Transparencia Internacional pide castigar a los políticos que incumplan la ley

Transparencia Internacional España ha pedido este martes que se introduzcan "de forma clara" los "supuestos de infracciones y sanciones" por el incumplimiento que puedan hacer los políticos y funcionarios públicos de las normas de la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y buen Gobierno, en la que solo se introduce la referencia a la infracción por la reiterada violación de las obligaciones de informar a las demandas ciudadanas. La reclamación de regular los castigos para los incumplidores es una de las seis propuestas presentadas por el organismo este martes para mejorar la norma que aprobó el Congreso de los Diputados el pasado 12 de septiembre.

La entidad también cuestiona el límite que pone la norma al acceso de los ciudadanos a información sobre los intereses económicos y comerciales o la protección al medioambiente, al entender que son "cláusulas tan genéricas que deberían ser matizadas o concretadas" y que una "interpretación amplia" puede restringir el derecho de acceso a la información.

En la batería de propuestas se cuestiona también el procedimiento por el que las demandas de información por parte de los ciudadanos pueden caer en el llamado silencio administrativo negativo si no se resuelven en el plazo de un mes por parte de las administraciones. Transparencia Internacional afirma que este procedimiento "respeta muy poco el derecho de los ciudadanos a tener una respuesta explícita", puesto que, en la práctica, si las instituciones no desean contestar a las solicitudes de información pueden optar directamente por el silencio. El organismo reclama que se establezca la obligación de las instituciones públicas "a contestar o resolver las solicitudes recibidas en el citado plazo", y que si este no se cumple se fije alguna sanción disciplinaria.

Sobre el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que sustituyó a la propuesta inicial de una Agencia de Evaluación de la Transparencia, la entidad critica que "nace con un notable déficit de independencia", ya que podría ser nombrado con mera mayoría parlamentario, y propone que sea aprobada por mayoría parlamentaria cualificada para asegurar un mayor consenso político. En este sentido, reprocha que la Comisión de Transparencia que figura en el texto no tenga "competencias definidas", por lo que "puede parecer" que su única labor es la de ser control del presidente del órgano.

La Ley de Transparencia fue aprobada el pasado 12 de septiembre con los votos de los diputados del PP, CiU y PNV. El grueso de la oposición (PSOE, UPyD, Izquierda Plural, ERC, Amaiur, BNG, Compromís-Equo y Geroa Bai) se opuso argumentando el exceso de límites y líneas rojas impuestas a los ciudadanos para acceder a la información. La aprobación de la norma ha sido el principal argumento del Gobierno de Mariano Rajoy para responder al escándalo de los papeles de Bárcenas.

La ley continúa su trámite parlamentario a la espera de que sea aprobada en el Senado, cuya Mesa ha decidido este martes ampliar el plazo para la presentación de enmiendas, que terminaba mañana, hasta el próximo martes 8 de octubre. En el caso de que haya modificaciones a la norma, el texto tendrá que ser remitido al Congreso.