El acuerdo con Turquía provoca las primeras tensiones políticas en la UE

El giro radical que ha dado la Unión Europea en la gestión de la crisis de refugiados arroja las primeras tensiones políticas. Los ministros europeos del Interior han debatido este jueves el esbozo de acuerdo alcanzado en la madrugada del martes con Turquía para expulsar a ese país a todos los extranjeros, incluidos los refugiados sirios, que lleguen a las costas griegas. Muchos países han expresado diferentes inquietudes –legales y de principio– para aplicar lo que se pactó con Ankara. El compromiso de eliminar los visados para los turcos que quieran acceder a la UE, la aceleración del proceso de adhesión e, incluso, la capacidad real de reenviar sirios a Turquía han presidido la discusión.

Era la primera oportunidad política de desgranar un acuerdo que representa “un punto de inflexión” en la relación con Turquía, en palabras del comisario de Inmigración, Dimitris Avramopoulos. Y frente a la adhesión casi sin fisuras que otorgaron al pacto los jefes de Estado y de Gobierno a principios de semana, los titulares de Interior se han mostrado mucho más recelosos respecto a los detalles. Suecia, República Checa, Luxemburgo, Malta y, con matices, España y Portugal han arrojado dudas sobre la posibilidad de aplicar lo pactado con la ley en la mano, según las fuentes consultadas. De manera más amplia, Francia, Austria y Bélgica han alertado de que Ankara debe cumplir todas las condiciones exigidas para eliminar la obligación de visado entre Turquía y la UE.

La enorme brecha existente entre dos maneras radicalmente opuestas de afrontar el fenómeno de los refugiados ha provocado acusaciones tácitas en el encuentro. El ministro sueco, Morgan Johansson, ha lanzado la idea de que todos los países que rechazan integrar a asilados deberían dejar de participar en Schengen. Era un dardo envenenado al bloque del Este, muy apegado a la libre circulación, pero también muy renuente a acoger demandantes de asilo.

En público, el mensaje más escéptico provino de la ministra austriaca, Johanna Mikl-Leitner. “Me preocupa que Turquía ponga bajo tutela un periódico crítico con el Gobierno y que tres días más tarde presente una lista de deseos [a la UE]”, ha valorado a su llegada la reunión para concluir: “Me pregunto verdaderamente si todavía tenemos respeto por nosotros mismos y por nuestros valores”. Pese a desplegar esa retórica, fue Austria el país que, con su fijación de cuotas al paso de refugiados por su territorio, desencadenó los controles del resto de países de la llamada ruta de los Balcanes, que finalmente ha quedado clausurada.

Respaldo de Alemania

El contraste de esas palabras con las del ministro alemán, Thomas de Maizière, certifica la distancia entre los dos países inicialmente más afines en la crisis de refugiados. El Gobierno de Angela Merkel, principal impulsora en Europa de estas devoluciones de migrantes y refugiados a Turquía, necesita mostrar una imagen de firmeza previa a las elecciones que se celebran este domingo en tres Estados germanos. “No se avanza con críticas, sino con resultados concretos”, ha asegurado De Maizière ante la prensa. En la cita con sus colegas, el ministro ha insistido en que todos los países deben declarar a Turquía como país seguro para ciudadanos de otras nacionalidades, condición indispensable para poder redirigir allí a los extranjeros arribados a Grecia. También Atenas, que ya considera seguro al país vecino, ha insistido en este punto.

Ninguno de los ministros cuestiona el principio de lo pactado: que Turquía se haga cargo de los refugiados llegados desde sus costas hasta las europeas. Pero la atmósfera cada vez más represiva que reina en Turquía y las condiciones que ambas partes deben cumplir para hacer posible ese objetivo inquietan a muchos. “Los turcos están muy alejados de los valores y los principios de Europa”, ha reflexionado el ministro belga, Jan Jambon. “Hay que verificar el plano legal, diplomático, político pero también humano del acuerdo”, ha alertado el luxemburgués Jean Asselborn.

Una de las mayores incógnitas deriva de la principal ganancia que espera obtener el Gobierno turco de este trato: la liberalización de visados. Francia ha alertado de que hace falta cumplir nada menos que 72 condiciones que no parecen al alcance de la mano. Y la declaración aprobada el lunes por los jefes de Estado y de Gobierno fijaba en junio de este año la fecha límite.

Para vencer todas estas resistencias, un equipo del Consejo Europeo, capitaneado por su presidente, Donald Tusk, trabaja en la redacción final del acuerdo, que deberá ser ratificado –con el primer ministro turco, Ahmet Davutoglu– en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la próxima semana. La Comisión Europea, fuertemente involucrada en el proceso, defiende su legalidad. “Tendremos un acuerdo compatible con las leyes europeas e internacionales”, ha pronosticado Avramopoulos. Para el comisario de Inmigración, eso significa que no habrá expulsiones masivas y que Turquía garantizará a los sirios un estatus “acorde a la Convención de Ginebra”, un requisito de dudoso cumplimiento.

Más allá de certificar el cierre de la ruta balcánica, por la que los refugiados transitaban desde Grecia hasta Alemania hasta que prácticamente se clausuraron las fronteras para ellos, los ministros –especialmente el español y el italiano– han alertado de la posible aparición de rutas alternativas. “Nos preocupa que puedan abrirse otras rutas. Italia ha pedido vigilar la ruta desde Albania. Y del Mediterráneo Occidental [el que linda con España] nadie habla porque las cosas van bien, pero las mafias no son tontas”, ha subrayado el ministro español, Jorge Fernández Díaz.