Restaurar la racionalidad

Cada día que pasa, la posibilidad de que se abra un diálogo genuino y de buena fe sobre la cuestión catalana parece más remota. Al contrario, se agudiza el peligro de una confrontación que doblaría el abismo de incomunicación ya existente y cegaría aún más cualquier vía de salida negociada.

La probabilidad de que estemos en vísperas de una grave colisión es más que verosímil desde que el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, presentara en Madrid su ultimátum de referéndum acordado; respondido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con una seca apelación al uso “de todos los instrumentos” a su disposición, y culminado en la insidiosa repregunta de si Rajoy estaría dispuesto a usar la fuerza. Extemporánea, porque no hace falta fuerza si pese a todos sus desplantes, el secesionismo acaba acatando —como hasta ahora— las sentencias, cumpliendo las órdenes de los tribunales y las instrucciones de las policías judiciales.

Es de lamentar la respuesta de la Generalitat, acelerando la deriva unilateral y antiestatutaria del procés; marcando calendario para la fecha y la pregunta del supuesto referéndum; dictando una autoritaria reforma del reglamento del Parlament para fraguar una ley de desconexión exprés autoritaria, que atenta contra los derechos individuales de los catalanes.

Esa estrategia radical esconde una flaqueza. Busca forzar la aquiescencia de los “comunes” (Ada Colau, Iniciativa...), partidarios de una consulta legal, a su versión desnaturalizada e ilegal. Pablo Iglesias y su delegación catalana ya han caído en la trampa de no dar pábulo legal vinculante al referéndum pero bendecirlo como movilización callejera: ofrecen la envoltura “de izquierdas” a la pretensión autoritaria del “procesismo”. Si los “comunes” incurren en el mismo error, se evaporarán como eventual alternativa sólida e institucional, aunque sea en germen, a los secesionistas. Disponen, ellos y los demás partidos, de mejor opción: la de rechazar la agenda oficialista del referéndum unilateral: tan fantasmal, que ni lo postulaba en su programa electoral Junts pel Sí, por lo que carece de mandato electoral alguno.

El principal responsable del preocupante rumbo de los acontecimientos es el Govern catalán. Puigdemont y sus aliados hablan constantemente de iniciar una negociación, pero solo están dispuestos a que esta conduzca al único resultado que saben inaceptable para el Gobierno: un referéndum independentista. También proclaman con el mismo énfasis el carácter democrático y pacífico del procés independentista, pero no esconden su disposición a ignorar la voluntad y derechos de la mitad de los catalanes, saltarse las normas e instituciones (el Estatut y el Parlament) que simbolizan la democracia que ellos mismos disfrutan y coaccionar a jueces, mossos y otros funcionarios para que cooperen en un proceso de secesión ilegal y fraudulento.

De seguir el rumbo que los independentistas se han trazado, el Gobierno, con el pleno apoyo de la legalidad y el resto de las fuerzas políticas, se verá obligado a hacer respetar la Constitución y las instituciones de autogobierno catalanes. Pero aunque la aplicación y restauración de la legalidad, en caso de quebrarse esta, sea obligatoria, es inevitable anticipar que dicha intervención, legal y legítima, enconará aún más los ánimos y hará más difícil la vuelta del conflicto al ámbito político, de donde nunca debió salir.

Por eso, cuanto más negras son las perspectivas de reencauzar los problemas, más urgente es lanzar una llamada a los protagonistas para que actúen con responsabilidad y eviten un desbordamiento del marco constitucional de funestas consecuencias. Es hora de reactivar la agenda que pide la sociedad catalana. Dos tercios de la misma, según la última encuesta de EL PAÍS, propugnan la vía de un autogobierno reforzado mediante la negociación, rechazan la desconexión autoritaria y creen inviable la salida separatista. A la vez que aumenta la demanda social de recuperar el diálogo institucional, urgiendo a Puigdemont (y a Rajoy) a acudir al Congreso y rescatar la vía del PNV, ante la evidencia de su muy superior cosecha de resultados en temas clave para el mundo económico: infraestructuras y financiación.

Ante el golpe antiestatutario en marcha, urge un golpe de timón a cargo de las fuerzas catalanas para sustituir la actual dinámica de choque por otra de pacto, Asegura Puigdemont que mantiene su compromiso de retirarse en breve. ¿Con la responsabilidad de legar una derrota autoinferida, una situación inmanejable y una desafección de aquellos a los que su partido ilusionó con sueños? Promete Rajoy que nada se hará contra la ley. ¿A cuenta de respuestas susceptibles de destruir a la larga toda posibilidad de reconstruir puentes, psicológicos, personales, políticos?

La hora es grave. Es el momento de las renuncias mutuas, de la grandeza moral, de restaurar la racionalidad democrática y de asegurar la convivencia.