La UE retoma las deportaciones y echa a 124 migrantes a Turquía

La Unión Europea ha reanudado este viernes por la mañana las controvertidas expulsiones de migrantes a Turquía iniciadas el pasado lunes. Un primer grupo de 45 varones paquistaníes ha partido en un primer barco desde la isla de Lesbos (Grecia), según la televisión pública griega citada por Reuters. Aunque Frontex planeaba trasladar a 147 personas, finalmente han sido 124 migrantes en dos barcos, según el Ministerio griego de Orden Público. Dos activistas se han lanzado al agua en el puerto de Mitelene, la capital insular, para impedir que el barco zarpara. Han logrado encaramarse a la cadena del ancla pero los guardacostas los han sacado del agua. Otras 200 personas han protestado en el muelle.

La operación requirió llevar a parte de ellos a la isla de Lesbos. El barco Terrajet recogió a 5 personas en la isla de Kos, fue a Samos, donde recogió a otras 29. Todos fueron llevados a Mitelene, la capital de Lesbos, a primera hora. En paralelo, las autoridades griegas trasladaron al resto de migrantes del centro cerrado de Moria al puerto. La mayoría de los expulsados son de Pakistán (111), India (4), Bangladesh (2), Marruecos (1), Egipto (1) y otro de origen palestino, según el ministerio griego, que añade que un paquistaní fue rechazado por Turquía se desconoce por qué.

Las primeras expulsiones, que la UE se esforzó por llevar con discreción, se vieron salpicadas por duras críticas de y la ONU denunció que en 13 de los casos los afectados habían expresado su deseo de pedir asilo en Grecia pero al policía local “olvidó” tramitar sus peticiones. Los 202 trasladados aquel día a Dikili (en Grecia) desde Lesbos y Quíos eran mayoritariamente paquistaníes y afganos. Salvo los 13 casos de duda para la ONU el resto eran inmigrantes económicos que no habían solicitado asilo, un colectivo al que la ley hubiera permitido expulsar antes del acuerdo UE-Turquía. Los paquistaníes, muy mayoritarios en estas expulsiones, suponen un 3% de las llegadas por el Mediterráneo, según Acnur.

El pacto es polémico porque contempla echar a Turquía todos los arribados a partir del 20 de marzo ilegalmente incluso si son solicitantes de asilo, a los que protege la ley internacional. Buena parte de las 6.300 personas que han llegado a las islas griegas desde entonces, y que permanecen detenidas, han iniciado los trámites para pedir asilo en Grecia –una posibilidad ampliamente desdeñada cuando era posible ir al norte pero que gana rápidamente atractivo porque es la única opción de evitar la expulsión--. El Estado griego, sumido en una gravísima crisis económica, intenta gestionar esta cambiante crisis de los refugiados que, con el cierre de las fronteras, ha quedado básicamente confinada a su territorio.

Los Veintiocho han ofrecido a Turquía eximir de visado a sus ciudadanos y 6.000 millones de euros a cambio de aceptar a los expulsados. Ankara planea repatriar a todos salvo a los sirios, a los que pretende concentrar en un campamento cercano a la frontera con Siria.

La ONU y varias ONG han criticado duramente las condiciones en las que están retenidos todos los migrantes que han ido llegando desde el 20 de marzo, incluidos los considerados vulnerables como los menores no acompañados, las embarazadas, los supervivientes de torturas, ancianos y enfermos. Unos 200 migrantes se escaparon en la isla de Quíos y han acampado en el puerto, donde han sido hostigados por unos vecinos y defendidos por otros.

Amnistía Internacional ha entrevistado a 89 de estos detenidos en las islas de Lesbos y Quíos. “Escapé de Siria para evitar la cárcel y ahora estoy en prisión”, se lamentaba ante los investigadores de AI un veinteañero que posiblemente escapó para evitar ser reclutado. “A las puertas de Europa, los refugiados están atrapados sin ver una luz al final del túnel. Es un arreglo tan defectuoso, tan apresurado y tan mal hecho que está repleto de fallos, pisotea derechos”, según Gauri van Gulik, subdirectora de AI para Europa.

Tanto Grecia como Turquía han tenido que hacer apresurados cambios legislativos para dar soporte legal a las expulsiones. La legislación internacional prohíbe las expulsiones automáticas colectivas. Las autoridades griegas pueden examinar y resolver las peticiones de asilo en solo 15 días gracias a la nueva ley aprobada hace una semana.

Dependiendo de varios factores, como el número de solicitudes de asilo que Grecia reciba, la expulsión en aviones comerciales se hará, previsiblemente, a finales de abril. Aun así, Frontex (agencia de fronteras de la Unión Europea) lo debe saber con entre 4 y 7 días de antelación. Los vuelos serán chárter y al aeropuerto de Adana, en el sureste de Turquía.