Las FARC retrasan al 2 de abril la liberación de los prisioneros canjeables
Tras varios retrasos, los últimos militares y policías serán puestos en libertad en dos tandas en abril
Tras varios retrasos, el Gobierno colombiano y las FARC se preparan para que la guerrilla libere, en dos tandas, los días 2 y 4 de abril a los últimos rehenes canjeables, diez militares y policías que llevan entre 13 y 14 años de cautiverio. El Ejecutivo aprobó este domingo el operativo, que será activado el domingo 1 de abril con la orden de suspensión de acciones militares en el área donde los rebeldes vayan a liberar a un primer grupo de cautivos.
La liberación, inicialmente anunciada para el 26 de marzo, sufrió una primera demora al 30 de marzo a petición de Colombia, Brasil y el Comité Internacional de la Cruz Roja por razones logísticas. La guerrilla solicitó un segundo aplazamiento al 2 y 4 de abril.
Las fechas previsiblemente definitivas para el proceso humanitario fueron anunciadas durante una reunión, en la sede del CICR en Bogotá, entre las partes implicadas en las gestiones. El anfitrión fue el delegado del CICR, Jordi Raich. También participaron el vicemiistro colombiano de Defensa, Jorge Enrique Bedoya; el embajador brasileño en el país, Antonino Mena; la excongresista Piedad Córdoba, líder del colectivo Colombianos y Colombianas por la Paz (CCP), y la presidenta de la asociación que agrupa a las familias de los cautivos, Marleny Orjuela.
Bedoya, portavoz gubernamental en este proceso, declaró a la salida de la reunión que el protocolo de seguridad del operativo obliga a las FARC a informar del área geográfica para la primera misión antes de las 19.00 hora local (24.00 GMT) del 31 de marzo.
Con dicha información "se puede hacer cese de operaciones a partir del 1 de abril a las 18.00 de la tarde (23.00 GMT) hasta el 3 de abril a las 6.00 hora local (11.00 GMT), para que la liberación se pueda desarrollar el día 2 de abril", precisó el viceministro.
Si los rebeldes no informan del lugar en su momento, "se estaría incumpliendo el protocolo", advirtió Bedoya, quien señaló que un procedimento similar deberá desarrollarse del 3 al 5 de abril, para la segunda y última misión humanitaria, el miércoles 4.
"Esperamos, por supuesto, que todo se cumpla, que las FARC esta vez sí cumplan con las familias [de los secuestrados]", expresó el portavoz gubernamental, quien, con todo, se lamentó del retraso en el operativo
Las partes ya habían escogido previamente el aeropuerto Vanguardia de la ciudad central de Villavicencio como base de los dos helicópteros que Brasil facilitará para las misiones, apoyo que este país ha prestado en el pasado.
Las aeronaves deberán despegar el próximo 1 de abril de Sao Gabriel da Cachoeira, el municipio del estado brasileño de Amazonas más cercano a la frontera con Colombia, y volarán hasta Villavicencio, según lo previsto por las partes.
La exsenadora Córdoba explicó que el 31 de marzo viajará con la activista Orjuela a esa localidad de Brasil, y regresarán a bordo de los helicópteros, como garantes de su ingreso en Colombia.
El origen extranjero de los aparatos, en este caso brasileño, es una de las exigencias que hicieron los rebeldes para las misiones de puesta en libertad de los diez rehenes
Los insurgentes también pidieron que en las misiones estén Córdoba, la activista Orjuela, que preside la Asociación Colombiana de Familiares de Miembros de la Fuerza Pública Retenidos y Liberados por Grupos Guerrilleros (Asfamipaz), y algunas líderes latinoamericanas de un grupo gestor de paz.
Ellas recogerán en las selvas a los militares Luis Alfonso Beltrán Franco, Luis Arturo Arcia, Robinson Salcedo Guarín y Luis Alfredo Moreno Chageza, y los policías Carlos José Duarte, César Augusto Lasso Monsalve, Jorge Trujillo Solarte, Jorge Humberto Romero, José Libardo Forero y Wilson Rojas Medina.
La puesta en libertad conjunta y no gradual de este último grupo de rehenes había sido comunicada el pasado 26 de febrero por el mando central de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Las FARC anunció públicamente su decisión de proscribir el secuestro de civiles con fines económicos.
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