Hacienda se niega a aclarar las dudas sobre la venta de fincas de la Infanta

La verdad sobre la atribución a la infanta Cristina de la venta de 13 fincas será desvelada en el juzgado. La Agencia Tributaria, lejos de arrojar luz sobre el caso, se negó este lunes a aclarar las dudas suscitadas a raíz de su informe, remitido al juez José Castro, en el que aseguraba que la hija del Rey vendió, entre 2005 y 2006, 13 pisos, casas y tierras por un valor de 1,43 millones de euros. El mismo día que se conocieron las conclusiones del informe, un portavoz de la Infanta negó las ventas. Y, tal como publicó EL PAÍS, los actuales propietarios de los inmuebles negaron haber hecho algún tipo de operación con doña Cristina.

Tres días después de la presentación del escrito y ante la publicación de las contradicciones sobre las ventas, técnicos del Ministerio de Hacienda sí transmitieron, este lunes y de forma informal, al juez de Palma la posible existencia de un error. El magistrado, molesto por este fallo de calado en un documento judicial, decidió abrir una nueva línea directa de investigación aclaratoria. A través de una providencia, Castro ha reclamado a los cuatro Registros de la Propiedad donde se escrituraron las supuestas ventas que remitan “testimonio de la hoja registral” de los bienes que la Agencia Tributaria incluye en su informe. Así va directamente a una de las fuentes de las que Hacienda dice haber recibido la información para elaborar su escrito. Con la documentación que remitan desde Alicante, Almagro, Arenys de Mar y Pilar de la Horadada, el juez podrá averiguar el historial de las distintas propiedades y los cambios de titularidad que se han producido.

EL PAÍS ya ha podido comprobar la información registral de una de las fincas sobre las que el juez ha pedido información. Se trata de la ubicada en Valenzuela de Calatrava. La nota simple del registro de Almagro, donde se inscribió, certifica la versión de los actuales titulares, que negaron haber comprado los inmuebles a la Infanta y aseguraron que procedían de una herencia. En la información registral no figura la hija del Rey, pero el documento sí refleja cómo, en las fechas en las que Hacienda atribuyó una de las ventas a doña Cristina, se produjo una transacción, pese a que en ella nada tuvo que ver la duquesa de Palma.

Además del juez, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseguró que la Fiscalía Anticorrupción examinará el informe. “La Agencia Tributaria dará las explicaciones necesarias si se hubiese cometido algún error”, aseguró a primera hora de la mañana de este lunes el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sin embargo, las aclaraciones no se produjeron.

La Agencia Tributaria publicó un comunicado en su página web, que desapareció horas después, en el que se autoexculpaba de cualquier error y en el que atribuía, de forma sutil, a notarios y registradores el fallo en la información y, por tanto, en las conclusiones sobre los bienes de la Infanta. “La información ha sido facilitada a la Agencia Tributaria por terceros”, señalaba el escrito de Hacienda. Es decir, que la Agencia hizo un mero traslado de datos, entre los que se encuentran los aportados por notarios y registradores de la propiedad. El texto añadía además que los datos que figuran en el informe son los que reclamaron desde el juzgado y que estos no han sido objeto de “valoración jurídico-tributaria”. “Por lo tanto, no cabe extraer directamente de los propios datos efectos ni consecuencias directas en materia jurídica tributaria”, indicaba la nota, con lo que mantienen que Hacienda se ha limitado a recopilarlos sin llevar a cabo ningún procedimiento de validación.

Pese a las aclaraciones que, según Montoro, se darán —PSOE e IU le exigen que aclare el informe en el Congreso de los Diputados—, el comunicado de la Agencia Tributaria ya insinuaba la nula voluntad para revisar el informe presentado ante el juez: “Las facultades de la Agencia para comprobar la situación tributaria de los contribuyentes están afectadas por el plazo de prescripción de cuatro años”, señalaba la nota, con lo que argumentaba que, dado que las operaciones se realizaron, supuestamente, entre 2005 y 2006, ya no existiría el delito fiscal de no haber declarado ni los bienes ni las rentas obtenidas por la venta de estos.

Lo que sí dejaba claro el desaparecido comunicado de Hacienda es su rechazo “tajante” a la existencia de una conspiración y la posibilidad de que “los datos hubieran sido alterados intencionadamente para restar credibilidad a la investigación y que se trate de una intoxicación premeditada”.

El informe de Hacienda señalaba que de la información aportada por notarios y registradores no se deduce la existencia de transmisiones el periodo 2002 a 2004 y tampoco desde 2007 a 2012, pero sí entre 2005 y 2006, poco después de que la Infanta adquiriera junto con su marido el denominado palacete de Pedralbes, en octubre de 2004, por 5,8 millones de euros.