El corte del ferrocarril amenaza con agravar la crisis económica en Ucrania

Desde el 25 de enero las líneas férreas que unen la RPD y RPL con el resto de Ucrania sufren un bloqueo cada vez más severo por parte de veteranos de la 'operación antiterrorista' (ATO en sus siglas en ucraniano), tal como se denomina oficialmente la acción militar emprendida por Kiev contra los insurgentes del Este en la primavera de 2014.

Por ferrocarril se transportaba el carbón hacia las centrales térmicas y las empresas metalúrgicas en el territorio controlado por Kiev y también, en sentido contrario, el mineral de hierro para la metalurgia en la zona de la RPD y RPL. El resultado de la parálisis ferroviaria es un progresivo estrangulamiento de la economía en ambas partes.

En estas circunstancias, las autoridades ucranianas discrepan sobre la conveniencia de mantener el bloqueo. El presidente Petró Poroshenko ha exhortado a levantarlo, pero el Fiscal General, Yuri Lutsenko, así como diputados de la Rada Estatal procedentes de los antiguos batallones de voluntarios, son partidarios de continuarlo. El ministro del Interior, Arsén Avákov, por su parte, ha pedido poderes (al comité antiterrorista) para usar la fuerza contra quienes paralizan el ferrocarril. Sin embargo, el ministro no controla siquiera a sus propios funcionarios. El martes, la policía en la región de Donetsk detuvo a 37 personas que intentaron despejar las vías de tren, es decir los órganos de orden público se aliaron de hecho con quienes impiden el tráfico de una zona a otra.

El martes en una reunión del gobierno con los representantes de las empresas metalúrgicas en Kiev, el primer ministro Vladímir Groismán dijo que estaba de acuerdo con las “tesis” del ministro del Interior pero no se pronunció sobre la petición de competencias. Por su parte, el presidente de la unión de empresas metalúrgicas Ukrmetallurgprom, Aleksandr Kalenkov, manifestó que las pérdidas del Estado por el bloqueo al comercio pueden ser de 3.500 millones de dólares al año y de 75.000 puestos de trabajo, a lo que hay que sumar las pérdidas del presupuesto en concepto de impuestos impagados y las pérdidas comerciales del ferrocarril. Poroshenko había calculado el 300.000 el número de puestos de trabajo que pueden perderse.

A todo eso, los líderes insurgentes de la DNR y LNR, Alexandr Zajárchenko y Yuri Plotnitski, respectivamente, han dado un ultimátum hasta el 1 de marzo a Kiev para acabar con el bloqueo y han asegurado que, en caso contrario, pondrán bajo su control las empresas ucranianas situadas en su territorio, es decir las grandes empresas metalúrgicas y mineras que pagan impuestos en Kiev, pero mantienen cuantiosas plantillas en territorio insurgente. El más perjudicado por esta especie de 'nacionalización' sería el empresario Rinat Ajmétov, oriundo de Donetsk, que paga los salarios de decenas de miles de trabajadores en la DNR y LNR, además de repartir ayuda humanitaria (paquetes de víveres) en este territorio de más de tres millones de habitantes. Los líderes secesionistas aseguran que venderán el carbón a Rusia, pero Moscú no ha dicho aún si quiere comprar ese carbón y es dudoso que el Kremlin, además de los gastos que le ocasiona la ayuda económica y militar a los insurgentes, quiera también asumir el papel desempeñado por Ajmétov en el mantenimiento de la región. El responsable ruso en las negociaciones de Minsk, el ex ministro del interior Boris Grizlov, ha amenazado con medidas de respuesta no especificadas a Kiev, si no acaba con el bloqueo.

Por otra parte, el carbón y el metal de la zona controlada por la DNR y LNR, al ser legalmente de producción ucraniana, tiene hoy un mercado exterior internacional, que estaría en cuestión de quedar “nacionalizados”. Los daños causados por el embargo son cada vez mayores y las empresas paradas, a veces de forma irreversible, van incrementando la ruina de la región que en el pasado fuera la más potente e industrial de Ucrania.