La Ciudad de México olvida a los jóvenes muertos en la discoteca News Divine

Comenzaba el verano, las clases ya eran historia. Patricia Domínguez le dio permiso a su hijo de 15 años para pasar la tarde de viernes en la discoteca News Divine, situada en la humilde Delegación de Gustavo Madero, al norte del Distrito Federal. Unos 500 jóvenes bailaban a ritmo de reggaeton cuando el caos policial se coló en su fiesta de fin de curso. Nueve chicos y tres agentes perdieron la vida, a plena luz del día, víctimas de la más absurda redada policial que se recuerda en la ciudad. El hijo de Patricia, Daniel Alán Ascorbe, murió por asfixia antes del anochecer del 20 de junio de 2008.

Unos 200 agentes irrumpieron en las inmediaciones del local minutos antes de las seis de la tarde para llevar a cabo su operativo. La orden era clausurar la News Divine, que operaba de manera ilegal y, según denuncias ciudadanas, vendía alcohol a menores.

Los policías comenzaron a detener (ilegalmente) a los chicos, las supuestas víctimas del delito. Por la fuerza los introdujeron en camiones para dirigirlos a la comisaría, donde quedaron acreditados numerosos abusos. Algunos jóvenes denunciaron que lo que pretendían era extorsionarles. Dentro de la discoteca se desató el pánico, el dueño dio orden de desalojar el edificio, pero los agentes en el exterior decidieron cerrar las puertas para que nadie pudiera escapar. El pasillo de salida se convirtió en una trampa. El sudor hizo que Daniel se soltara de la mano de su hermano, de 16 años, que lo perdió de vista.

Un vídeo mostrado por el Gobierno del Distrito Federal a varios medios de comunicación muestra la descoordinación, la falta de unidades sanitarias, el nulo tacto de los agentes, que apilaban cuerpos de niños en el asfalto, algunos inertes, otros con la mirada ya perdida.

“Doce días antes se hizo un operativo en una discoteca de lujo de Lomas de Chapultepec, el trato fue muy distinto, hasta trasladaron a los jóvenes a sus casas. Vemos con claridad un tema de discriminación por la pobreza y exclusión social de estos jóvenes”, dice Carlos Cruz, fundador de la asociación Cauce Ciudadano, que acompaña y asesora legalmente a las víctimas.

El entonces jefe del Distrito Federal, Marcelo Ebrard, aplacó el escándalo destituyendo al entonces procurador del DF y al secretario de Seguridad Pública, Joel Ortega, que volvió a la política el pasado mes de diciembre como responsable del metro de la capital.

“El culpable de la muerte de mi hijo es mi patrón”, dice al teléfono Patricia Domínguez, taquillera del suburbano, haciendo notar lo macabro de su destino. La soledad acompaña a estas familias humildes, que desde el primer momento sintieron caer miradas culpabilizadoras por haber permitido a sus hijos ir a bailar una tarde de viernes. “Soy culpable de no tener dinero para enviar a mis hijos al Pedregal o la Zona Rosa, a lugares donde no se hacen esos operativos”, dice Domínguez. “Nos hemos sentido muy solos, solo cada 20 de junio se arriman a nosotros”, apunta Carmen Rivas, mamá de Leonardo.

Leo tenía 24 años y trabajaba cada viernes como camarero en la discoteca. “Le iban a pagar 200 pesos, por 200 pesos me lo mataron”, se lamenta su madre. La familia nunca llegó a ver su cadáver. “Solo a través de una computadora para identificarlo. Luego lo echaron en un ataúd que no pudimos abrir. Nunca revisamos a mi hijo y no saber cómo murió me mata”.

El pasado mes de abril el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal dictó penas de 5 a 24 años contra 19 mandos intermedios y agentes y absolvió a otros 11 implicados. El propio Ministerio Público, en nombre de las familias, ha apelado la sentencia, lo mismo que los condenados, la mayoría policías rasos que participaron en el operativo. “Es como si los policías no fueran los representantes del Estado mexicano y hubieran actuado por su cuenta. La sentencia establece que hubo una línea de mando y que los policías recibieron órdenes, por lo que se debería de proceder contra los funcionarios públicos de alto nivel. La sentencia es una de las peores en materia de derechos humanos en México”, sostiene el abogado Cruz.

En ese proceso judicial no se incluyó a ninguno de los altos mandos, como exigían las familias, en una ristra de nombres que incluían desde jefe de delegación hasta al propio Marcelo Ebrard. La denuncia contra ellos fue desestimada por el propio Ministerio Público, que en este caso se estaba investigando a sí mismo. “Ebrard no nos vio nunca la cara, Mancera [el actual alcalde] tampoco”, denuncia Domínguez. Las familias no esperan nada de la apelación, más que cumplir los cauces legales que les permitan llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces sí volverán a señalar a los que ellos consideran responsables. Cinco años después el único encarcelado por el caso es el dueño del local, condenado a 29 años por corrupción de menores (venderles alcohol).

Muchos capitalinos aún piensan que los chavos de la Madero murieron asfixiados en un incendio. Solo un puñado de personas acompañará a las familias este jueves, al cumplirse cinco años de los hechos. Luego toca seguir viviendo. Carmen irá “todos los domingos a lavar la lápida de Leo y ponerle flores” y Patricia seguirá vendiéndole a usted sus boletos de metro.