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Verdad judicial y memoria

La verdad judicial disciplina nuestra mirada, contribuye a afianzar la atribución de responsabilidades y sirve de antídoto frente al veneno de la desconfianza

La Infanta Cristina e Iñaki Urdangarín en una foto de archivo AFP

El poder judicial es, desde hace ya tiempo, uno de los principales actores de la política española: en el desvelamiento de las diferentes tramas de corrupción, en la evaluación de los excesos del poder financiero, en el tema catalán. Podremos estar más o menos de acuerdo con unas u otras decisiones, nos gustará o no que así sea, pero lo cierto es que su función reside en “poner orden” en el caos de las opiniones enfrentadas. Fija una “verdad”, la judicial, la única propiamente objetivable, corpórea, dentro de los sistemas democráticos.

Ahora le ha llegado el turno a la trama urdida bajo la sombra de la Casa Real. Al contrario de lo ocurrido en otros ámbitos, aquí sí hubo una anticipación de sus consecuencias mediante la abdicación del rey Juan Carlos. Sería extraño decir que ya se asumieron “responsabilidades políticas”, se supone que es una institución meta-política, pero fungió como tal. Al menos como una forma de apelación al perdón de la ciudadanía. La infanta Cristina pudo haberlo hecho también renunciando a sus derechos de sucesión. No lo hizo.

Los expertos jurídicos serán los encargados de señalar si la sentencia se ajusta o no a la jurisprudencia anterior relativa a la responsabilidad de los cónyuges con respecto a las acciones de sus maridos. Del mismo modo en que nunca sabremos la influencia de consideraciones políticas en una sentencia que ha tardado en producirse. Decir que las decisiones judiciales están exentas de crítica es tan banal como afirmar que la justicia es igual para todos. En un sistema democrático ambas consideraciones se dan por supuestas.

Lo más relevante del caso, a mi juicio, es que este cierre provisional no puede dejarnos indiferentes ante los hechos probados. La verdad judicial no apacigua la indignación; esclarece algunas incertidumbres, pero da paso a la vez al recuerdo de lo ya casi olvidado. Me refiero al hecho de que el caso Urdangarín, en plena coincidencia temporal con el de Bárcenas, en su momento fue la espoleta que abrió a la conciencia pública ese conjunto de prácticas corruptas que nos condujeron a contemplar con nuevos ojos a un orden político que hasta entonces había conseguido ocultar sus vergüenzas.

En este sentido, la verdad judicial tiene también un efecto terapéutico: disciplina nuestra mirada, contribuye a afianzar la atribución de responsabilidades lejos de las pasiones del momento y sirve de antídoto frente al veneno de la desconfianza. Pero no puede evitar removernos por dentro, haciéndonos recuperar la memoria de un periodo que puso a todo el sistema bajo sospecha. Este efecto catártico debería ser aprovechado para incentivar las prácticas de una sociedad vigilante y permitir reconciliarnos con las instituciones que sí funcionan.

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