Radiografía del ‘anarcoterrorismo’

Qué pueden tener en común los 30 artefactos que explosionaron en Chile en 2014 —uno en el metro y otro en un centro comercial que causó 14 heridos—, con la bala que le atravesó la pierna al empresario italiano Roberto Adinolfi el 7 de mayo de 2012 en Génova. O con el ataque incendiario a una sucursal del Banco Santander en el distrito de Neukölln de Berlín la madrugada del 6 de marzo de 2014. O con las bombas caseras que estallaron en la Basílica del Pilar de Zaragoza y en la catedral de la Almudena de Madrid hace dos años. Todas esas acciones terroristas tienen un mismo sello: FAI-FRI, Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional. Su franquicia en España fue descabezada la semana pasada en la llamada operación Piñata, con 15 detenidos acusados de pertenencia a grupo criminal con fines terroristas. El cuerpo del conocido como “anarcoterrorismo” se quedó en los huesos. Esta es su radiografía.

Enrique Balaguer, conocido en los círculos de las casas, centros sociales y pisos okupados como Kike Mal, tiene 36 años y desde el pasado 1 de abril ocupa —sin 'k'— una celda en la cárcel de Madrid V. Es cántabro de nacimiento, de “una familia normal”, según señalan fuentes policiales, pero pronto entró en contacto con los movimientos insurreccionistas y okupas. Destacó en los bloques negros de las manifestaciones y en seguida hizo valer su “gran capacidad intelectual y para articular discursos”. Se trasladó a Barcelona, principal foco del anarquismo en España, donde “se concentran miles” de seguidores y simpatizantes más y menos moderados, según relatan los investigadores que han seguido sus pasos durante dos años. Merodeó, siempre “sin oficio ni beneficio conocido”, por algunos de los centros de peregrinación okupados —Ateneu Anarquista del Poble Sec, La casa de la Montaña, Ateneu Pandora—. Entremedias alentó a los grupos anarquistas de Burgos, ya convertido en “un líder anarcoinsurreccionista”. Le dio tiempo también a beber de las fuentes originarias de FAI-FRI en Italia y Grecia, donde surgió la federación —reconocida como “organización terrorista” a escala europea— en 2004. Regresó y “escribió manuales de acción armada” y de “cómo debe desarrollarse la lucha”. El verano pasado —“animado por la presión policial”— se trasladó a Madrid. Y el 30 de marzo le ponían las esposas en un piso okupado de Carabanchel, como líder de GAC, Grupos Anarquistas Coordinados, el brazo operativo de FAI-FRI en España desde 2012, cuyo principal objetivo es “subvertir el orden constitucional”, acabar con la jerarquía del Estado y sus principales centros de poder. En su carta fundacional declaran: “Entendemos el sabotaje como valioso en sí mismo en nuestro camino de desestabilización, colapso y destrucción del sistema y al mismo tiempo como propaganda”.

El grupo comenzaba a tener una estructura y forma de aparato

El “carácter carismático” de Balaguer, su “verbo de predicador” y su “proselitismo” le dieron un lugar privilegiado, la dirección, la cabeza. “Él tomaba las decisiones, impartía las instrucciones, dirigía la captación de nuevos miembros jóvenes “valientes”, promovía campañas de solidaridad con presos anarquistas y diseñaba acciones”, explica uno de los investigadores, que le ha seguido muy de cerca.

Poco a poco GAC se fue implantando en España de manera paulatina, con nombres o marcas distintas —Grupo de Autodefensa contra el Sistema en Palencia, Comando Insurreccionista Mateo Morral en Barcelona, Grupo de Afinidad por la Anarquía, también en la ciudad condal, Grupo Autónomo Madrid, Grupo Anticlerical...—. Se gestaron puestos intermedios, comenzó a haber reparto de funciones y aparición de líderes locales como Paul Jara Zevallos en Madrid —presunto autor material de la colocación de la bomba en la catedral de la Almudena el 7 de febrero de 2013— o Jorge Linares —alias Musta—.

Los centros sociales okupados les daban cobertura y apoyo logístico

La franquicia española de FAI FRI se asentaba a base de reuniones más y menos clandestinas. “Llegaban a tomar medidas de seguridad extremas, como comunicarse a través de borradores de correos electrónicos, no llevar nunca los teléfonos móviles a determinados encuentros, poner siempre vigilancia en la zona”. Se fue trabando un entramado que empezaba a adquirir la forma de “una estructura”, de un “aparato”, entre Barcelona, Madrid, Palencia, Zaragoza y Granada, las ciudades donde el pasado 30 de marzo la policía desarrolló la operación Piñata, dirigida por el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional y coordinada por la Comisaría General de Información, al compás de las correspondientes brigadas provinciales. Fueron 18 registros y 15 detenidos, la mayoría en Madrid, por “sabotajes y colocación de artefactos incendiarios, destrozos en 113 cajeros y pertenencia a grupo criminal con fines terroristas”. Cinco fueron directos a prisión y el resto quedó libre con cargos.

Tomaban medidas de seguridad extremas, usando dispositivos cifrados

Esta operación se sumaba y ampliaba la conocida como Pandora, que sirvió para desarticular al comando anarcoterrorista Mateo Morral en Barcelona el pasado 16 de diciembre de 2014, con 11 detenidos. Previamente, el 13 de octubre de 2013, la policía había detenido en Barcelona a dos ciudadanos chilenos —hoy en prisión— de esa misma célula como presuntos autores de la colocación de la bomba que explotó en la Basílica del Pilar el 2 de octubre de ese mismo año. Fue una de las pocas veces en las que FAI reivindicaba un atentado en España. “Lo habitual es que, para mantener el anonimato, reivindiquen sus acciones a través de una página web [Contra Info] que se gestiona desde la Universidad de Atenas, puesto que esa es la instrucción internacional de la federación”, explican fuentes de la investigación.

La red del llamado “anarcoterrorismo” está tejida bajo el paraguas de centros y casas okupadas, lo “que les permite cambiar de residencia y deslocalizarse con facilidad”. Las reacciones de defensa de los detenidos y de los registros en esos centros sociales, no se hicieron esperar después de las últimas detenciones.

La intención es criminalizar nuestra lucha, dicen los ácratas

Desde el autodenominado Centro Social Ocupado Autogestionado La Quimera, en Lavapiés (Madrid) publicaban: “Esto no es más que otro ataque al movimiento anarquista con la intención de criminalizar y represaliar nuestra lucha”. Y en el mismo sentido se manifestaban desde La 13-14 Okupada, en Vallecas. Posteriormente se convocaban manifestaciones de protesta —en las que también hubo detenidos— y concentraciones de apoyo a las puertas de la Audiencia Nacional.

Las investigaciones han concluido que son algunos de esos centros los que les han dado cobertura, apoyo logístico y han servido como fuentes de financiación, “poniendo huchas por la causa libertaria, cobrando comisiones, dando charlas, haciendo fiestas y conciertos, ofreciendo consumiciones por las que cobran”. Entre la gran cantidad de material incautado, había cerca de 10.000 euros en metálico, aparte de dispositivos electrónicos cifrados, material inflamable (bombonas), manuales de elaboración de explosivos, fotografías de policías... Todo ello, en opinión de los investigadores, “son pruebas e indicios de la finalidad terrorista de algunos de sus miembros”, que ahora el juez tendrá que ver al trasluz.