Europa endurece las directrices de negociación del ‘Brexit’

Los Veintisiete gobiernos comunitarios están decididos a mostrar a Londres que las deserciones tienen un coste. Las directrices de la negociación dejan claro que si Reino Unido pretende beneficiarse de un futuro acuerdo de asociación con Europa, primero tendrá que pagar las facturas pendientes —de 40.000 a 60.000 millones, según las primeras estimaciones— y garantizar los derechos de los tres millones de ciudadanos de la UE que viven en las islas (y como contrapartida, la Unión garantizará los del millón y medio de británicos en suelo continental). Los chantajes británicos no han hecho mella, hasta ahora, en la posición europea. Los llamamientos a la unidad han funcionado en un club en el que las divisiones son casi un cliché; un lugar común. La prueba es que los líderes tardaron apenas unos minutos en aprobar los principios de la negociación, con un tono algo más duro de lo previsto.

Será una negociación por fases, en la que el futuro acuerdo comercial tardará en empezar a discutirse: justo lo contrario de lo que quería Londres. Y Europa ni siquiera evita poner el dedo en el ojo en asuntos espinosos, como Gibraltar y la reunificación de Irlanda. Los británicos “no deberían hacerse ilusiones” acerca de un acuerdo rápido que les permita el acceso al enorme mercado interior de la UE, afirmó la canciller Angela Merkel. “El adiós a la UE tiene un precio”, subrayó el francés François Hollande. Las ocho páginas de las directrices de negociación ofrecen varias muestras de dureza, pero la retórica de los líderes europeos no le va a la zaga: “Los británicos han subestimado las dificultades”, resumió el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.

</IL>Europa está dispuesta a regatear en la factura del Brexit, pero quiere que Londres pague lo que le toca. Y pondrá el mayor grado de firmeza en lo relativo a los derechos de la ciudadanía. No basta un acuerdo de caballeros: los Veintisiete exigen por escrito que Londres ofrezca garantías “efectivas, vinculantes, no discriminatorias y completas, incluido el derecho de adquirir la residencia permanente tras un periodo ininterrumpido de cinco años de residencia legal”. Europa ha identificado un “cóctel” con 25 condiciones legales para los europeos que viven en Reino Unido, que el Gobierno de May debe respetar si quiere un acuerdo. Con todo, Bruselas considera que ese asunto no será un escollo insalvable, a la vista de que May se muestra dispuesta, sobre el papel, a zanjar ese capítulo cuanto antes.

Eso sí, “tiene que haber garantías reales”, que se apliquen en la práctica sin trabas burocráticas injustificadas, explicó el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk: Bruselas teme que Londres acceda a sus demandas, pero acabe poniendo problemas por la puerta de atrás.

La pista del dinero

Esa es la prioridad europea, pero los líderes saben que para desentrañar el Brexit, como en las novelas policiacas, hay que seguir la pista del dinero. Londres lleva meses diciendo que no está por la labor de seguir pagando al presupuesto comunitario. Solo muy recientemente ha filtrado, a través del Daily Mail, que podría seguir con sus contribuciones hasta 2020 y más allá. Bruselas calcula en 60.000 millones esa factura, aunque algún primer ministro indicó este sábado que la cuenta podría reducirse a 40.000 millones. Los británicos piensan que la cifra final será inferior. Y su plan es esperar y ver: la inquebrantable unidad europea podría empezar a resquebrajarse por esa línea de falla. Reino Unido es la segunda economía de Europa y uno de los mayores contribuyentes netos: unos 10.000 millones al año.

La UE tendrá que funcionar con 10.000 millones anuales menos u obligar a las capitales a poner el dinero. Los contribuyentes netos (los socios más ricos) no quieren oír hablar de eso; los receptores advierten que no tolerarán rebajas en lo que perciben. “La unidad mostrada es sorprendente, pero cuando se planteen las cuestiones presupuestarias habrá problemas”, se sinceró Juncker. La cumbre sirvió para ver los primeros escarceos: en el debate político posterior a la aprobación de las directrices, cada uno de los jefes de Estado o de Gobierno empezó con su particular qué hay de lo mío, según las fuentes consultadas.