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¿Qué hacemos con la obesidad?

Los Estados buscan fórmulas para combatir una epidemia global que causa el 5% de las muertes

Cristina Galindo
Modelos de tallas grandes en el London Fashion Week de 2014.
Modelos de tallas grandes en el London Fashion Week de 2014.John Phillips (Getty)

Nunca había habido a nuestro alcance tanta información sobre salud y nutrición, sobre la importancia de una dieta sana y hacer ejercicio para combatir el sedentarismo (más allá de perseguir Pokémons como locos por los parques). El debate en torno a qué engorda más se refleja en multitud de libros y artículos de prensa. Proliferan los concursos televisivos que promueven la gastronomía frente a la comida basura y documentales que muestran qué pasa cuando uno se atiborra a hamburguesas o deja de comer azúcar. Pero, paradójicamente, jamás había habido tanta gente con problemas de sobrepeso. Para frenar esta crisis de alcance global, los Estados buscan nuevas fórmulas. Una de las medidas más controvertidas, con gran oposición de la industria, son las tasas que penalizan el consumo de determinados alimentos, sobre todo el azúcar. La cuestión es si servirán de algo.

La preocupación (al menos teórica) por lo sano convive con una epidemia alarmante de obesidad que crece desde los años ochenta. No solo en los países ricos, sino también en los que tienen menos recursos y altos índices de malnutrición. Se calcula que 2.100 millones de personas sufren sobrepeso (el 30% de la población) y, de ellas, casi 700 millones son obesas, según un análisis publicado en The Lancet con datos de 188 países que concluía que el problema afecta a gente de todas las edades y que ningún país ha conseguido revertir la tendencia en los últimos 30 años.

No se trata de estigmatizar a la gente por su aspecto, pero los expertos recuerdan que estar demasiado gordo puede acarrear varios tipos de enfermedades crónicas, como la diabetes tipo 2 (no insulino-dependiente), o secuelas y medicaciones de por vida a causa de males cardiovasculares. Tras la guerra, el terrorismo y el tabaco, la obesidad es la condición que más muertes provoca en el mundo (el 5%). El impacto económico global es de dos billones de euros al año, el 2,8% del PIB mundial, según la consultora McKinsey, por los cuantiosos gastos sanitarios y farmacéuticos. Se trata de un coste similar al de los conflictos armados y el tabaco. “Tenemos una vida cada vez más sedentaria. Ingerimos más calorías y hemos ido abandonando el patrón de la dieta mediterránea en favor de la comida rápida y las carnes procesadas. Los niños celebran sus cumpleaños en las hamburgueserías y luego las frutas y las verduras no les saben a nada”, explica Miguel Ángel Martínez González, epidemiólogo e investigador de la Universidad de Navarra.

Una de las principales estrategias públicas hasta ahora ha sido la información, con programas de concienciación para animar a los ciudadanos a seguir hábitos de vida saludables, en colaboración con la industria y los expertos en nutrición. Ese es el camino elegido por España, donde por ejemplo en cada vez más colegios se empieza a enseñar a bien comer. También se ha trabajado para mejorar el etiquetado. Sin embargo, en los últimos 15 años se ha duplicado el número de personas con kilos de más.

Reino Unido planea introducir en 2018 una tasa que penalice el consumo de refrescos azucarados

La situación es tan preocupante que algunos países están empezando a intervenir de forma más directa y rotunda. El Reino Unido planea introducir en 2018 una tasa que gravará el consumo de los refrescos azucarados, una medida que ya funciona en Francia, Hungría, Finlandia, Bélgica, México y algunas ciudades de EE UU. Los contrarios a este tipo de políticas, con la industria a la cabeza, alegan que las medidas fiscales son inútiles, castigan a los consumidores con menor poder adquisitivo y demonizan a un solo producto. No se puede hablar de alimentos buenos y malos, insisten, sino de dietas equilibradas o no.

Los defensores de penalizar los alimentos menos saludables aseguran que estos impuestos desincentivan el consumo y aumentan los ingresos del Estado. “Dado que estos ingresos son destinados a políticas de salud pública, son doblemente valiosos”, opina Marion Nestle, profesora de Nutrición, Estudios de Alimentación y Salud Pública en la New York University. “Gravar un solo alimento nunca es suficiente para revertir la tendencia de obesidad, pero las tasas ayudan a la gente a entender la relación entre la comida y la salud”, asegura Nestle, autora de Food politics y Soda politics, en los que analiza la influencia de las empresas en las políticas de salud pública.

En México, uno de los países con los mayores niveles de obesidad y gran consumidor de refrescos, se introdujo hace dos años una tasa del 10% sobre las bebidas azucaradas que se ha vinculado con un descenso de las ventas del 6%, según un estudio del Instituto Nacional de la Salud mexicano y la Universidad de Carolina del Norte (EE UU). En el caso de las clases menos favorecidas, la caída ha sido del 17%. “El azúcar tiene calorías, pero no nutrientes y por eso debería consumirse en pequeñas cantidades. Impulsa a la gente a tomar más alimentos dulces”, añade Nestle.

También se asocia la introducción de una tasa en Francia en 2012 al descenso de las ventas de los refrescos azucarados. Pero es cierto que en países que no tienen este impuesto, como España y Estados Unidos, este negocio también está de capa caída. Y de poco sirvió la tasa en Berkeley (California), porque los comerciantes asumieron el incremento de los precios por miedo a que sus clientes fueran a otra localidad vecina. En Cataluña, hubo planes para un impuesto sobre los refrescos en 2013 pero no llegó a ponerse en marcha (EE UU presionó, aunque la Generalitat aseguró que esto no influyó en su decisión).

Ha habido experimentos similares con las grasas. Estas han sido tradicionalmente el nutriente más vilipendiado de la dieta occidental desde que, en la década de los cincuenta, el presidente estadounidense Dwight Eisenhower muriera tras sufrir varios infartos por su alto colesterol. En 2011, Dinamarca introdujo una tasa para penalizar el consumo de las grasas trans artificiales, consideradas las más dañinas. Un año después la abolió por considerar que había penalizado a las clases con menos ingresos sin apreciar cambios en su estilo de vida. La alternativa danesa ha sido limitar por ley al 2% este tipo de grasa, habitual en las freidoras de muchos restaurantes, algunas pizzas congeladas y bollería industrial. También hay restricciones en Austria, Suiza, Hungría e Islandia, mientras EE UU está en proceso de prohibir este ácido graso y en Argentina se eliminó en 2014.

Dejar de fumar es duro, pero requiere dejar de hacer una sola cosa. Adelgazar exige cambios en muchos hábitos

En la mayoría de países, sin embargo, es voluntario y la industria ha ido adaptando sus productos a las nuevas demandas. En general, se ofertan cada vez más productos desnatados, bajos en sal, sin azúcar (el 30% de los refrescos ya lo son) e integrales.

El modelo utilizado en la batalla contra el tabaco viene a la mente rápidamente, aunque las empresas recuerdan que el azúcar o las grasas no son comparables con los efectos de la nicotina. Los países que han puesto en marcha las medidas más duras contra los cigarrillos han tenido bastante éxito. Cualquiera que ha dejado de fumar sabe que es muy duro, pero que implica dejar de hacer fundamentalmente una cosa, aunque cueste. Adelgazar requiere cambios en una serie de hábitos, como hacer más ejercicio, comer menos y elegir bien los alimentos. Además, un exfumador puede intentar mantenerse lejos del cigarrillo, pero comer genera tentaciones varias veces al día. Sostiene el doctor Martínez que recurriría a los impuestos, como se ha hecho con el tabaco, para promover el aceite de oliva virgen extra, los frutos secos, las legumbres, la fruta, las verduras y el pescado, entre otros. “Todo ello acompañado por información fiable desde el colegio”, añade el epidemiólogo, que defiende una estrategia integral.

Otra posibilidad es forzar a los que se pasan de kilos a ponerse a dieta. Japón aprobó en 2008 una ley por la que los ciudadanos entre 45 y 74 años deben pasar una revisión anual y recibir asesoramiento en caso de pesar demasiado. Si no sigue el programa, es su empresa la sancionada. En Estados Unidos, hay compañías que fomentan entre sus empleados la vida sana para obtener ventajas en los seguros médicos.

No todo el mundo acepta estas intromisiones en su vida privada. Además, como advirtieron los cirujanos de Devon hace un par de años cuando las autoridades del condado inglés intentaron sin éxito eliminar de la lista de operaciones menores a los obesos, hay gente que, simplemente, no logra adelgazar. O no quiere.

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Sobre la firma

Cristina Galindo
Es periodista de la sección de Economía. Ha trabajado anteriormente en Internacional y los suplementos Domingo e Ideas.

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