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Paros y protestas en el río Marañón

La lucha de los indígenas de la Amazonia peruana contra las petroleras llega hasta el Gobierno

Trabajadores contratados por Petroperú en la limpieza del derrame de Monterrico del pasado 24 de septiembre.
Trabajadores contratados por Petroperú en la limpieza del derrame de Monterrico del pasado 24 de septiembre.

La lucha de los pueblos indígenas de la Amazonia peruana contra las petroleras ha comenzado a dar sus frutos. Su voz ha llegado hasta Lima y el Gobierno la ha escuchado.

Las protestas comenzaron en septiembre con un paro indefinido, convocado por las organizaciones indígenas, como protesta por los continuos vertidos de petróleo. Las comunidades nativas del distrito de Urarinas decidieron bloquear los ríos Marañón, Corriente y Chambira utilizando para ello barcazas de Petroperú. Paralizaron la actividad en el aeropuerto de Trompeteros, y tomaron la estación petrolera de Saramurillo y Saramuro, después de que la empresa Pluspetrol Norte, SA, evacuara de la instalación a sus trabajadores.

Las reclamaciones

  • Seguridad integral en la actividad petrolera, en los Lotes 192 y 8, como en el Oleoducto Norperuano.

  • Cambio del Oleoducto obsoleto.

  • Revisión del Contrato de Pluspetrol Norte.

  • Remedición urgente del Lote 192 y Lote 8 que Pluspetrol dejó en abandono tras el derrame de 2015.

  • Aprobar o crear una ley de monitoreo ambiental que analice si la contaminación se ha incrementado o reducido en la zona.

  • Compensación del Estado a los pueblos indígenas afectados por la contaminación petrolera.

  • El establecimiento de una comisión de la Verdad.

A la zona acudieron pobladores de todas las comunidades para respaldar el paro. Se produjeron incidentes con algunos tripulantes de las embarcaciones, que fueron acusados de disparar a los manifestantes. Los huelguistas decidieron liberar las embarcaciones de pasajeros y comerciales, algunas de las cuales llevaban atrapadas desde septiembre. Muchos productos llegaron en mal estado y los precios en los mercados de Iquitos se incrementaron hasta un 80%. Las naves de transportes de combustibles continuaron retenidas y el gas incrementó también su precio.

En su pronunciamiento, llaman al Estado a respetar los derechos fundamentales de los pueblos conforme a la Constitución y los tratados internacionales y a instalar un mecanismo adecuado para solucionar las demandas, rechazando el modelo de diálogo del Gobierno anterior que según los convocantes solo sirve para manipular y dilatar las agendas.

Tras el desinterés mostrado por el ejecutivo los huelguistas exigían la incorporación del presidente de la república o del presidente del consejo de ministros a la reunión negociadora que se estaba preparando.

La defensa de Petroperú insiste en que los derrames son provocados por sabotajes y pidió la intervención de la Marina peruana. Cuatro militares de la marina de guerra fueron retenidos por los indígenas el ocho de noviembre en Saramurillo. Uno de los líderes nativos, Joel Reategui Impi, relató que fueron sorprendidos fuertemente armados y tomando imágenes con un dron, de la reunión que se estaba produciendo. Según el diario La Región, tomaban imágenes como medidas de seguridad ante la llegada de los ministros del ejecutivo a la próxima reunión con los representantes indígenas. En un comunicado la Marina precisaba que los militares realizaban acciones de monitoreo ambiental, con el fin de verificar la posible afectación de los cursos de agua ante los derrames debido a su compromiso de protección, preservación del medio ambiente y apoyo de las comunidades nativas de la Amazonia, función que llevan a cabo en exclusiva empresas privadas transnacionales contratadas para este fin.

Durante la huelga el Pleno del Congreso aprobó crear una comisión investigadora de los derrames de petróleo en el Oleoducto Norperuano con la función de establecer responsabilidades, investigar sobre los impactos ambientales y evaluar los daños ocasionados a las comunidades indígenas que viven en las cercanías del Oleoducto.

El 20 de noviembre se firmó en Lima el acuerdo que ponía fin al paro

El 20 de noviembre se firmó en Lima el acuerdo que ponía fin al paro. Los ministros de Defensa, Justicia y Derechos Humanos, y Cultura, con la presencia de los representantes de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría del pueblo, se reunieron con Los representantes indígenas. Se comprometieron a crear una mesa de diálogo con todas las partes implicadas, para trabajar sobre la remediación de la situación. Dan un plazo de quince días para que la mesa de trabajo emita sus conclusiones y no dilatar más los procesos. Los huelguistas se comprometen a la entrega el próximo día 27 de noviembre de las instalaciones petroleras de Saramurillo, y a liberar el tráfico fluvial.

El acuerdo se fraguó gracias a la visita a la zona cinco días antes del ministro de Defensa, Mariano González. Este se comprometió a buscar una solución a cambio de una tregua en el bloqueo. Descartó la intervención de las fuerzas armadas contra los huelguistas, al considerar que era legítima su protesta porque la contaminación producida por los vertidos afecta al Medio Ambiente.

El Área de Pueblos Indígenas del Instituto de Defensa Legal (IDL), junto con la Comisión de Justicia, Paz y Derechos del Vicariato de Iquitos ha reunido todo el material sobre los informes, cartas y testimonios de los últimos vertidos con la finalidad de contribuir en los procesos abiertos desde el Gobierno y el Congreso. Con esto IDL se propone dar a conocer a la opinión pública, a la prensa y al Estado, el actuar de las autoridades y la evolución de los hechos.

La ministra de justicia de Perú anunció ayer que el Ejecutivo ha invitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y al Relator de desechos tóxicos de las Naciones Unidas a visitar la comunidad de Cuninico y las demás zonas afectadas por los constantes derrames de petróleo.

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