El acelerón soberanista de Mas

Iniciada la cuenta atrás de la consulta soberanista del próximo 9 de noviembre, Artur Mas afronta este año el periodo más complicado de su carrera política, con unas encuestas que sitúan a CiU por detrás de Esquerra Republicana si se celebrasen elecciones y una popularidad en la que suspende por primera vez.

Serán 10 meses en lo que se antoja una carrera de obstáculos sin tregua para el presidente de la Generalitat. En ese tiempo se ha de producir el desenlace del pulso soberanista que mantiene con el Gobierno central y ha de seguir gobernando Cataluña con el apoyo de Esquerra Republicana, que exige, a cambio, firmeza en el proceso secesionista. Estos son algunos de los principales retos del líder catalán para el año que empieza:

Gobierno de coalición

CiU cuenta con solo 50 de los 135 diputados del Parlamento catalán (perdió 12 en las últimas elecciones autonómicas), mientras que Esquerra vive desde hace un año instalada en una insólita situación, pues es a la vez socio parlamentario y apoya todas las medidas que implican recortes, pero se resiste a entrar en el Gobierno. Mas cree que ya ha llegado la hora de acabar con esa situación y que los republicanos sufran también el desgaste que implica gobernar. La víspera de Navidad, el consejero de Presidencia, Francesc Homs, fue muy claro cuando dio un mes de plazo a Esquerra para que decida si quiere compartir o no carteras con los nacionalistas. Hasta ahora, los republicanos han esquivado el bulto como han podido, pero CiU no está dispuesta a prolongar más la situación. “O se decide en enero [la entrada en el Gobierno] o quedará aplazado, aunque no sé decir si sine die o unos cuantos meses más”, dijo Homs entonces.

Campaña del “triple sí”

Pactada ya la fecha y la pregunta de la consulta, CiU se propone ahora relanzar la figura del presidente de la Generalitat para capitalizar ese pacto político con Esquerra, ICV y la CUP. Los nacionalistas lanzarán a mediados de enero, con un gran acto político, una campaña a favor de lo que denominan el “triple sí”: la celebración de la consulta, que Cataluña sea un Estado y, además, independiente.

El artículo 150.2

La agenda soberanista tiene su primera cita este año el próximo día 16. Para entonces se celebrará un pleno extraordinario del Parlamento catalán en el que los partidos que han votado a favor de la consulta y la pregunta visualizarán el pacto y pedirán formalmente al Gobierno de Mariano Rajoy que transfiera a la Generalitat la competencia para convocar referendos. La reclamación se ampara en el artículo 150.2 de la Constitución y se da por sentado que el Congreso rechazará la petición con los votos del PP y el PSOE. Como muy pronto, esa discusión en la Cámara baja se producirá en abril. Con todo, la visualización del pacto y el posterior rechazo servirán de argumento a Mas para añadir a su lista de agravios y justificar la celebración de la consulta de manera unilateral, en lugar de legal y pactada con el Gobierno, como reclaman los socialistas catalanes.

Elecciones europeas

La cita electoral del 25 de mayo hace prever una derrota de CiU y será el primer test para comprobar qué hay de cierto en el tan futurible sorpasso en favor de los republicanos que pronostican las encuestas. Ante ese panorama, los nacionalistas han propuesto sin éxito a Esquerra la necesidad de una candidatura conjunta en clave soberanista. El partido de Oriol Junqueras no la ve con buenos ojos y ha rechazado el ofrecimiento con el argumento de que no hay acuerdo en quién debe ser el cabeza de lista, pues los republicanos ya han dicho que su candidato irrenunciable es el filósofo Josep Maria Terricabras. Descartados los nacionalistas, Esquerra sondea ahora acudir en candidatura con la CUP e incluso con Bildu. El resultado de las europeas podría acabar con las reticencias de Esquerra a gobernar en la Generalitat con CiU.

Ley de consultas

El Parlamento catalán tramita desde hace meses el texto que ha de dar cobertura legal a la hipotética convocatoria de la consulta. Parece que esa es la vía elegida por Mas, una vez que el diálogo con Rajoy está prácticamente cerrado porque nunca llegó a producirse. La ley, apoyada por los partidos soberanistas, podría ser impugnada por el Gobierno del PP en cuanto salga publicada, por lo que no parece que Mas tenga prisa en hacerla realidad

Convocatoria de la consulta

El presidente catalán sabe también que el Gobierno del PP impugnará la convocatoria de la consulta del 9 de noviembre cuando quede impreso el decreto en el Diari Oficial de la Generalitat. Es más que probable que el Tribunal Constitucional estime el recurso y anule la consulta. Ante ese panorama, la Generalitat ya ha anunciado que retrasará todo lo que pueda esa convocatoria, pues bastan 45 días entre la publicación del decreto y la fecha de la consulta. Así las cosas, la convocatoria se podría formalizar entre el 15 y el 30 de septiembre. La fecha no es baladí, pues se producirá después de la Diada del 11 de septiembre en la que es previsible una nueva demostración de fuerza del independentismo en la calle, convocado por la Asamblea Nacional Catalana, la misma entidad que organizó la reciente cadena humana en la Diada de 2013 y la multitudinaria marcha secesionista en 2012. La convocatoria de la consulta, por tanto, tendría el impulso político de la Diada, lo que jugaría también a favor de la estrategia de Artur Mas de actuar oyendo el clamor de la calle, un argumento que ya ha esgrimido en los últimos meses.

9 de noviembre

La fecha seguramente está marcada en rojo en todas las agendas, y no solo de los líderes políticos catalanes. Aventurar qué puede pasar ese día a 10 meses vista es algo que nadie se atreve a hacer, pues ese tiempo es un mundo en política. No falta incluso quienes creen que si se produce la suspensión de la convocatoria por parte del Tribunal Constitucional, Mas aprovechará la fecha para celebrar elecciones autonómicas, que tendrían carácter plebiscitario, pero los primeros síntomas de recuperación económica y los que puedan llegar a partir de este año parecen jugar en favor del líder catalán, por lo que lo más beneficioso para CiU podría ser demorar la convocatoria a la primavera de 2015.