Cae una red de extorsión formada por altos cargos del Gobierno de Bolivia

El Gobierno de Bolivia, que preside Evo Morales se ha visto sacudido por nuevo escándalo de corrupción. Esta vez se trata de una red de extorsión integrada por altos cargos de los Ministerios del Interior y Presidencia, que actuaban en las esferas del poder judicial. La red pretendía cobrar una fuerte suma al empresario estadounidense Jacob Ostreicher a cambio de sacarlo de la cárcel. Ostreicher lleva 18 meses en una prisión de alta seguridad tras un controvertido juicio en el que fue condenado por ganancias ilícitas y nexos con el narcotráfico. El condenado siempre defendió su inocencia y aseguró que el proceso se había montado para despojarle de sus bienes. El caso había provocado un enorme revuelo en Estados Unidos y la intervención del actor Sean Penn, que había intercedido por Ostreicher ante el Gobierno boliviano.

Hasta ahora hay 14 implicados. El director jurídico del Ministerio del Interior, Fernando Rivera, está sindicado de encabezar la red de extorsionadores, apoyado por otros altos funcionarios, como el director nacional de gestión pública del Ministerio de la Presidencia, José Manuel Antezana, con sede en el Palacio de Gobierno, un juez y otros altos cargos públicos que, aparentemente, manipulaban en su interés y beneficio varios casos que se ventilan en los estrados judiciales y se apropiaban de los bienes incautados.

Ostreicher, ahora muy enfermo, ha sido ingresado en una clínica con el pesar de haber sido esquilmado en sus inversiones en el país, según su abogado Jerjes Justiniano. Llegó a Bolivia en 2008 atraído por la invitación de Morales a los inversores extranjeros. Se dedicó al cultivo de arroz y a la cría de ganado de alta genética. Según su abogado, las inversiones alcanzaron al menos veinte millones de dólares y las pérdidas rondan los catorce millones de dólares.

Ostreicher fue detenido por blanqueo de dinero y nexos por el narcotráfico, y se determinó la incautación de sus bienes, a pesar de que justificó el origen limpio de su dinero. El abogado Justiniano explicó que el juez de la causa determinó su libertad condicional por falta de pruebas, pero sin que mediara ninguna petición de las partes, 24 horas después revocó su decisión y dejó a su cliente en la cárcel, debido a presiones desde esferas políticas.

Además de exigirle 50.000 dólares a cambio de su libertad, los extorsionadores se habían repartido los beneficios de la venta de varios miles de toneladas de arroz que le habían incautado.

El presunto cabecilla, Fernando Rivera, director jurídico de Interior, actuaba a nombre del Ministerio en el proceso contra 39 bolivianos acusados de vínculos con el terrorismo y el separatismo, algunos de los cuales han denunciado presiones desde la asesoría legal del Interior. Rivera impulsó también la persecución de líderes indígenas que rechazaban una carretera que pretende pasar por el corazón de su territorio, en un parque nacional.

Fernando Rivera, y su segundo, Dennis Rodas, están bajo sospecha además de haber manipulado varios procesos judiciales. Entre ellos, contra el ciudadano alemán Dirk Schmidt, acusado de tenencia de armas en 2010. Su abogado denunció presiones después de que un juez revocó su libertad un día después de concederla.

El presidente boliviano, Evo Morales, ha ordenado la inmediata detención de los presuntos culpables. Morales, en declaraciones al periódico El Deber de Santa Cruz, lamentó el escándalo. "A quién no va a doler que algún compañero esté metido en corrupción. Afecta al Gobierno, cómo no va a doler. No por doler vamos a proteger”, declaró.

El ministro del Interior, Carlos Romero, ha declarado a los medios locales que existía una investigación en curso hace varios meses en torno a la actividad de estos altos funcionarios, en respuesta a la oposición que pide su renuncia.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, expresó su temor de que haya otras víctimas de esta red en una entrevista con la cadena de televisión ATB, recogida por medios impresos: “Si esto han hecho con un norteamericano que está bajo la lupa diaria de su consulado, vaya uno a saber qué ha sucedido con otros individuos vinculados a actividades criminales. La extorsión se ha convertido acá en una industria”. La oposición ha exigido también la dimisión de Quintana, él mismo salpicado por otros escándalos.

Los bolivianos están azorados ante el escándalo, aunque no es el primero. Todavía se recuerda la detención en Panamá del director nacional de la lucha contra el narcotráfico, René Sanabria, que iba a entregar más de cien kilos de cocaína a traficantes que resultaron ser agentes encubiertos antidroga.