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La picaresca inmortal

Que aparezcan más casos no quiere decir que haya más corrupción, sino que se detecta más

Miembros del Gobierno regional madrileño aplauden a la presidenta, Cristina Cifuentes, a su llegada para su comparecencia en la comisión de investigación por corrupción de la Asamblea de Madrid.
Miembros del Gobierno regional madrileño aplauden a la presidenta, Cristina Cifuentes, a su llegada para su comparecencia en la comisión de investigación por corrupción de la Asamblea de Madrid. EFE

La corrupción moderna es solo una continuación del modo de vida picaresco. La palabra “corrupción” implica literalmente la descomposición de algo que era puro o correcto. Como una fruta podrida o un niño que se ha mezclado con malas compañías. Pero este no es el caso de la corrupción política. Las prácticas picarescas tradicionales no son una degeneración de nada que fuera puro o correcto antes. Eran la forma normal de hacer las cosas. La picaresca se convierte en algo moralmente condenable y la ocasión de escándalo solo cuando se introduce alguna legislación o regulación innovadora. La introducción de estándares para contratos, leyes que afectan el comercio, nuevos impuestos y procedimientos formales para contratar personal público y para tomar decisiones en las instituciones chocan con arreglos que tradicionalmente no estaban sometidos a restricciones formales. En este sentido, es la ley la que hace al corrupto, ya que este último no es más que el pícaro tradicional, solo que ahora vive en un contexto jurídico e institucional diferente.

Al fin y al cabo, hacer tratos con familiares, vecinos, protegidos, clientes, socios de negocios anteriores, amigos, conocidos ocasionales, transeúntes o camaradas de partido son formas sencillas y primitivas, casi podría decirse “naturales” de intercambios económicos y políticos. Por el contrario, tratar a todos en igualdad de condiciones, atendiendo solo al mérito y al imperio de la ley, requiere altos niveles de aprendizaje y formación y de desarrollo institucional que algunos países, incluido España, no han logrado alcanzar en un grado muy visible.

“La corrupción es una medida de la ausencia de una efectiva institucionalización política... también sintomática de la debilidad de las instituciones políticas”, como dijo el politólogo Samuel Huntington. “La corrupción en una sociedad en proceso de modernización no es tanto el resultado de la desviación de la conducta con respecto a las normas aceptadas como la desviación de las normas con respecto a los patrones establecidos de comportamiento”, como el mismo autor elaboró. Esa es la fuente del escándalo: “Nuevos estándares y criterios de lo que es correcto e incorrecto conducen a una condena de algunos patrones de comportamiento tradicionales como corruptos”.

Cuantas más medidas administrativas y legales se adoptan para vigilar y perseguir la corrupción, más escándalos surgen

El punto crítico, en el que España se hundió a principios de la época moderna, es cuando las normas innovadoras son lo suficientemente fuertes como para cuestionar los viejos estándares, pero no lo suficientemente fuertes como para prevalecer en los usos sociales. Entonces, se socava la legitimidad de todos los estándares, de todas las normas, viejas y nuevas. En este tipo de situación, algunos individuos sienten que tienen oportunidades abiertas de actuar por medios que ya no están justificados por las normas tradicionales —el corrupto ya no es socialmente admirado como el clásico pícaro—, pero tampoco están condenados fuertemente por las nuevas normas, ya que su aplicación es muy débil. El débil cumplimiento de las normas jurídicas transforma la tradicional y difundida picaresca en una corrupción generalizada y sistémica a un coste relativamente bajo para quienes participan en ese tipo de transacciones y trampas.

Con este enfoque, podemos darnos cuenta de que la sucesión de escándalos no es una buena medida de la corrupción real, porque la aparición del escándalo solo depende de la fuerza de las normas jurídicas innovadoras que chocan con el comportamiento tradicional y de la eficacia de los fiscales, los jueces y la opinión pública para detectar los casos y difundirlos.

Cabe así entender que cuantas más medidas administrativas y legales se adoptan para vigilar y perseguir la corrupción, más escándalos surgen. Un índice de la percepción ciudadana de la corrupción (no de la corrupción), publicado anualmente por Transparencia Internacional, muestra que la mayoría de los españoles encuestados piensan que los niveles de corrupción están aumentando año tras año, la corrupción en España es más generalizada que en la mayoría de los países europeos, y seguirá aumentando en el futuro previsible. Esto no significa, sin embargo, que hay una creciente corrupción. La percepción cada vez mayor de la corrupción significa que cada vez más personas están tomando conciencia de la extensión y la magnitud de las prácticas tradicionales, que en realidad habían sido simplemente alegales desde tiempo inmemorial.

Josep M. Colomer es economista y politólogo, autor de Ciencia de la política (Ariel).

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