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tribunales

El acusador arrepentido

El abogado bilbaíno Iñaki Gomara asegura: “Gané la querella y está condenado, pero Iñaki González es inocente”. Quiere que el Obispo de Bilbao interceda en el indulto del asesor fiscal

El asesor durante la declaración en una de las jornadas del juicio en Bilbao
El asesor durante la declaración en una de las jornadas del juicio en BilbaoFERNANDO DOMINGO-ALDAMA (El asesor durante la declaración en una de las jornadas del juicio en Bilbao)

“Le gané la querella pero no quiero que vaya a la cárcel porque es inocente y tengo pruebas y documentos para demostrarlo”. Lo dice Iñaki Gomara, magistrado durante 12 años en Bilbao y actual abogado penalista en ejercicio, que después de haber conseguido, en la Audiencia de Bizkaia el pasado mes de julio, la condena a cuatro años y nueve meses de prisión y la consiguiente inhabilitación profesional del asesor fiscal Iñaki González, reconoce ahora que el condenado “tiene razón”. La Sala Segunda de la Audiencia de Bizkaia, presidida por Manuel Ayo junto a María José Martínez y María Jesús Del Real de Asúa, consideró acreditado que el asesor fiscal es el autor de un delito continuado de “apropiación indebida”, como sostenía la demanda del fiscal.

Además, los magistrados atendieron el argumento de Gomara de que mientras Talleres La Casilla firmó pagarés a Ignacio González para el pago de impuestos por más de 0,9 millones de euros, el asesor no sólo no lo hizo sino que, “distrajo” tres cuartas partes del dinero de forma ilícita. “Ha sido mi victoria más dolorosa porque se ha condenado a un inocente”, remarcó Gomara (51 años) y repitió esta semana en reuniones mantenidas ante más de 30 clientes del despacho de Iñaki González y también con el propio personal de esta asesoría, ubicada en el centro de la capital vizcaína. “Ya sé que no se conocen casos de un reconocimiento así, pero no puedo seguir viviendo con esta injusticia y quiero seguir afeitándome todos los días mirándome al espejo”, añade.

“Las facturas no eran falsas porque estaban en los libros de contabilidad de Talleres La Casilla, pero a mí me interesaba utilizar ese argumento y gané”.No obstante, aclara, “ahora puedo decir que “estaban debidamente legalizadas como se puede comprobar en los libros de contabilidad”, agrega. “No esperaba ganar porque veníamos de dos sobreseimientos anteriores por lo civil sobre la misma causa, pero creo que en el juicio por la querella hubo documentación que no se supo manejar tratándose de una cuestión penal”, cuestiona. Gomara admite que interpuso una querella criminal contra Iñaki González en 2006 “como una estrategia jurídica” para que así se paralizaran dos causas abiertas en el año 2000 contra la empresa bilbaína Talleres La Casilla, propiedad de los hermanos Alejandro y José Luis Diaux, por sendos delitos contra Hacienda en un Juzgado de Bilbao.

No esperaba ganar porque veníamos de dos sobreseimientos"

De hecho, solventada ya la querella, estos dos procesos han vuelto a ser señaladas para el 22 enero de 2015 y, paradójicamente, González es requerido esta vez como testigo por la defensa. Hasta entonces, sigue abierto el proceso de solicitud de indulto planteado por la familia del asesor fiscal condenado y a la que no se ha opuesto Gomara. “Es lo mínimo que podía hacer”, subraya. Esta petición espera la resolución de “gracia e indulto” por parte del Ministerio de Justicia antes de su posterior envío al Consejo de Ministros. En este decidido intento por proclamar la inocencia del condenado, con quien Gomara no mantiene lazo alguno de amistad aunque ambos comparten sólidas creencias religiosas, este letrado está dispuesto a reunirse con el obispo de Bilbao, Mario Iceta. “Quiero que me reciba para decirle directamente o en secreto de confesión que Iñaki González es inocente y le llevaré la documentación que lo acredita para su conocimiento”, señala. Iceta, sin embargo, no ha recibido hasta ahora a Gomara ni a personas de su entorno alegando “razones de agenda en el mes de diciembre”.

Tampoco lo ha conseguido González, suspendido por el Obispado en sus funciones de lectorado y acolitado, así como de las labores pastorales que desempeñaba desde hace más de 30 años en la iglesia de San Vicente Mártir, situada a escasos metros de su despacho. En paralelo, Gomara viene intentando “todo lo que está en mis manos” para pedir la suspensión de la condena. “No quiero que un inocente vaya a la cárcel porque es algo que no me perdonaría jamás a mí mismo”, argumenta este abogado penalista que acaba de liquidar su etapa de diez años como socio del bufete de José Luis Yela principalmente por las discrepancias sobre este brote de sinceridad en su actuación profesional.

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“No quiero que un inocente vaya a la cárcel no me lo perdonaría jamás a mí mismo”

Días después de esta ruptura, no obstante, se incorporó al despacho de Jesús Urraza, con oficinas en Madrid y Bilbao, desde donde intensificará las gestiones para la obtención del indulto a González. ¿Por qué actúa ahora así Gomara? “Profesionalmente como abogado, yo gané la querella que era lo que me habían pedido los dueños de Talleres La Casilla, pero cuando llegó la ejecución de la sentencia, me di cuenta de que me había engañado, de que todo era mentira y que no se podía seguir condenando a un inocente”, rememora con cierta preocupación por el impacto de esta confesión entre sus compañeros del Colegio de Abogados de Bizkaia. “Fue una sentencia fuerte, dura, basada en la prueba de indicios, que resultó determinante”, puntualiza.

En la resolución de la querella y en el posterior fallo del recurso de casación que no prosperó, González fue condenado a cuatro años y nueve meses de prisión —la misma pena que Gomara había solicitado— y a indemnizar a la empresa querellante con más de 700.00 euros por el abono de la responsabilidad civil más los intereses. Pero fue precisamente al estipular las condiciones de pago de la responsabilidad civil en la ejecución de la sentencia cuando Gomara se sorprendió por la exigencia de los hermanos Diaux de que la cantidad debería ser abonada directamente a su nombre y sin plazo alguno aunque la empresa se encontraba ya en liquidación tras asistir a un proceso concursal. “Me enfadé y vi que me habían engañado al comprobar que habían comprado solo por 6.000 euros todos los créditos litigiosos del concurso” realizados sobre Talleres La Casilla en su proceso concursal que, según expertos, podrían ascender a más de un millón de euros. La consecución de esta sustancial rebaja acabó por “indignar” definitivamente a Gomara porque “ahí se veía la mala fe y el engaño con el que habían actuado desde el principio y entonces pensé que un inocente no puede ir a la cárcel”.

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