Derecho a la tierra: garantía para una paz duradera

A pesar de los avances en el proceso de paz, la ley del más fuerte sigue imperando en buena parte del medio rural colombiano. Campesinos e indígenas continúan sufriendo asesinatos, amenazas e intimidaciones por parte de grupos con intereses terratenientes.

Sin embargo, el ministro de Defensa Luis Carlos Villegas sostuvo recientemente que los paramilitares no existen en Colombia, afirmación duramente criticada por los movimientos sociales, que informan de múltiples acciones atribuidas en todo el país a estos grupos. Si no existen los paramilitares, nos preguntamos, ¿quién está asesinando a los líderes sociales? Esta situación se vive con gran preocupación en la Corporación Claretiana Norman Pérez y en tantas otras organizaciones que trabajan junto a las comunidades.

El histórico problema de la tierra en Colombia

El histórico acaparamiento de las tierras productivas en pocas manos implica que indígenas y campesinos humildes sean despojados de los territorios que habitan desde tiempos ancestrales. Y, al ser apartados de sus tierras, su territorio de vida se ve reducido. En el caso de los indígenas, es bueno insistir en que no suelen hablar de tierra sino de territorio, ya que su sentido es más amplio y decisivo. El territorio es donde está todo, donde está su ser, su cultura, su conexión con la vida.

En los llanos, las tierras han sido cercadas por personas con grandes intereses ganaderos y agroindustriales. Estos cercamientos, que continúan produciéndose, están en la raíz del conflicto armado en Colombia y de algunas de sus graves consecuencias: 10 millones de hectáreas usurpadas a sus legítimos dueños, 8 millones de desplazados, 70.000 desaparecidos…

En este sentido, la actuación del Estado es decepcionante. Desde 2012 existe una ley de víctimas y restitución de tierras para devolver terrenos a las personas que fueron despojadas. Pues bien, del millón de hectáreas que se fijó como objetivo para 2016, solo se han alcanzado 100.000. Por otro lado, el gobierno aprobó la ley de Zidres (Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social), que en nuestra opinión contradice los acuerdos de La Habana en los que el gobierno se comprometió a asegurar el acceso a la tierra a víctimas del conflicto, campesinos e indígenas. Dicha ley otorga derechos a conglomerados económicos que podrán acaparar tierras baldías que debieran ser para la superación de la pobreza.

Esto demuestra que no hay una voluntad política clara. El Estado no está garantizando a indígenas y campesinos el derecho a vivir dignamente en su territorio. No pretendemos decir que esto sea imposible y, de hecho, creemos que es posible, pero requiere de un cambio claro en la actitud del Estado. Asimismo, se necesita que la Comunidad Internacional esté atenta para que los recursos no sean monopolizados por grandes empresas y terratenientes, dejando solo las migajas a los pobres. Hacemos un llamado a vigilar la implementación de los acuerdos, el acceso a la tierra y el respeto a una pequeña y mediana agricultura que asegure un desarrollo realmente sostenible.

Nómadas aprendiendo a cultivar

La situación es particularmente difícil para los pueblos seminómadas que han visto reducido su territorio a consecuencia del conflicto, la intervención de las multinacionales y el acaparamiento de tierras. Al no poder desplazarse por los llanos o las selvas, como hacían ancestralmente, su acceso al alimento se ve seriamente amenazado. La selva antes era capaz de dar a las familias todo el alimento que necesitaban (y les sobraba). Pero ahora, con la reducción del territorio, con los megacultivos, con la ambición del hombre blanco, como ellos dicen, la tierra se empequeñece y los alimentos no alcanzan.

Es el caso de los indígenas Waüpijiwi y Yamaleros del Resguardo de Caño Mochuelo, en el departamento de Casanare (Orinoquía), donde la Corporación Claretiana tiene un proyecto financiado por Manos Unidas, mediante el cual apoyamos a estas comunidades en el ámbito de la soberanía alimentaria y del fortalecimiento organizativo para que sean ellas mismas las que defiendan activamente sus derechos.

A pesar de que no tenían una práctica agrícola consolidada, gracias a la formación aportada por el proyecto las comunidades cultivan y cosechan ya varios productos de forma autónoma. Pero esta autonomía sigue estrechamente ligada al derecho de los pobladores a la tierra, a que no sea invadida por intereses multinacionales o nacionales, a que se respete su cultura y que no sufran ningún acto de violencia. Aquí se percibe la total interdependencia entre la supervivencia material y cultural, la soberanía alimentaria y la lucha de estas comunidades en defensa de sus derechos.

Los indígenas de esta región tienen una práctica llamada wakena: cuando traen la comida –un animal que hayan cazado, por ejemplo-, lo comparten en una fiesta; están felices. Y lo que se celebra es el propio compartir, la alegría del compartir. Eso es la wakena. Vemos algo de este sentimiento en las personas solidarias que se movilizan por las poblaciones más desfavorecidas; personas que se conmueven y se comprometen por algo más allá de sí mismas. Podríamos aprender mucho de la wakena… Sería, sin duda, una buena senda para acabar con la codicia y la violencia en Colombia, y una inspiración para defender de manera firme el derecho al territorio por parte de las comunidades que lo habitan.

Aprovechemos esta oportunidad histórica para evitar que se vuelvan a generar violencias en el futuro y para que definitivamente los campesinos y los indígenas tengan derecho a la tierra.

Jaime Absalón León es coordinador de la Corporación Claretiana Norman Pérez Bello, organización social que acompaña a indígenas y campesinos en el impulso de sus comunidades, la defensa de sus derechos y la denuncia pública de abusos por parte de los intereses terratenientes.