Interior bloquea la ‘vía Nanclares’

No más terceros grados ni semilibertades. El Gobierno de Mariano Rajoy parece tener la voluntad de hacer explícito, y en este momento, el parón que se ha producido desde hace meses respecto a la situación de los presos de ETA. El stand by incluye también a los de la denominada vía Nanclares, que se acogieron a la reinserción individual y renunciaron a la violencia durante el anterior mandato socialista.

Mientras, el Ejecutivo vasco del PNV está trabajando en otra dirección, y a la espera. Los postulados que defienden el lehendakari Iñigo Urkullu y los suyos no se parecen en nada al inmovilismo por el que ha optado el PP. Pero los nacionalistas vascos, por sí mismos, poco pueden hacer. Necesitan de la colaboración del Gobierno de la nación —que maneja en exclusiva las competencias penitenciarias, salvo en Cataluña—, para cualquier cambio real de rumbo.

Tres presos que han roto con la violencia

Iñaki Rekarte.Tiene 41 años. Ingresó en ETA con 19. Fue condenado a 203 años y seis meses de prisión por la colocación de un coche bomba en Santander en febrero de 1992 que mató a tres personas. Pasó 18 años en las cárceles de El Puerto I (Cádiz), Topas (Salamanca), Villabona (Asturias), Nanclares (Álava) y Martutene (Gipuzkoa). En 2010, tras condenar expresamente la violencia terrorista y comenzar a satisfacer la indemnización a sus víctimas, Rekarte accedió a un programa penitenciario que le permitía salir de la cárcel cada día para trabajar, con la obligación de volver a prisión los fines de semana. Rekarte participó en uno de los encuentros que arrepentidos de ETA han mantenido con víctimas de la banda. En su caso, los familiares de los tres fallecidos en el atentado que él cometió no accedieron a verse con él y se reunió en su lugar con la viuda de un asesinado de la banda. "Vienen sin odio y eso te derrumba", declaró en el documental de Tv3 El Perdón sobre estos encuentros.

Kepa Pikabea.Nacido en Navarra en agosto de 1955, se integró en el comando Adarra de ETA a los 25 años. A principios de los noventa formó parte de la cúpula directiva de la banda. En 1994 fue detenido en Francia. En España fue condenado a 192 años de cárcel por una veintena de asesinatos. En 2008, firmó, con otros arrepentidos de la banda, una carta dirigida al colectivo de presos de ETA en la que animaba a sus excompañeros a apostar por el reconocimiento y la reparación de las víctimas y a participar en "un cambio de ciclo". ]En 201o logró la concesión de permisos regulares para salir un máximo de 36 días al año de la cárcel. En 2011 participó en el documental Al final del túnel, producido por Elías Querejeta y dirigido por Eterio Ortega, en el que ofrecía su visión sobre las causas y consecuencias del terrorismo. "Algún día mi hijo me preguntará si he matado y le tendré que decir la verdad. Pero trataré de convencerle de que no haga lo mismo; de que, si quiere rebelarse contra la injusticia, nunca utilice las armas. Te dejan heridas que no cicactrizan nunca", dijo en el documental. "Hemos cometido muchos actos contra la dignidad humana".

Aitor Bores Gutiérrez. Tiene 45 años. Natural de Sopelana (Bizkaia), fue detenido en marzo de 1998 y condenado a más de 70 años de cárcel por ser cómplice del asesinato de un guardia civil en 1994 y por el atentado contra la residencia militar de Araca (Vitoria) en 1997. Llegó a la prisión de Nanclares, en la que el Ministerio del Interior agrupaba a los disidentes de ETA, en abril de 2010 procedente de un penal de Murcia después de haber roto con la banda terrorista y decidir hacerse cargo de la responsabilidad civil por sus atentados.

Una de las últimas decisiones del Ministerio del Interior, que en realidad es del pasado septiembre pero que se ha conocido este fin de semana, ha sido denegar el tercer grado a los reclusos de la banda Iñaki Recarte y Kepa Pikabea y el régimen de semilibertad a Aitor Bores. Las medidas habían sido propuestas por la junta de tratamiento de la prisión.

Los tres son disidentes declarados de ETA que han cumplido con lo que dispone la ley: renunciar a la violencia; pedir perdón a las víctimas —en el caso de Recarte y Pikabea han participado también en los encuentros cara a cara con víctimas del terrorismo auspiciados por los anteriores Gobiernos nacional y vasco, ambos socialistas—; y comenzar a hacer frente a las indemnizaciones civiles. Recarte está ya en el régimen de semilibertad; es decir, en estos momentos puede salir de prisión a diario para trabajar, pero el tercer grado le permitiría una autonomía mayor.

El bloqueo no solo se ha evidenciado con este caso. Durante los últimos meses se han denegado salidas (a históricos de la banda como Joseba Urrusolo Sistiaga, Valentín Lasarte o Rafael Caride Simón); se han recortado en algún caso los días fuera de la cárcel que suelen pasar los que están en semilibertad; han tardado en concretar los cupos anuales de permisos...

La decisión sobre Recarte, Pikabea y Bores está ahora en manos del juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, que decidirá en los próximos días y que tendrá que asumir, solo, la responsabilidad de seguir adelante con los terceros grados u optar por el criterio de Interior de denegarlo todo. Y, sea cual sea el sentido de la resolución del magistrado, Interior siempre podrá hacer valer ante las víctimas que el ministerio se opuso a cualquier concesión y que, al igual que defiende con ardor la doctrina Parot ante Estrasburgo, también discute los beneficios penitenciarios.

Desde Prisiones se insiste en que esto no significa nada; que la vía de la reinserción sigue abierta pero que en estos tres casos no se cumplían los requisitos. Sin embargo, al plan de reinserción del actual Gobierno no se ha sumado un solo preso hasta el momento y lo único que estaba en marcha, la vía Nanclares, se ha parado.

Jonan Fernández, secretario general de Paz y Convivencia del Gobierno vasco, cuestionó ayer que los beneficios penitenciarios se traten como “privilegios”, cuando son “derechos” reconocidos. “No se puede hacer del cumplimiento de la ley un traje a la medida de la coyuntura”, criticó en una entrevista a Onda Vasca.

Entre los presos acogidos a esta vía (en su mayoría ahora en la nueva cárcel de Zaballa) reina una inquietud que viene de lejos. Ya mientras gobernaba el PSOE tuvieron algunas quejas con los tiempos, y con cómo, según su punto de vista, se iban escalonando los permisos y las semilibertades en función de criterios de oportunidad política. Ellos consideraban que habían cumplido con su parte del trato: verificar los requisitos estipulados en el Código Penal con el gran coste personal de convertirse en disidentes de una organización terrorista. Y decían que los beneficios llegaban con cuentagotas.

El colectivo oficial de presos, además de rechazar frontalmente su postura, consideró siempre que los de Nanclares tampoco habían conseguido gran cosa y dependían de los vaivenes del Gobierno de turno. Siempre han sostenido que la reinserción que propone el Ejecutivo, a la vista de los resultados de la vía Nanclares, carece de credibilidad.

Mientras gobernó el PSOE, en todo caso, los presos poco a poco fueron logrando permisos y semilibertades. Cuando el PP llegó al poder, impulsó durante los primeros meses tres terceros grados y algunos acercamientos de presos enfermos a cárceles vascas. Pero, desde el verano pasado, tras la polémica desatada con el preso Iosu Uribetxeberria Bolinaga —que fue excarcelado por enfermedad después de declararse en huelga de hambre—, el Gobierno frenó en seco cualquier movimiento sobre los presos de ETA, que pudieran recriminarle las víctimas. Ahí se ha quedado.