El impacto del petróleo

El 10 de diciembre pasado, en Viena, se tomó una decisión de alcance global. Los miembros de la OPEP, a los que se sumaron otros 12 países productores de hidrocarburos, resolvieron reducir la oferta de crudo. El recorte podría alcanzar un millón y medio de barriles diarios. El efecto de esa restricción ya se percibe. Los futuros del petróleo comenzaron a subir: el promedio para el año es hoy de 56,29 dólares el barril. El precio actual es casi un 8% más caro que hace 30 días. Y un 70% más que un año atrás.

Las consecuencias de estas modificaciones comenzaron a sentirse en la región. El gobierno de México, que participó de la reunión de Viena, al principio festejó. El aumento en el valor del petróleo mejoraría la situación de la castigada Pemex. La empresa, que es controlada por el Estado, tuvo una caída dramática en sus ingresos, que la obligó a reducir la producción. La de 2016 fue, con 2.145.000 barriles diarios, 5% menor que la de 2015, y la más baja de los últimos 35 años. Esta crisis castiga a la tesorería mexicana. No sólo porque recibe del negocio petrolero el 33% de sus ingresos. Además, la obliga a realizar caudalosos aportes patrimoniales para sostener las finanzas de la compañía.

Al mismo tiempo que la mejora en el precio del crudo da un respiro a Pemex, volvió insostenible el subsidio a los combustibles

Al mismo tiempo que la mejora en el precio del crudo da un respiro a Pemex, volvió insostenible el subsidio a los combustibles. El 50% de los que consumen los mexicanos es importado, y hay que adquirirlo con un peso que se estuvo devaluando a lo largo de 2016, sobre todo después del triunfo de Donald Trump. En este contexto, el precio de la gasolina fue ajustado en un 20%. Y produjo un estallido de furia de los consumidores.

Ocurrió algo previsible. El Caracazo de 1989, que arrastró al gobierno de Carlos Andrés Pérez en Venezuela, se desató por un encarecimiento drástico del precio de la gasolina. En aquel caso fue del 100%. En diciembre de 2010, Evo Morales sufrió en Bolivia una rebelión que, como en México, se llamó gasolinazo, porque retiró una subvención a los combustibles, que aumentaron un 83%. Si se quiere buscar el punto de partida de la caída de Dilma Rousseff en Brasil, hay que ir a las manifestaciones ocurridas en San Pablo, a mediados de 2013, por el aumento del precio del transporte.

Pérez, Morales, Dilma, fueron precursores del mexicano Enrique Peña Nieto. El precio de la gasolina no afecta tanto a los automovilistas como a quienes utilizan el transporte público. Las protestas, asociadas en muchos casos al desabastecimiento, dejaron en México unos 1.500 detenidos y cantidad de comercios dañados. Lluvia ácida para un presidente cuya popularidad no alcanza el 25%.

Lo que trajo angustia a México arranca una sonrisa a los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia que, como Colombia y Perú, exportan hidrocarburos. Nicolás Maduro logra una bocanada de oxígeno en medio de una crisis que ya parece crónica. Asfixiada la economía por la falta de reservas internacionales, los mejores ingresos petroleros alientan especulaciones: ¿habrá un régimen cambiario desdoblado, a la cubana, para fines de febrero? Excentricidades para corregir excentricidades: el bolívar se depreció más de 100% entre noviembre y diciembre.

En Brasil también festejan: con un crudo que se aprecia, se facilita el salvataje de Petrobras. En la primera semana del año la empresa subió el precio del diésel y de las gasolinas. La tendencia a eliminar el subsidio a los consumidores de combustibles se afianzó a partir de octubre. Es parte de una política general, que incluye la venta de activos de la petrolera estatal en toda la región. Petrobras ya realizó una operación por 892 millones de dólares, algo controvertida, con el grupo Pampa Energía, en la Argentina. Y transfirió una distribuidora en Chile, por 470 millones de dólares, al grupo Southern Cross. Petrobras anunció, además, el despido de 6.300 empleados. El ajuste permitió que la acción de la empresa, sacudida por la tormenta judicial de la operación Lava Jato, se recuperara alrededor del 100% durante el año pasado.

Para la Argentina de Mauricio Macri el cambio en los precios de los hidrocarburos es, en cambio, desafiante. El país importa el 13% de la energía que consume. Una parte importantísima de ese consumo está subsidiada. De modo que, al encarecerse el petróleo, aumenta el gasto público. Un problema delicado para un país en el cual el Estado, en la escala nacional, provincial y municipal, representa el 47% del PIB. Uno de los objetivos principales de Macri, sobre todo desde la reciente incorporación de Nicolás Dujovne como ministro de Hacienda, es reducir el déficit fiscal. Si se encarecen los combustibles y se pretende equilibrar las cuentas públicas, a Macri no le queda otro remedio: deberá eliminar los subsidios más de lo previsto. Dicho de otro modo, aumentar las tarifas del gas, la electricidad y el transporte. Una noticia amarga para un año electoral.