Castro reprocha a Hacienda y a la policía el retraso de los informes que solicitó

El juez que instruye el caso Urdangarin, José Castro, ha reprochado en una providencia hecha pública este martes la "gran tardanza" de la policía y de  Hacienda a la hora de emitir sus últimos informes sobre la Infanta y Aizoon, la sociedad que compartía con su esposo, Iñaki Urdangarin.

El instructor, que se encuentra en la recta final de su investigación, trabaja para trazar un perfil de la vida económica de la infanta Cristina entre 2002 y 2012, antes de decidir si la imputa por supuesto blanqueo de capitales. Desde hace seis meses su juzgado  acumula informes de la Agencia Tributaria, del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Judicial y entidades bancarias.

El juez, en la senda indicada por la Audiencia de Palma, investiga la existencia de supuestos indicios penales en la actividad privada de la hija del Rey por el presunto uso de posibles fondos ilícitos generados por los negocios sucios de su esposo, Iñaki Urdangarin, en el Instituto Nóos.

Castro no valora el escrito del fiscal contra la imputación de la hija del Rey.  Pedro Horrach, en un escrito que trascendió el pasado jueves, se adelantaba a la consulta del juez a las partes y se mostraba contrario a la imputación de doña Cristina al considerar que no existen indicios de delito en la actuación de la Infanta: "Si nada hay, nada se puede contar”, determinaba.

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, se ha referido a este asunto en su comparecencia de esta mañana en el Congreso de los Diputados, donde tenía prevista una comparecencia, en la que ha negado trato de favor a la Infanta. "No hay ningún trato de favor. Sería un trato de desfavor hacer lo contrario de lo que uno piensa justificadamente en Derecho", ha asegurado.

Torres-Dulce se ha referido a algunas informaciones periodísticas en las que se indicaba que el duque de Palma podría haber intentado un acuerdo con la fiscalía para evitar el ingreso en prisión. Y ha zanjado: "Ni hay abierto ni va a haber ninguna negociación a este respecto".

Por otra parte, el magistrado también establece las condiciones para la declaración del expresidente valenciano Francisco Camps, que no fue posible el pasado fin de semana al no poder localizarlo la Policía Judicial. No hay fecha para esa declaración, pero el juez ha establecido en una providencia que Camps podrá testificar en un despacho oficial de su elección, incomunicado del exterior y deberá hacerlo en presencia de la secretaria del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, que lleva el caso Nóos.

Además, Castro, ha considerado "pertinentes" las preguntas dirigidas a Camps que le han presentado la Fiscalía Anticorrupción y Manos Limpias y asegura que, a partir de las respuestas del expresidente, se requerirá a las acusaciones para que puedan plantear "repreguntas" sobre el papel de la Generalitat en la firma de los contratos por los que el instituto de Urdangarin cobró más de 3,5 millones de euros de las arcas públicas valencianas.

El juez, que tomó declaración en Valencia a otros testigos el pasado fin de semana, no pudo localizar al expresidente autonómico pese a que la Policía Judicial se personó varias veces en su casa y le llamó por teléfono en numerosas ocasiones. Camps dio al juzgado el número del Consejo Jurídico Consultivo, del que es miembro, y nadie contestó a las llamadas hasta este lunes. Además, los agentes acudieron varias veces al domicilio del expresidente sin poder hablar con él. Camps afirma haber pasado el fin de semana en casa.