Las fisuras en la coartada de Dívar enconan la batalla en el Poder Judicial
Los vocales del CGPJ instarán mañana a otro pleno de censura al presidente del Tribunal Supremo El Supremo afronta hoy dividido la votación de la querella contra Dívar Las justificaciones ofrecidas sobre los viajes en fines de semana no cuadran con la realidad
La sospecha sobre las irregularidades en la conducta del presidente del Tribunal Supremo y del Poder Judicial, Carlos Dívar, por el supuesto uso de dinero público —cerca de 30.000 euros en tres años— para gastos privados —32 viajes y estancias en hoteles durante largos fines de semana—, se extiende entre los vocales que le sostienen en el cargo. Hasta el punto de que Dívar será sometido de nuevo esta semana a un nuevo pleno de censura, ya que cinco vocales lo han instado a pedir su dimisión o cese, y debe ser convocado en un plazo de 72 horas.
Además, el pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo, integrada por 15 magistrados, se reúne a partir de las 11 de esta mañana para decidir si admite a trámite la querella contra Dívar por la supuesta imputación de gastos de viajes al presupuesto del Consejo. En principio, la mayoría de los magistrados son partidarios de la inadmisión y archivo de la querella, aunque hay disensiones.
Los miembros del Poder Judicial, jueces y fiscales en su mayoría, conocieron ayer otros 12 viajes de fin de semana de Dívar (que se iniciaban el jueves o el viernes) para acudir supuestamente a actos o reuniones oficiales que duraban unas horas endosando el gasto de cuatro días de estancia en hoteles (algunos, los más caros de la ciudad donde se hospedaba) a los presupuestos del organismo que dirigía.
Habitaciones a 500 euros y visitas turísticas
Las facturas de los desplazamientos de Carlos Dívar a distintos lugares de España para asistir a actos oficiales que duraban unas horas pero que causaban gastos de dinero público para sufragar estancias de tres y cuatro días acreditan que el presidente del Supremo llegó a pagar 1.500 euros por tres días de alojamiento en el hotel Reconquista de Oviedo, el más lujoso y caro de la ciudad. Gastó 800 euros por su estancia de cuatro días en el hotel Valparaíso de Palma de Mallorca, adonde llegó el jueves 6 de mayo para reunirse el viernes con el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Baleares, al que avisaron de la visita el miércoles. Dívar prolongó su estancia sábado y domingo y el Consejo del Poder Judicial pagó por todo 1.752 euros. Pagó 766 por cuatro días de alojamiento en el The WestIn Valencia de Valencia, adonde acudió para visitar, por cuenta del presupuesto del Consejo del Poder Judicial, la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una atracción turística cuya relación con la Administración de Justicia es más que dudosa. Incluso su viaje a Cantabria, invitado supuestamente por la Consejería de Turismo a Santillana del Mar, está lleno de interrogantes. Pese a que en el municipio que visitó hay un parador nacional, Dívar prefirió otro que estaba a 70 kilómetros, y pese a que Santander tiene aeropuerto, prefirió el de Bilbao. 1.045 euros en tres días.
Si 13 de los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial así lo decidieran, podrían destituir a su presidente, según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial. “El presidente del Supremo y del Poder Judicial cesará a propuesta del pleno del Consejo del Poder Judicial por causa de notoria incapacidad o incumplimiento grave de los deberes del cargo, apreciada por tres quintos de sus miembros”.
En algunos de los nuevos viajes conocidos —hay otros 20, todos a Marbella, que han provocado una querella contra Dívar cuya admisión a trámite dilucidan hoy 15 jueces del Supremo fuertemente divididos— la información facilitada ayer a El Mundo como justificación de esos desplazamientos, sobre fechas y lugares, no coincide con lo que ocurrió en realidad. Y ello hasta el punto de que el Poder Judicial se vio obligado a aclarar que el supuesto viaje a Bilbao para la toma de posesión del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco —ocurrida dos meses antes de la fecha del viaje de Dívar—, era en realidad una invitación de la Consejería de Turismo de Cantabria al presidente del Supremo para visitar Santillana del Mar, aunque el expresidente de la comunidad Miguel Ángel Revilla desmintió ese extremo. Sin embargo, en la documentación oficial sobre ese periplo figura que Dívar pagó los gastos de desplazamiento (645 euros), alojamiento (222), manutención (99) y atenciones protocolarias (77) a otras personas.
En las justificaciones se señala un gasto de dinero público de 2.000 euros para impartir una conferencia en el colegio mayor Arosa, de Santiago de Compostela, entre el 18 de junio y el 20 de junio de 2010. Pero la conferencia, titulada El fundamento de la Justicia en el Estado de derecho, se celebró el 22 de noviembre.
Es cierto que Dívar apadrinó a la promoción de Deusto pero el acto se celebró el 11 de marzo de 2010 y no el 18, como asegura en la justificación de uno de los viajes. Dívar también cargó gastos al Consejo por un viaje realizado a A Coruña entre el 2 y el 4 de octubre de 2010 para acudir a las jornadas de presidentes de las Audiencias Provinciales e inaugurar la exposición Las Huellas de la Justicia en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. Ambos actos se celebraron el lunes día 4 de octubre, pero Dívar endosó al CGPJ el fin de semana completo en A Coruña en los que no consta ningún acto oficial, informa José Precedo.
En la justificación ofrecida se cita otro fin de semana largo en Palma de Mallorca (de jueves a domingo de mayo de 2010) en el que supuestamente Dívar se habría reunido con el presidente del TSJ de esa comunidad. Dívar llamó el miércoles de esa semana para quedar ese viernes, una hora, con el alto cargo judicial balear. Sin embargó, cargó a la cuenta del Consejo General del Poder Judicial 1.752 euros por sus cuatro días de estancia en la isla, hospedado en el hotel Valparaíso.
Otro viaje de cuatro días, que no ha desmentido el Consejo, tuvo como justificación una visita a la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, cuya relación con la Administración de la justicia es nula. El gasto en ese caso fue de 1.928 euros.
Entre 2008 y 2011, Dívar viajó fuera de Madrid coincidiendo con 29 fines de semana. Cada mes había uno de esos viajes donde el presidente del Supremo aludía a algún acto oficial que duraba unas horas en un día determinado para quedarse en la ciudad a la que viajaba entre tres y seis días.
En Oviedo, donde asistió a unas jornadas sobre presidentes de Audiencias Provinciales, se hospedó en el hotel más caro (Reconquista) a razón de casi 500 euros la noche, precios solo vigentes para las habitaciones de mayor lujo del establecimiento.
Algunas de las justificaciones dadas por Dívar a la Fiscalía del Estado sobre sus desplazamientos han sido desmentidas por los altos cargos a los que supuestamente fue a ver (alcalde de Málaga, alcaldesa de Marbella, presidente de la Audiencia de Cádiz…). Pese a ello, la fiscalía prefirió no comprobar si las justificaciones eran ciertas.
La Sala Penal del Supremo se halla dividida ante la votación de hoy sobre la querella
El pleno de la Sala Penal del Tribunal Supremo, integrada por 15 magistrados, se reúne a partir de las 11 de esta mañana para decidir si admite a trámite la querella contra el presidente del Consejo del Poder Judicial, Carlos Dívar, por la supuesta imputación de gastos de viajes al presupuesto del Consejo.
La asociación querellante, Preeminencia del Derecho, presentó ayer un escrito en el que amplía los hechos de la querella con los datos aportados por varios medios de comunicación, según los cuales Dívar realizó desde 2008 otros 12 viajes en fin de semana cuyos gastos, más de 15.000 euros, se cargaron al Consejo del Poder Judicial.
Del escrito se dio traslado al pleno, que ordenó que esas informaciones de prensa estén preparadas para incorporarlas a los debates de hoy. Aunque es posible que algún magistrado pida la suspensión del pleno para analizar más detenidamente los nuevos datos, no es previsible que la mayoría acceda a esa solicitud. El pleno tiene que decidir si admite a trámite la querella que imputa a Dívar los supuestos delitos de estafa y apropiación indebida o, subsidiariamente, malversación de caudales.
La Fiscalía del Supremo mantuvo en su informe al pleno que en el caso de Dívar no cabe el delito de estafa y que el de malversación de caudales exige una conducta que requiere ánimo de lucro para ser delictiva y que tampoco se aprecia.
En principio, la mayoría de los magistrados son partidarios de la inadmisión y archivo de la querella, aunque las disensiones de dos magistrados en la Sala de Admisión, Perfecto Andrés Ibáñez (Jueces para la Democracia), y el conservador José Manuel Maza, se trasladarán al pleno y pueden ganar adeptos. Según fuentes del Supremo, de los 15 magistrados que formarán el pleno puede haber entre tres y cinco partidarios de investigar la conducta del presidente y que podrían plasmar su postura en votos particulares.
