La UE sella un nuevo pacto con Reino Unido tras un maratón negociador

La excepcionalidad británica alcanzó ayer un nuevo hito. Reino Unido selló anoche, tras un maratón negociador de 40 horas, un acuerdo con la UE que consolida el “estatus especial” de Londres en el club: ningún otro país acumula tantas excepciones en Europa. Su primer ministro, David Cameron, hará finalmente campaña a favor de quedarse en la Unión. A cambio, los socios le ofrecen concesiones simbólicas, y sobre todo dinamitan uno de los principios fundamentales de la Unión: Londres podrá discriminar a los trabajadores en función de su pasaporte para tratar de limitar la inmigración.

El excepcionalismo británico puso anoche a la UE ante la tesitura de ofrecer concesiones a Londres o lidiar con una potencial —y destructiva— salida de Reino Unido del club europeo. Los líderes de los Veintiocho eligieron, como estaba previsto, hacer todo lo posible para evitar el Brexit: tras casi dos días de tensa negociación —con sus buenas dosis de teatro para que cada cual pueda vender el pacto a su opinión pública— los Veintiocho acordaron el nuevo traje a medida de Londres para que el Gobierno de Cameron haga campaña a favor del sí en el referéndum previsto para el 23 de junio. El pacto estaba atado y bien atado. Quedaban un puñado de detalles técnicos y la inevitable escenificación: en el acuerdo hay mucha hojarasca, pero también un cambio crucial que puede modificar el contrato social europeo, con medidas con potencial para dinamitar el principio de igualdad de derechos de los ciudadanos independientemente de su nacionalidad. El Brexit era y es un riesgo mayor, y Europa decide sacrificar en ese altar uno de sus valores fundamentales. Cameron se lleva el gato al agua para tratar de frenar la entrada de inmigrantes que, supuestamente, ponen en peligro el Estado de bienestar británico: la UE le permite desde hoy discriminar a los trabajadores en función de su pasaporte.

El pacto estaba sellado en lo que concierne a la economía y la banca, en la activación de un pseudoveto para la nueva legislación que no guste en las islas, incluso en lo relativo a los elementos simbólicos para dejar claro que Londres no cree —nunca lo hizo— en aquello de “una unión cada vez más estrecha”. Pero costó sacar adelante la fumata blanca en lo esencial: los países con más tradición migratoria, en particular los del Este, se resistieron hasta el final. Y lograron diluir las peticiones de Cameron: finalmente las limitaciones a las prestaciones sociales de los trabajadores inmigrantes tendrán un plazo máximo de siete años, frente a los 13 que reclamaba Londres.

Cameron llevaba un lustro cargando contra la UE, poniendo palos en las ruedas a una mayor integración, sembrando discordia contra los líderes europeos y las instituciones en un momento de crisis aguda. Pero pasada la medianoche, tras la firma del acuerdo, compareció ante la prensa convertido en un eurófilo embravecido. Aseguró que hará campaña a favor de Europa “con el corazón, con el alma”. Y se lanzó montaña abajo en un sorprendente discurso de europeísta converso: “Somos más fuertes, más seguros y hemos conseguido unas reformas que hacen que merezca la pena seguir en Europa en un referéndum que será un momento crucial para una generación”.

La canciller Angela Merkel consideró el acuerdo “un trato justo”, y pidió a Cameron que haga todo lo posible por mantener intacta la UE, con sus 28 socios. El presidente del Consejo, Donald Tusk, citó al inevitable Winston Churchill y explicó que en “periodos excepcionales [crisis migratoria, económica, conflictos geopolíticos y demás] se necesitan acuerdos excepcionales”. Solo el jefe de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, bajó a la arena de la realpolitik y admitió, con la boca pequeña, que puede abrirse la puerta a la discriminación de trabajadores en función de su pasaporte, pero apuntó que esa posibilidad se minimiza porque el acuerdo “reduce al máximo, a solo siete años, las limitaciones”.

“No creo que el pacto llegue a permitir hablar de discriminación”, dijo Juncker. Ese es el quid de la cuestión. Reino Unido ya era —de largo— el país con más excepciones y regalías. A pesar de sus deseos, la UE cierra la puerta a que Cameron pueda influir en el desarrollo de la Unión Económica y Monetaria y la mayor integración de la eurozona. Pero entre las concesiones hay caza mayor: los límites a las prestaciones sociales de los trabajadores inmigrantes provocan grandes dudas entre muchas de las fuentes consultadas. ¿Se consagra así la Europa de las dos velocidades? “Europa no tiene dos, sino muchas velocidades: hay socios que no están en el euro, o en Schengen, o en la unión bancaria. El pacto con Londres consolida su estatus especial, pero no cambia la naturaleza del proyecto”, defendió una alta fuente europea.

Londres pretendía modular las prestaciones de los trabajadores que lleven menos de cuatro años en suelo británico por un plazo de hasta 13 años. Tenía el respaldo de las instituciones europeas, y de una Merkel que sostiene que Europa es un mercado único pero no una unión social y, por tanto, defiende que es posible limitar las prestaciones. Pero se encontró con la férrea oposición del Este, en un último sprint negociador para aguar la propuesta al máximo.

Francia y Bélgica, por su parte, presionaron por los asuntos más económicos y financieros. Italia hizo una viva defensa del federalismo a través del primer ministro, Matteo Renzi, el único que apareció ante la prensa explicando que más allá de los detalles hay una idea de Europa que se desprende de la oferta al Reino Unido y que, en definitiva, puede suponer atrasar el reloj del proyecto europeo. España no apareció: Mariano Rajoy mostró una actitud de resignación, más preocupado por las incertidumbres de la política interna que por un acuerdo que puede redefinir los contornos del proyecto europeo. Con Berlín y la Comisión a favor, ese principio de discriminación de los trabajadores en función del pasaporte es difícil de detener —salvo que el Parlamento Europeo y sobre todo el Tribunal de Justicia se opongan a esa medida—, pero frente al silencio de España y a la aprobación sin reservas de Alemania, al menos los socios del Este consiguieron reducir las concesiones, limitar el número de años en los que Londres podrá aplicar esa medida y, en fin, aguar el acuerdo.

Cameron salva una bola de partido. Ahora debe apretar los dientes para sacar adelante el referéndum. Y luego ya se verá: una vez el Reino Unido diga sí, la Eurocámara legislará, y los tribunales decidirán si esas modificaciones son compatibles con los sacrosantos —al menos hasta ayer— valores de la Unión. El acuerdo, por cierto, incluye una cláusula que destruye su contenido si los británicos dicen no a Europa. Pero nadie en Bruselas quiso precisar si en ese momento Reino Unido saldría automáticamente de la UE o si las instituciones accederían a negociar un acuerdo con aún más concesiones para evitar el Brexit.