España envía a la UE datos de irregularidades en Gibraltar
Presenta en Bruselas un memorándum confidencial sobre actividades del Peñón
El Gobierno considera un paso muy positivo en la defensa de sus intereses que la UE haya aceptado el planteamiento de Mariano Rajoy para que una comisión de técnicos verifique las actividades de Gibraltar, según fuentes de La Moncloa y Exteriores. Por eso, el Ejecutivo se ha volcado en que la solución al conflicto venga desde Bruselas, para hacer frente a actividades como el contrabando o el lanzamiento de bloques de hormigón al mar que dificultan el trabajo de los pescadores españoles. El Gobierno entregó ayer a la Comisión un memorándum de carácter confidencial en el que se recoge la lista de irregularidades que, según sostiene, se están produciendo en el Peñón.
Según fuentes oficiales, el informe concreta actividades de contrabando, blanqueo de dinero y fiscalidad contrarias a las normas europeas. No se trata de ningún procedimiento de denuncia tasada o prevista en tratados de la UE, sino de una denuncia que pueda servir de base en la actuación de la Comisión. Especialmente, como punto de partida para la comisión de verificación comunitaria que en las próximas semanas llegará al Peñón con el fin de estudiar todos estos extremos y también el control en el paso de la Verja, que, según Londres, resulta abusivo.
El Gobierno asegura que los hechos que se denuncian son abrumadores y que, por tanto, favorece a España la intervención de la UE en el conflicto. Implícitamente, queda claro que España aceptará el dictamen de esa comisión de verificación. También la investigación medioambiental que afecta a la actividad de los pescadores y que, en caso de ser resuelta en favor de España, abriría la puerta al pago de indemnizaciones por parte del Reino Unido, según los procedimientos comunitarios habituales.
España ya presentó otras denuncias formales con procedimientos tasados ante la UE y Mariano Rajoy aclaró a Durão Barroso que no renuncia a esas actuaciones legales. En concreto, ya hubo hace años una resolución ratificada por el Tribunal de Luxemburgo dando la razón a España en contra de la fiscalidad de Gibraltar. Luego el Gobierno del Peñón la modificó y España presentó una nueva denuncia que aún no ha sido resuelta.
Tampoco renuncia el Gobierno, según fuentes oficiales, a las conversaciones directas con Londres sobre la soberanía de Gibraltar. El propio ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, defendió ayer esta posibilidad en un artículo en The Wall Street Journal. Sin embargo, el Gobierno asegura que es consciente de la resistencia de Londres a ese diálogo. Lo más urgente, asegura el Ejecutivo, es buscar una solución a los pescadores y al contrabando, que debe llegar desde la UE, cumpliendo las normas comunitarias y sin necesidad de diálogo bilateral.
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