El PP rechaza el auto de Ruz y pide a la fiscalía que revise sus facturas

La dirección nacional del Partido Popular cuestionó este lunes abiertamente al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, máximo responsable de la investigación del caso Gürtel y de los papeles de Bárcenas. No solo dejó claro que rechaza el auto emitido el pasado viernes, que “confirma a nivel indiciario (...) la presunta existencia por parte del PP de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo, al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas”, sino que también decidió actuar para tratar de contradecir al citado juez.

Dolores de Cospedal anunció tras la reunión del Comité Ejecutivo Nacional de los populares que la formación reclamará a la fiscalía que “revise” los pagos de las obras de remodelación en la sede histórica de Génova, 13. Una parte de estos trabajos, según un informe policial remitido a la Audiencia Nacional, fueron abonados con dinero negro, tal y como refleja la contabilidad secreta de Luis Bárcenas y el juez da por “confirmado a nivel indiciario”.

El objetivo de la dirección del PP es demostrar que en sus cuentas oficiales, enviadas al juez del caso y fiscalizadas por el Tribunal de Cuentas, quedaron registrados los pagos de la obra, realizados entre 2005 y 2011 y que ascendieron a más de 5,6 millones de euros, según aseguró Cospedal. Para ello, los servicios jurídicos del partido preparan un escrito con las referencias de esas operaciones que, de momento, aún no se han hecho públicas. De hecho, Cospedal compareció para insistir en que todo está en la documentación entregada por el PP, pero no llevó a la rueda de prensa ni un solo papel ni se entregó nada a los periodistas que sí lo pidieron.

El partido tampoco se plantea, de momento, la posibilidad de someter esos números a un análisis o auditoría externa. Cospedal recordó que el PP intentó que alguna auditora de las muchas que trabajan en España hiciera ese ejercicio, pero “fue imposible” convencerlas y recibieron la negativa de todas las empresas consultadas.

“La contabilidad de PP está en el juzgado y es conocida por todos”, insistió. En realidad, los populares nunca han hecho pública esa información. Sí está en el juzgado y disponible para las partes, pero se trata de 70.000 folios en los que buscar un asiento contable específico para comprobar quién tiene razón, si el auto del juez Ruz o lo que dice ahora el PP, es muy complejo.

La secretaria general, quien explicó que el PP ha decidido dirigirse a la fiscalía porque no es parte en ese proceso abierto en la Audiencia Nacional —Ruz decidió apartarlos porque comprobó que trabajaban más para la defensa de ciertos imputados que como acusación particular— también aseguró, durante la reunión de la cúpula a puerta cerrada, que “la totalidad de los pagos de las obras están en la contabilidad”. “La totalidad”, enfatizó ante la plana mayor popular, que, en su opinión, “entendió perfectamente bien” sus explicaciones, porque “los números no engañan”. Nadie pidió la palabra para reclamar más datos ni se entregó ninguna documentación. Todos los dirigentes dieron por buena la versión oficial. La cita duró 45 minutos.

Después, ante la prensa, Cospedal manifestó su “respeto” por el auto de Ruz, pero, preguntada al respecto al menos media docena de veces, no evitó cargar contra esa resolución. “No quiero insinuar nada en relación con el auto de un juez, lo que quiero decir es que en la contabilidad del partido figura el pago de la sede de Génova, 13”, afirmó sin más pruebas.

La tesis que insinuó Cospedal ante la prensa es que el juez y la policía no habrían comprobado la contabilidad oficial del PP. “El total de la obra figura en la contabilidad del partido. Los papeles o cuentas que tengan otros, serán de otros”, aseguró en alusión a la contabilidad paralela redactada por Bárcenas. El PP sale así al paso del auto, gana tiempo y rechaza asumir ningún tipo de responsabilidad política.

En privado los dirigentes parecían muy convencidos de que el auto se basa en un error, y esa es la idea que se llevaron los miembros de la cúpula que asistieron a la brevísima reunión de ayer, en la que fallaron casi todos los presidentes autonómicos. Sin embargo, el juez sigue adelante y ya ha citado el 16 de diciembre tanto al arquitecto que hizo la obra de la sede, Gonzalo Urquijo, como a Cristóbal Páez, ex gerente del PP.