Las activistas denuncian un aumento de los ataques en Latinomérica

La colombiana Ana Fabricia Córdoba, activista por los derechos de las víctimas de la violencia, asesinada en 2011; la hondureña Margarita Murillo, activista por las comunidades campesinas, muerta a tiros en 2013; la ambientalista y líder indígena Berta Cáceres, asesinada en Honduras esta semana. Las organizaciones de derechos humanos denuncian que las agresiones a las activistas americanas se están incrementando. En El Salvador, Guatemala, Honduras, México y Nicaragua se produjeron, sólo entre 2012 y 2014, 31 asesinatos y 39 intentos de acabar con la vida de mujeres que luchan por los derechos humanos, según el último informe de la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de los Derechos Humanos.

La Iniciativa, que tiene un registro de casos en la región, contabilizó también unas 1.700 agresiones diversas a estas mujeres: intimidación y hostigamiento, amenazas, campañas de desprestigio, violencia, detención irregular... Las activistas que defienden la tierra y el territorio son quienes sufren más agresiones, según los datos de esta organización; después, las que trabajan contra la violencia de género. “Sabemos que hay un subregistro. No todas las atacadas reportan las agresiones a las organizaciones que colaboran con nosotros. Tampoco contabilizamos los casos de países del sur”, dice la mexicana Verónica Vidal, coordinadora del registro que varias miembros de la Iniciativa han presentado en distintos países de Europa.

“Estas no son sólo simples agresiones a alguien que trabaja por los derechos, tienen un claro carácter de género. Nos enfrentamos a una realidad en la que nosotras, además de correr los mismos riesgos que enfrentan los defensores varones, corremos riesgos específicos, propios por ser mujeres”, dice Alda Facio, experta independiente de la ONU sobre discriminación contra la mujer, que visitó Madrid para hablar sobre el aumento de las agresiones. “Cuando nosotras defendemos los derechos humanos estamos desafiando a la vez las normas culturales, religiosas o sociales sobre de la feminidad y el papel pasivo que debemos desempeñar en nuestras sociedades patriarcales. Y eso genera hostilidad”, añade.

El documento de la Iniciativa es una nota que repiten otros. Como los de Amnistía Internacional, que hablan no sólo de un aumento de los ataques a las activistas sino también de la represión por parte de las autoridades. “Los principales agresores de las activistas pertenecen a autoridades locales o nacionales, incluso la policía o el Ejército”, señala Verónica Vidal.

Amnistía denuncia, además, que las autoridades no amparan a las activistas. Como en el caso de Berta Cáceres, de 45 años. El máximo responsable de la ONU para derechos humanos, Zeid Ra’ad Al Husein, consideró “inquietante” que a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Gobierno de Honduras que la protegiera, la activista haya sido asesinada.

La muerte de Cáceres, una activista muy conocida por su victoria sobre el Banco Mundial y la estatal china Sinohydro para proteger el río Gualcarque, ha vuelto a sacar a la luz la situación de las mujeres que luchan por los derechos humanos en una de las regiones con más desigualdad de género.