Paraguay, el paraíso de la corrupción electoral

La tradición de comprar voluntades a cambio de prebendas no nació en Paraguay. Pero en pocos lugares el negocio de la compra de votos alcanza tal grado de masificación y naturalidad. El domingo se celebran unas elecciones presidenciales en Paraguay en la que se han batido récords de observadores internacionales. A causa de la destitución como presidente de Fernando Lugo el pasado junio, la Unión Europea ha desplazado a 111 observadores, que se suman a los más de 300 enviados por otros organismos internacionales. Pero eso no ha impedido que se siga comprando votos. El precio mínimo son 50.000 guaraníes, equivalentes a unos 12,5 dólares. Pero no sólo se compra el voto, sino también la abstención.

Esta semana una cámara captó al senador del Partido Colorado Silvio, Beto, Ovelar, negociando un “trato apu’a” (acuerdo redondo), un “trato de caballeros”, con dos dirigentes campesinos del Partido Liberal, en la localidad de Coronel Oviedo. El liberal le ofrecía un asentamiento de 200 personas. Y el senador estaba dispuesto a pagarle unos 100.000 guaraníes (25 dólares) por cada voto y también por cada liberal que no votase. Para eso, Ovelar exigía las cédulas de ellos y que se les entintase el dedo. En Paraguay, como en muchos países de Latinoamérica, la acción del voto conlleva el entinte del dedo índice. Por tanto, al mancharlo con antelación, se tiene la garantía de que esa persona no votará. El Senado votó el viernes la suspensión por dos meses de Silvio, Beto, Ovelar.

“El sábado a la noche es cuando se efectúa el gran operativo de compra de votos”, indica el analista Alfredo Bosccia. “Sale gente con mucho dinero en efectivo recorriendo las casas de los opositores. Se les pide las cédulas de identidad y al terminar la jornada electoral se les devuelve. Como la gente ya ha aprendido las reglas de este negocio, consiguen dos, tres y hasta cuatro cédulas de identidad. El negocio es tan antiguo como la transición democrática que inició este país hace más de 20 años. Y sigue gozando de buena salud”.

El jesuita Francisco de Paula Oliva, de 84 años y nacionalidad española y paraguaya, opina que buena parte de la culpa de esta perversión de la democracia la tienen los observadores internacionales. “Suelen venir cada cinco años y concluyen que todo está en orden porque hay listas de partidos y cuartos oscuros donde la gente vota sin que nadie le vea. Pero no suelen denunciar estas compras de las que todo el mundo habla. La gente no solo cobra por votar sino que algunos exigen que los lleven en coche, aunque el lugar donde votan está solo a cuatro cuadras. Para acabar con todo esto necesitamos ayuda internacional”.

Tommaso Caprioglio, observador jefe adjunto de la misión de la Unión Europea, indica que es la primera vez que la UE envía una misión a Paraguay. “No tenga duda de que si vemos irregularidades las vamos a denunciar. El problema es que nosotros solo evaluamos hechos, no rumores ni comentarios”.

El negocio de la compra y venta de voto se volvió más complejo. Y ahora hay quien sólo paga una vez que se ha votado, y exigen prueba de fotos o vídeos grabados con el móvil. En las zonas rurales habitadas por indígenas la compra tiene su propia idiosincrasia. Ahí se suele registrar la práctica conocida como el “corralón”, que consiste en conducir a un grupo de varias decenas de personas a un determinado lugar, a resguardo de los políticos rivales, y mantenerlos ahí hasta que llega el momento de votar.

“En el Alto Paraguay los políticos han caído en su propia trampa y se encuentran con el problema de que todo el mundo les pide mucho dinero por el voto”, explica el sacerdote salesiano Martín Rodríguez, quien nació en Salamanca y lleva 35 años en Paraguay. Martín Rodríguez habla en conversación telefónica desde la localidad de Puerto Casado, de 6.000 habitantes, en la región del Chaco. “Este año la campaña ha estado muy tranquila. Probablemente es porque se han reservado la plata para gastarla la última noche en la compra de votos”.

Otra cuestión distinta es el transporte de los votantes, que en Paraguay se conoce con el ilustrativo nombre de “arreo”. Una encuesta encargada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), reveló que en las presidenciales de 2008 el 24,5% de los votantes reconoció que lo habían “arreado” para votar. La diferencia es que el arreo es legal y la compra de votos no, por más extendida que sea su práctica.

“Aquí se está pagando 300.000 guaraníes (75 dólares) por voto y la misma cantidad por la abstención”, informa Nelly Servil, estudiante de derecho de 34 años, en la localidad de Mariscal Estigarribia, a 520 kilómetros de Asunción. “Pero el negocio no trata solo de dinero. También depende de la astucia del operador de cada partido. En 2008 un candidato acorraló a 600 indígenas. Y un indígena de otro partido se coló entre ellos y compró toditas las cédulas. Al día siguiente, los indígenas no pudieron votar”.

“Es indignante escuchar a los operadores estos días. Uno le dice a otro: ‘Yo tengo 500 monos. Y vos, cuántos monos tenés?’ ¿Y quién cree que son los monos? Los indígenas”.