oficiales, la ley de plazos ha supuesto una disminución del número de interrupciones de embarazos en España y la mayor libertad para practicarlos no los ha alentado, sino todo lo contrario.

¿Para qué lo hace el Gobierno entonces si hay tal rechazo social? La tesis del 75% es que se trata solo de complacer al sector más conservador de la Iglesia católica. El porcentaje más alto es el de los que piden que se dé libertad de voto a los parlamentarios. El 91%, la práctica unanimidad, así lo pide.

En este momento, los grupos imponen multas a quienes rompan la disciplina de voto que pueden llegar a 500 euros, según la importancia de la votación y la reincidencia. La diputada del PP Celia Villalobos pidió el jueves en la dirección del PP que se dé libertad de voto, pero ni siquiera tuvo respuesta.