Marihuana, el otro muro

Sucedió lo inevitable: California —junto con otros tres Estados— aprobó el uso recreativo de la marihuana. Después dos décadas de control regulatorio para fines medicinales y de un intento electoral fallido en 2010, la sexta economía del mundo ha dado el paso hacia la legalización de la cannabis. Y esa decisión será, sin duda, un importante acelerador de la discusión sobre opciones eficientes y más humanas para enfrentar la cuestión global de las drogas.

La importancia económica y política de California dará mayor visibilidad al debate sobre las alternativas al paradigma prohibitivo. El caso californiano es uno de los ejemplos más significativos del fracaso de ese paradigma. Una crónica y gradual crisis penitenciaria puso en evidencia que es sumamente costoso —fiscal y socialmente hablando— utilizar la cárcel como disuasivo al consumo.

La necesidad de despresurizar la sobrepoblación y de reducir los costos al gobierno y a la economía del sistema carcelario, alentó los primeros esfuerzos de experimentación regulatoria. Así, los tribunales para el tratamiento de adicciones se propusieron sustituir las penas privativas de libertad por intervenciones terapéuticas y restaurativas menos invasivas: un conjunto de servicios sociales (rehabilitación clínica y psicológica, programas de capacitación y de inserción laboral, etcétera) para atender la dependencia de sustancias y para reducir la recurrencia de delitos motivados por ésta. Después, la gradual autorización de los usos terapéuticos de la marihuana ha permitido, por un lado, el acceso seguro de consumidores a dicha sustancia y, por otro, ha incentivado la generación de evidencia científica sobre el daño objetivo en la salud, así como el desarrollo de aplicaciones para atender ciertos padecimientos.

Junto con otras experiencias, hoy es posible suponer que la vía no penal incide mejor en la reducción de las adicciones, es posible desplazar al mercado negro con un mecanismo controlado de proveeduría, la recaudación legal sirve para compensar los costos de una regulación no prohibitiva, el acceso de ciertos suplementos y medicamentos pueden cambiar la vida de miles de pacientes y, en general, que es mucho mejor idea, en términos de política pública, tratar a las adicciones como un problema de salud pública.

La realidad nos ha rebasado: en Estados Unidos es lícito producir y consumir; en México se matan por traficar y perseguimos por poseer

En segundo lugar, la legalización en California debiera terminar por sacudir de prejuicios y anteojeras ideológicas el debate en México sobre la marihuana. Es irracional mantener el statu quo. Si los argumentos científicos (intensidad del daño), éticos (libre desarrollo de la personalidad), de derecho comparado (consecuencias objetivas de otras regulaciones), económicos (relación costo-beneficio de la prohibición), no han hecho sentido para modificar el régimen legal del cannabis, California aporta una razón más de carácter comercial. Buena parte de las exportaciones mexicanas de marihuana van a ese Estado.

El tamaño del mercado californiano es sumamente importante, tanto por el número de consumidores, como por sus niveles de ingreso. Al legalizar el consumo en uno de los mayores mercados que es, a su vez, vecino de uno de los mayores productores del mundo con altos niveles de inventario, se creará una suerte de muro comercial invisible en la frontera. ¿Para qué importar ilegalmente si hay un sustituto legal en la esquina? En el corto plazo, en tanto se sustituyan las actuales exportaciones por otra sustancia como la goma de opio, habrá un exceso de oferta en el lado mexicano. Y dice la economía que a mayor oferta, menor precio, y a menor precio, mayor consumo. Es de esperarse, pues, que el consumo en México aumente, sin que el país esté institucionalmente preparado para enfrentar esa contingencia. Con las actuales reglas de narcomenudeo, habrá más personas en el supuesto de posesión ilícita y, por tanto, susceptible de ir a prisión, con todo lo que eso supone. Pero lo más relevante es que el exceso de oferta reducirá las ganancias de los actuales exportadores ilegales. Con capacidad instalada (hombres, armas y corrupción), esas bandas intentarán compensar sus pérdidas. No lo harán en la economía formal, por supuesto. Diversificarán su negocio a otras actividades ilícitas: secuestro, extorsión, trata, etcétera. Más violencia para el país.

La realidad nos ha rebasado: en Estados Unidos es lícito producir y consumir; en México se matan por traficar y perseguimos por poseer. Ellos disfrutan y recaudan; nosotros pagamos las consecuencias no deseadas de sus hábitos. Antes del estúpido muro de Trump, está el muro invisible de la mariguana. No debemos pagar, como país, por ninguno de los dos.

Roberto Gil Zuarth es senador mexicano por el Partido Acción Nacional (PAN).