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Aumentan los asesinatos de activistas

No solo fue Berta Cáceres, Amnistía Internacional denuncia que los homicidios de defensores de los derechos humanos, como lo era ella, han pasado de 156 en 2015 a 281 el año pasado

Pascual Bernabé, activista guatemalteco.

Dos disparos. La noche del 2 de marzo de 2016, Berta Cáceres fue asesinada a tiros en su casa en Tegucigalpa, Honduras. Pese a que era una de las más conocidas activistas ambientales, fue tras su muerte cuando muchos oyeron hablar por primera vez de ella y su lucha en defensa de los derechos del pueblo lenca, al que pertenecía, y la batalla que mantenía contra la construcción de la presa de Agua Zarca. El enorme proyecto afectaba al río Gualcarque, sagrado para los indígenas.

Como ella, 281 defensores de los derechos humanos fueron víctimas de homicidio por su labor, tres cuartas partes en América, según datos de Front Line Defenders recogidos en el informe Defensores y defensoras de los derechos humanos bajo amenaza, publicado este martes por Amnistía Internacional. La cifra supone un incremento del 80% respecto a los 156 asesinados en 2015. Y en 2017 continúa la tendencia alcista, alerta la organización: solo en enero han sido asesinados 10, casi el doble de la media mensual de 2016.

La lista negra es larga y la impunidad de la que gozan los perpetradores favorece la suma de nombres: Abdul Basit Abu Dahab, de Libia; Gloria Capitán, de Filipinas; Marcel Tengeneza, de República Democrática del Congo; Emilsen Manyoma y Joe Javier Rodallega, en Boaventura (Colombia)... Así, hasta 3.500 asesinados desde 1998, cuando se aprobó la Declaración para la protección de los defensores y defensoras. "Y en la mayoría de los casos, nadie ha sido declarado culpable o acusado siquiera de estos crímenes"; advierte Amnistía.

Los secuestros, desapariciones forzadas, persecución legal, campañas de desprestigio, violaciones, amenazas o censura, completan el menú de macabras estrategias contra la actividad de los defensores de los derechos humanos

Con la campaña Valiente, presentada por la organización simultáneamente a escala global –en España, en el teatro Alfil de Madrid–, Amnistía Internacional pretende destacar la labor de estos activistas que se juegan la vida por defender lo justo. "Y pedir a los Gobiernos que cumplan con su obligación de protegerles", ha señalado el periodista Fernando Olmeda, presentador del evento. Sobre el escenario han charlado Dessale Berekehet, periodista eritreo exiliado en Noruega, Pascual Bernabé, activista ambiental guatemalteco, y Maribel Tellado, coordinadora de la campaña en la ONG.

El asesinado es el más fatal de los desenlaces, pero no es el único ataque que enfrentan los activistas por parte de gobiernos, empresas, grupos armados o criminales para frenar su trabajo. Los secuestros, desapariciones forzadas, persecución legal, campañas de desprestigio, asaltos sexuales, amenazas o censura, completan el menú de macabras estrategias contra la actividad de estudiantes, abogados, líderes comunitarios, periodistas, sindicalistas, ecologistas y, en definitiva, cualquiera que ose denunciar violaciones de derechos humanos, abusos de poder e injusticias.

"Autoridades de todo el mundo abusan de forma creciente de leyes penales, civiles y administrativas para atacar y acosar a defensores a fin deslegitimarlos a ellos y sus causas", subraya el informe de Amnistía. En este sentido, la organización destaca a modo de ejemplo el caso de Farid al Atrash e Issa Amro, ambos detenidos por soldados israelíes tras haber participado en una manifestación pacífica, pero acusados de tomar parte en una protesta ilegal y agredir a los soldados. "Un vídeo corrobora el relato de Al Atrash de que cuando lo detuvieron sostenía pacíficamente una pancarta delante de los soldados", asegura la ONG. Otros, prosigue el documento, son enjuiciados en aplicación de leyes "excesivamente generales y redactadas de forma imprecisa, en especial las antiterroristas, contra el narcotráfico, de seguridad nacional o contra el extremismo". Eso cuando no se elaboran normas ad hoc para criminalizar el trabajo de los activistas a los que, con creciente frecuencia, se les acusa de incitación a la violencia por organizar manifestaciones, añaden los autores.

Esta práctica no es exclusiva de países en desarrollo donde la pobreza y la fragilidad institucional favorecen la corrupción. Así lo hace notar Amnistía cuando dedica un capítulo al caso de Edward Snowden, el exagente de los servicios de inteligencia estadounidenses que filtró a la prensa información que desvelaba la vigilancia masiva a ciudadanos por parte de EE UU y Reino Unido, entre otros países. "Se enfrenta a 30 años de prisión en Estados Unidos por revelar datos de enorme interés público. (...) Altos cargos del país lo han condenado sin juicio, conculcando su derecho a la presunción de inocencia. (...) Las autoridades le han anulado su pasaporte, por lo que sigue sin poder viajar a países que le han ofrecido asilo", enumera la organización sobre el analista, actualmente residente en Moscú.

España no es una excepción. Amnistía Internacional ha criticado y pedido al Gobierno la reforma de la conocida como Ley Mordaza. Tellado lo ha reiterado en su intervención: "José Palazón, un activista muy conocido, documentó con grabaciones el uso excesivo de la fuerza con inmigrantes por parte de las fuerzas de seguridad en la frontera. Hoy, esa acción, con la actual ley de seguridad ciudadana, no sería posible".

España no es una excepción: Amnistía Internacional ha criticado y pedido al Gobierno la reforma de la conocida como Ley Mordaza.

Es común, asimismo, que los activistas sean sometidos a campañas de difamación. Sucede que "las autoridades y otras personas en el poder les acusen públicamente (en falso) de terroristas, antipatriotas, corruptos, espías o enemigos del Estado", entre otras lindezas, apuntan los autores. Eso, cuando no son los llamados trolls, adversarios desconocidos en redes sociales, quienes les acosan verbalmente, desinforman sobre su figura o les amenazan. "Si no te matan, te hacen la vida imposible. Los trolls generan un clima constante de miedo, que hace que la gente deje de publicar", recoge el informe el testimonio de Alberto Escocia, defensor mexicano de los derechos humanos. "Denunciar los ataques a la red social correspondiente no siempre elimina el problema", apunta Amnistía. Esto se debe, explica, a que los hostigadores van en muchos casos por delante de los proveedores del servicio online en cuanto a cuestiones técnicas.

En este sentido, los periodistas y comunicadores, son blanco habitual en un intento de frenar sus publicaciones cuando estas denuncian abusos de poder o delitos. Además de la difamación, la vigilancia y la censura son prácticas comunes para lograrlo, cuando no les cortan Internet, les impiden acceder a las fuentes o los lugares de los hechos. Es tan sencillo como denegarles asistir a un acto o el visado de entrada a un determinado país. Las restricciones a la libertad de circulación han afectado incuso a activistas de Amnistía Internacional a los que se les ha prohibido viajar a ciertos países o les han expulsado cuando estaban investigando en terreno.

Acoso a mujeres y homosexuales, por serlo y defenderlos

Especialmente vulnerables a los ataques son los colectivos que pertenecen o defienden los derechos de las mujeres y las personas LGTBI (lesbianas, gais, transexuales, bisexuales e intersexuales). Las activistas enfrentan, además de los citados riesgos, la posibilidad de ser violadas para infundirles miedo, así como calificativos que cuestionan la decencia que se le supone tradicionalmente a la población femenina. Las amenazas a sus familias también son habituales, forzándolas a elegir entre la defensa de lo que consideran justo y la seguridad de los suyos.

"Las defensoras, por desafiar los roles tradicionales, se enfrentan a discriminación. Se les tacha de promiscuas, se las viola, se amenaza a sus hijos. Por ejemplo, en El Salvador, quienes luchan por la despenalización del aborto reciben ataques de la propia prensa, que las califica de antipatriotas o las acusa de llenar las calles de ríos de sangre", ha detallado Maribel Tellado, coordinadora de la campaña de Amnistía. "En cuanto al colectivo LGTBI, a las amenazas y asesinatos se suman otras formas de persecución. No solo en Uganda. En el vídeo de la campaña vemos a Sakris Kupila, que es de Finlandia y ha sufrido acoso e intimidación. Ha tenido que abandonar incluso su carrera de Medicina", ha añadido Tellado.

El valiente Pascual Bernabé

Pascual Bernabé durante la entrevista este martes en Madrid. ampliar foto
Pascual Bernabé durante la entrevista este martes en Madrid.

Pascual Bernabé Velázquez, de 61 años, es un líder indígena maya Q’anjob’all, en Huehuetenango (Guatemala). Sin posibilidades de cursar secundarias "por situaciones de pobres", su universidad fue conocer los problemas de la gente. Tanto los conoce que es líder del Gobierno plurinacional de los indígenas mayas de la región, como atestigua el bastón de mando que porta en las manos durante su intervención en la presentación de la campaña de Amnistía Internacional en Madrid.

Este hombre de hablar pausado y gesto serio, es uno de los numerosos activistas ambientales que se ha opuesto a la instalación de las hidroeléctricas en su comunidad. "Se llevan la naturaleza, se apropian de ella y no dejan ningún desarrollo para la gente", denuncia. Por eso, en las consultas comunitarias que han realizado, los Q’anjob’all han acordado mayoritariamente rechazar la presencia de las transnacionales, principalmente canadienses y españolas, en sus tierras.

¿Y si les ofrecieran el tipo de desarrollo que ellos reclaman, alternativo, en beneficio de la comunidad y los campesinos? "Eso nunca ocurre", zanja rotundo Bernabé. "La luz se la llevan a México. Si hubiera proyectos para la gente, de desarrollo social y productivo, impulsados por los pueblos, no habría problema. Pero la realidad es que el beneficio es solo para las empresas", detalla.

Todas estas razones han empujado a los nativos a la protesta. "Pacífica", subraya Bernabé. Pero los asesinatos, las órdenes de captura y el hostigamiento no han cesado contra ellos, denuncia. No solo teme por su vida como líder, sino también por la de sus vecinos. Y tiene motivos. "Un atentado puede ser en cualquier lugar. Hace dos meses, la población se enfrentó a una empresa hidroeléctrica y un anciano fue asesinado con armas de fuego. Otros, fueron víctimas antes, pero él fue el último", relata. Los datos recabados por Front Line Defenders dan buena cuenta de que sus miedos no son infundados. Dos tercios de los 281 activistas asesinados en 2016 eran de América. Y la mitad trabajaban sobre problemas de la tierra, territorio y medio ambiente.

¿Por qué defender hasta la muerte la tierra contra gigantes corporaciones? "Para los pueblos indígenas, la tierra, las montañas, las aguas... son nuestra madre. El agua es la mamá, mamamos de ella porque de ella venimos. Y la tierra es igual, porque de ahí brota la comida", explica pausadamente. Bernabé se muestra escéptico cuando se le pregunta por las posibles soluciones. "El conflicto viene de años atrás, a través de las leyes que el Gobierno ha hecho en favor de las empresas transnacionales que se sienten dueñas de las tierras", explica. "Al Gobierno me gustaría decirle que ya no reprima a la gente, que no dicte órdenes de captura y que respete las leyes de Guatemala y los convenios internacionales, porque está violando, conjuntamente con las empresas, los derechos humanos", termina.

Por su parte, Amnistía Internacional ha podido constatar el mal uso del sistema de justicia penal en Guatemala mediante la apertura de procesos judiciales infundados como una forma de intimidar y desgastar a defensores y defensoras de derechos humanos. "En varios casos, ser parte de un movimiento social o miembro de una organización que trabaja por los derechos relacionados a la tierra y al medio ambiente ha sido tomado como un indicador de responsabilidad penal", denuncia la ONG. "Los activistas quedan a la espera de juicios que se dan tras años de estar detenidas, lo que implica su desgaste y la privación de su derecho a la libertad, con el consecuente impacto negativo que su ausencia tiene para la estabilidad de su familia y para la articulación de actividades de defensa de derechos humanos", añade.

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