Igualdad de indemnización

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que defiende la igualdad de indemnizaciones por despido entre los contratados fijos y los interinos (probablemente extensible también a los temporales) supone un grave correctivo a una parte del modelo laboral español. Al establecer que la duración del contrato no es razón objetiva para que la indemnización sea diferente (en la legislación española, la compensación por despido en los contratos indefinidos es de 20 días por año trabajado, 12 días los temporales y nada los interinos), el tribunal favorece que las indemnizaciones se igualen; equiparación que favorecería a más de cuatro millones de trabajadores. España es un país con elevada precariedad laboral, efecto en parte de una estructura productiva dependiente del turismo y del ladrillo.

Mientras el Gobierno en funciones analiza el fallo, interpreta sus consecuencias y asimila el varapalo jurídico (que afecta al Estatuto de los Trabajadores de 1980), la conducta política más correcta es aceptar la sentencia (va de suyo) y proceder a las modificaciones legales que sean necesarias para cumplirla. Tarea que deberá ejecutar un Gobierno estable, y no un Ejecutivo en funciones. El principio jurídico y contractual que defiende el tribunal europeo es correcto: la duración de un contrato no es causa objetiva —puede haber otras, pero esa no— para discriminar a interinos y temporales. Por lo tanto, lo deseable y socialmente justo es que las indemnizaciones de interinos y, si ha lugar, los temporales, se equiparen a las indemnizaciones de los fijos en cuanto a días por año trabajado.

Habrá presiones, y muy intensas, para que la igualación se produzca por abajo, es decir, por los 12 días o menos, también para los fijos. Sería un camino regresivo en cuanto a derechos sociales, poco útil para las empresas (sus beneficios dependen de la evolución de la demanda y no de una rebaja continua del coste del despido) y contraproducente para el crecimiento.