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Proteger el Big Data

Es necesario elaborar nuevas leyes ante los retos de la tecnología

Entrada de la sede de la CIA en Langley, Estados Unidos.
Entrada de la sede de la CIA en Langley, Estados Unidos. EFE

La nueva filtración de datos de la organización WikiLeaks, que acusa a los servicios de inteligencia estadounidenses de poseer sistemas de intervención de comunicaciones que no solo afectan a ordenadores o teléfonos sino también a otros electrodomésticos como los llamados televisores inteligentes pone sobre la mesa varias cuestiones cruciales respecto al desarrollo tecnológico, algunas de las cuales van mucho más allá que el propio objeto de la filtración.

Conviene recalcar que, debidamente analizada y a pesar de los anuncios hechos por WikiLeaks, los documentos facilitados por la organización de Julian Assange —aparte de ser antiguos— no demuestran que la CIA ni ningún otro servicio de inteligencia tenga en la actualidad capacidad para desencriptar las aplicaciones de comunicación utilizadas masivamente en los teléfonos móviles. Es decir, pinchar estas comunicaciones —con las mejoras introducidas por las compañías tras el escándalo de escuchas de la NSA en 2013— continuaría siendo una labor individual de espionaje clásico y no respondería a la imagen de Gran Hermano global que denuncia Assange.

Independientemente de esto, la administración Trump está obligada a respetar el compromiso adquirido por su antecesor en la Casa Blanca con la industria tecnológica para que los servicios de espionaje de Estados Unidos no traten de sacar ventaja de las nuevas tecnologías para realizar tareas de espionaje masivo.

En cualquier caso, el avance imparable y cada vez más rápido en la incorporación a la vida cotidiana de aparatos conectados a Internet —desde televisores hasta los relojes, pasando por dispositivos de conducción o refrigeradores— hace que el sistema legal que protege a los ciudadanos necesite ser revisado de manera realista, eficaz y urgente. Lo cierto es que, hoy por hoy, las normas vigentes protegen a los ciudadanos y su derecho a la intimidad ante amenazas conocidas —podemos llamarlas viejas— pero no ante las nuevas circunstancias del paradigma tecnológico que se está instaurando.

La conexión permanente a Internet a través de multitud de aparatos de uso habitual pronto dejará de ser una opción para convertirse en una necesidad —si no lo ha hecho ya—. Esto convierte a sus usuarios no solo en potenciales objetivos, bajo circunstancias muy específicas, de los servicios de inteligencia de un país, que es de lo que versan los documentos filtrados por WikiLeaks, sino —y aquí está la gran novedad— en el objeto de deseo de compañías de todo tipo que pretenden obtener toda la información posible sobre sus clientes y potenciales clientes. Este cúmulo de datos, el llamado Big Data, puede ser considerado el nuevo oro negro del siglo XXI y es necesario elaborar un marco legal eficiente —por ejemplo, unas reglas del juego claras y equitativas entre empresas y clientes en lo que respecta a la cesión de datos— y adoptar las medidas tecnológicas necesarias para evitar que los ciudadanos se conviertan en suministradores involuntarios de esta riqueza a la vez que son violados algunos de sus derechos fundamentales. Hay que tener muy presente que la violación de la intimidad ya no es cosa de espías.

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