Berlusconi, condenado a tres años de prisión por sobornar a un senador
El Tribunal de Nápoles sentencia a la misma pena de prisión al exdirector del diario 'L'Avanti'
El Tribunal de Nápoles ha anunciado este miércoles la condena a tres años de cárcel por corrupción contra el ex primer ministro italiano Silvio Berlusconi en el caso del soborno a un senador que facilitó la caída del Gobierno de Romano Prodi en 2008.
Además, el tribunal napolitano ha condenado a la misma pena de prisión al exdirector del diario L'Avanti Valter Lavitola, acusado de mediar en ese soborno.
La Fiscalía había solicitado una pena de prisión de cinco años para Berlusconi y otra de cuatro años y cuatro meses para Lavitola.
A Berlusconi, que no asistió a la lectura de la sentencia del colegio C de la primera sección penal del tribunal napolitano, los jueces, después de varias horas de deliberación, le consideraron autor material del soborno.
Se espera que la prescripción del delito impida que Berlusconi llegue a cumplir condena, puesto que la tramitación de la esperada apelación de sus abogados excederá el tiempo que queda hasta el 6 de noviembre, cuando prescribirá el delito.
Uno de sus abogados defensores, Niccolò Ghedini, declaró al conocer la sentencia que esta es "injusta e injustificada" y agregó que, a pesar de que el delito prescribirá en unos meses, confía en que el Tribunal de Apelación absuelva al ex primer ministro.
En cuanto a Lavitola, permanece ya recluido en la penitenciaría de Secondigliano por sus múltiples condenas derivadas de otros procesos.
Berlusconi declaró a finales de junio, cuando se conocieron las peticiones de la Fiscalía, que la solicitud de cinco años de prisión contra él iba "en línea con la tradición de los peores procesos políticos".
"La petición de la Fiscalía de Nápoles choca con la realidad y con todos los resultados procesales, en línea con la tradición de los peores procesos políticos. Confío en que el Tribunal quiera rápidamente restituir la verdad de los hechos y pronunciar una sentencia totalmente absolutoria", manifestó entonces.
Los abogados de Berlusconi han argumentado que "todos los testigos y todas las pruebas documentales han demostrado la total inconsistencia de la acusación".
Los fiscales consideraron que el magnate logró hacer caer el Ejecutivo de Prodi (2006-2008) al comprar el voto del senador Sergio De Gregorio, quien dejó su partido, Italia de los Valores, que formaba parte de la coalición gubernamental, para integrarse en las filas del entonces partido de Berlusconi, Pueblo de la Libertad.
Su voto y el de otros senadores que también abandonaron la mayoría en el Gobierno acabaron precipitando la caída del Ejecutivo de Prodi durante una votación en el Senado en 2008. Fue sucedido por el tercer y último Ejecutivo de Berlusconi (2008-2011).
Esta tesis se basa en la declaración del propio De Gregorio, quien confesó haber recibido un pago de tres millones de euros. De Gregorio pactó una pena de un año y ocho meses de prisión. También reconoció su responsabilidad como mediador en el supuesto pago de Lavitola.
Los fiscales reconstruyeron en el aula del Tribunal de Nápoles todo el caso y explicaron a los jueces de la Primera Sección Penal que Berlusconi tenía la intención de destinar decenas de millones de euros a corromper senadores.
"No solo es un episodio de corrupción, sino un episodio de gravedad extrema. Estoy convencido de que también otros han participado como lo ha hecho De Gregorio, solo que no hemos conseguido identificares", apuntó Milita, citado por los medios. Y añadió: "Era una operación destinada a subvertir el orden democrático. Una página oscura en la política italiana".
Este caso de corrupción llega en un momento en el que Berlusconi, de 79 años, ha regresado a la escena pública debido a otras cuentas que tenía pendientes con la justicia. El mes de febrero cumplió su pena de un año de trabajos sociales por un delito de fraude fiscal en el llamado caso Mediaset.
Asimismo, el Tribunal Supremo confirmó en marzo su absolución por los delitos de abuso de poder e incitación a la prostitución de menores en el llamado caso Ruby.
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