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Una huelga inoportuna

Las reivindicaciones de la comunidad educativa son justas, pero no debería recurrirse a la huelga si existen condiciones para el acuerdo político

Manifestación en Madrid convocada por el Sindicato de Estudiantes.
Manifestación en Madrid convocada por el Sindicato de Estudiantes.

Ahora que ha pasado lo peor de la crisis, es hora de recuperar el terreno perdido a causa de los recortes y la congelación de plantillas e inversiones en el sistema educativo. Las reivindicaciones que plantean los sindicatos de profesores y las asociaciones de padres y alumnos son razonables. No se puede perpetuar una situación de precariedad que amenaza la calidad educativa. El Gobierno debe pactar con los partidos de la oposición y la comunidad educativa para dotar a la red pública de los recursos que necesita, acabar con la interinidad de los profesores y mejorar la política de becas.

Pero los agentes sociales que ayer se movilizaron deben reflexionar sobre si la huelga general es el mejor instrumento para defender sus legítimos intereses. Con la de ayer son ya 24 las jornadas de huelga celebradas desde 2012. El paro tuvo un seguimiento muy desigual, lo que indica que si bien las reivindicaciones son compartidas, no lo es tanto el método de protesta elegido. La huelga general debería ser el último recurso y es evidente que ahora no puede ser considerada como tal, pues la situación política permite abordar la problemática educativa en el hemiciclo parlamentario con garantías de éxito.

El PP, único valedor de la LOMCE, ya no tiene mayoría absoluta y de hecho ya ha tenido que dar marcha atrás en aspectos tan importantes como las reválidas. Es cierto que está utilizando argucias dilatorias para no cumplir sus compromisos de investidura, pero los partidos de la oposición están en condiciones de obligarle a revisar la ley. Existe, además, el compromiso firme de abordar un pacto de Estado por la educación y la oposición tiene fuerza política para lograrlo. Hay que dejar que el Parlamento trabaje, como está haciendo ya la subcomisión constituida a tal efecto el pasado mes de diciembre, y que cumpla el mandato ciudadano de alumbrar una legislación educativa duradera y estable.

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