La ONU advierte a la UE de que “la expulsión colectiva” está prohibida

Los recelos expresados por la ONU y por organizaciones de derechos humanos respecto al revolucionario acuerdo sobre refugiados que han esbozado la UE y Turquía siembran dudas sobre su futuro. ACNUR, la agencia de Naciones Unidas dedicada a los demandantes de asilo, ha manifestado este martes su inquietud por un pacto que permitirá expulsar a gran escala a todos los extranjeros llegados a las costas griegas a partir de ahora, incluidos los refugiados sirios. “Estoy profundamente preocupado por el acuerdo”, ha admitido el alto comisionado de la ONU, Filippo Grandi. Los líderes europeos emplearán los próximos 10 en aquilatar legalmente la propuesta para que sea ratificada la próxima semana.

Pocas horas después de concluir la cumbre UE-Turquía que ha dado un vuelco a la gestión comunitaria de la crisis de refugiados, el máximo responsable de ACNUR ha acudido al Parlamento Europeo para hablar de los problemas de los demandantes de asilo. Y justificó su inquietud por lo pactado para aliviar la carga que siente Europa bajo sus espaldas. “No se puede firmar ningún acuerdo que no salvaguarde las garantías que tienen los refugiados en el derecho internacional”, ha enfatizado. Sus palabras provocaron un cerrado aplauso de la Eurocámara en Estrasburgo.

Frente a las voces que intentan alertar de los movimientos migratorios generados al calor de la guerra en Siria, Grandi ha sentenciado: “Esto es esencialmente un movimiento de refugiados”, pues el 88% de quienes piden asilo proceden de los 10 países que más asilados generan en el mundo. Y ha retado al continente a recordar su pasado: “Es el momento de reafirmar los valores sobre los que se construyó Europa”. Tras su aclamada intervención, el comisario europeo de Inmigración, Dimitris Avramopoulos, ha contrapuesto: “Todos los migrantes irregulares [denominación en la que ahora Bruselas incluye también a los sirios] serán devueltos a Turquía, de acuerdo con las leyes europeas e internacionales".

Más rotundo aun que Filippo, el representante europeo de la ONU para los refugiados, Vicente Cochelet, alertaba desde Ginebra de que lo pactado por sorpresa en Bruselas puede contravenir las normas: “Un acuerdo que sea equivalente a un retorno en bloque de todos los individuos de un país a un tercer país no es acorde a la legislación europea, ni acorde a la legislación internacional”. Como voz más autorizada en la materia, la cúpula de ACNUR evidencia unas dudas legales que compartían muchos diplomáticos y expertos comunitarios antes de que la idea de expulsar sirios desde Grecia hasta Turquía tomara cuerpo.

Es la propia norma que invocó el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, para avalar el trato la que suscita interrogantes legales. La llamada directiva de procedimientos de asilo contempla la posibilidad de reenviar a un solicitante al país donde recibió la primera protección (en este caso, Turquía). Pero para ello deben darse varias condiciones. El Estado tiene que considerarse un tercer país seguro, es decir, capaz de ofrecer protección a las personas que lo requieran. En términos prácticos, eso implica, entre otros elementos, que la persona pueda “solicitar el estatuto de refugiado y, en caso de serlo, recibir protección con arreglo a la Convención de Ginebra”.

Ahí surgen los problemas. Turquía ofrece un marco muy irregular de protección internacional. Suscribió la convención del refugiado, pero solo concede esta categoría a ciudadanos europeos (los que originalmente motivaron el texto de Ginebra, tras la Segunda Guerra Mundial). Para los sirios, Ankara cuenta con un esquema de protección, que no coincide exactamente con la etiqueta de refugiado. Los expertos comunitarios lo consideran equivalente y ese es el resquicio legal que les permite defender el acuerdo.

Amnistía Internacional rebate ese argumento, que considera plagado de lagunas legales y morales. “No hay imaginación que pueda lograr que Turquía sea considerada un tercer país seguro y que la UE pueda subcontratarle sus obligaciones”, ha indicado Iverna McGowan, jefa de la oficina de Amnistía para las instituciones europeas.

Freno a la política de puertas abiertas

Más allá de las dudas legales, los Estados miembros creen haber alcanzado un logro mayor con el pacto con Turquía: desterrar la idea de que Europa acogerá a todo migrante o refugiado que ponga los pies en su territorio. Ese es el principio que queda asentado tras la larga cumbre del lunes, a falta de los detalles que lo desarrollen. Y pese al malestar demostrado por algunos Estados –Francia entre ellos- por la premura y el oscurantismo con que se fraguó, ningún jefe de Estado o de Gobierno fue capaz de oponerse a este giro en el trato que Europa otorga a los refugiados de un conflicto despiadado como el de Siria.

El gran fleco pendiente reside en la definición de ese mecanismo de acogida por el que la UE se compromete a asumir un asilado sirio desde Turquía por cada persona de esa nacionalidad que reenvíe al país vecino. Fuentes comunitarias admiten que resulta complicado imponer obligaciones de reasentamiento a países con serias objeciones hacia los asilados (como Hungría y otros países del Este) y que de momento solo se puede trabajar sobre hipótesis voluntarias.

Human Rights Watch también ha criticado lo que considera "expulsiones masivas aceleradas". La ONG sostiene que Turquía de ninguna manera puede ser considerado un país seguro al que devolver a migrantes de manera generalizada. "Mientras los líderes de la UE y Turquía se reunían en Bruselas para acordar maneras de parar la migración 'irregular' a Grecia, la frontera de Turquía [con Siria] seguía cerrada para decenas de miles de solicitantes de asilo sirios que huyen de la ofensiva en Alepo, exponiéndolos a graves riesgos", ha recordado Bill Frelick, responsable de asuntos de refugiados en HRW.