La Zarzuela confía en que la Infanta renuncie a sus derechos sucesorios

La Casa del Rey insistió este lunes en su “absoluto respeto a la independencia judicial” y en que la decisión de la Infanta de renunciar a sus derechos es solo “suya”. No van a presionarla, pero la renuncia, ese gesto simbólico de insignificantes consecuencias prácticas —es la sexta en la línea de sucesión al trono y su renuncia no afectaría a sus hijos, que subirían un puesto en el escalafón—, sería más que bienvenido en La Zarzuela. La institución quiere soltar lastre, desembarazarse del caso Nóos, o, como lo definió la mano derecha de don Juan Carlos, Rafael Spottorno, de “el martirio”. Pero doña Cristina, que siempre ha entendido la estrategia de aislamiento de la Casa del Rey como una condena por adelantado, se ha resistido hasta el final.

La decisión del juez Castro de enviarla al banquillo como cooperadora en el fraude fiscal de su marido llega a apenas dos días del primer mensaje de Nochebuena de don Felipe como Rey. Es su intervención pública más importante después de su discurso de proclamación, el pasado 19 de junio, y es uno de los tres que pronunciará este año —junto al de entrega de los premios Príncipe de Asturias— que habrán escrito el Monarca y su equipo, supervisados por el Gobierno y no al revés. Cuando se publicó el auto, aún no había sido grabado, según fuentes de La Zarzuela, lo que permite a don Felipe añadir alguna referencia a la situación judicial de su hermana, del mismo modo que en la Nochebuena de 2011 —cuando nadie en la Casa del Rey imaginaba que el caso Urdangarin fuera a convertirse en caso Infanta— su padre tuvo que aludir, sin citarlo, a la situación de su yerno. “Vivimos en un Estado de derecho y cualquier actuación censurable deberá ser juzgada y sancionada con arreglo a la ley. La justicia es igual para todos”, dijo entonces don Juan Carlos.

La Zarzuela ha dispuesto cuantos cortafuegos se le han ocurrido para intentar proteger al rey Juan Carlos, primero, y al rey Felipe, ahora, de la erosión del caso Nóos. El equipo de Spottorno apartó a la Infanta de la vida oficial de la familia real en octubre de 2011 y se borró todo rastro de Urdangarin de la web de la Casa. Don Felipe prorrogó esa estrategia de aislamiento y no invitó a su hermana a participar en el día más importante de su vida: su proclamación como Rey. Doña Cristina no estaba aquel 19 de junio en la tribuna del Congreso, con su madre y su hermana. Tampoco en la multitudinaria recepción posterior en el Palacio Real. Pero sí estuvo presente, de manera indirecta, en las primeras palabras de don Felipe como Monarca, cuando, sin citarla, prometió encarnar “una monarquía renovada”, “íntegra, honesta y transparente”.

Desde la proclamación de Felipe VI, doña Cristina ya no forma parte de la familia real. Ahora tiene el estatus de familia del Rey, pero, fuera de La Zarzuela, esa distinción —que implica que no participa en actos oficiales ni recibe por tanto, dinero público por ello— es poco más que un tecnicismo. La situación judicial de la Infanta sigue condicionando la agenda de la Casa del Rey. Don Felipe llevaba apenas una semana en el trono cuando el juez Castro pidió el procesamiento de su hermana, el pasado 25 de junio. Y, apenas 15 días después de que, en su discurso de entrega de los Premios Príncipe de Asturias admitiera que “la sociedad necesita referencias morales a las que admirar y respetar”, la Audiencia de Palma confirmó la imputación de doña Cristina por fraude fiscal.

Casi todas las medidas que ha tomado don Felipe de Borbón en sus primeros seis meses de reinado tienen que ver con la determinación de sacudirse ese lastre. Por eso, por ejemplo, prohibió a los miembros de la familia real dedicarse a negocios privados. Su hermana ya no forma parte de ese núcleo, pero el Rey quería lanzar el mensaje de que no se repetirán los errores del pasado.

La Infanta está “sorprendida”, según su abogado, Miquel Roca, que este lunes calificó la decisión del juez Castro de “grave y excepcional”. Pero también está sola. La Zarzuela no va a mostrar ahora su “sorpresa” o su apoyo al fiscal Pedro Horrach, como sí hizo en abril de 2013, en unas declaraciones que se interpretaron como una injerencia, y que el propio don Felipe, siendo todavía Príncipe, corrigió al día siguiente aprovechando un acto con jueces en Barcelona: “Los miembros de la carrera judicial sois merecedores de la mayor confianza”, dijo.

El nuevo Monarca ha repetido en numerosas ocasiones la necesidad de que la Corona se mueva por un listón ético superior y sea ejemplar. Los partidos políticos han prometido apartar de su cargo al miembro al que se haya abierto juicio oral. Exactamente la misma posición en la que se encuentra ahora la Infanta. Don Felipe necesita ese gesto de su hermana para dar credibilidad a su promesa.