Liberalizaciones inteligentes

A pesar de la retórica oficial sobre las reformas económicas, hay muchas que beneficiarían a los ciudadanos pero que ni siquiera se proponen. Hay hoy sobre la mesa una importante discusión sobre la liberalización de los servicios públicos de transporte (taxi) y sobre los llamados pisos turísticos en amplias zonas de la costa mediterránea. La Comisión Europea se ha pronunciado sobre la materia en sentido favorable aunque impreciso (“la economía colaborativa tiene más oportunidades que inconvenientes”, han afirmado los comisarios de Industria y Competitividad).

En España el debate ha irrumpido de forma no muy meditada de la mano de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), que ha reclamado en un informe una liberalización del mercado español del taxi. Informe que, dicho sea de paso, no supera la generalización de manual. Efectivamente, en un gran número de ocasiones los mercados liberalizados —el del taxi no sería una excepción— suponen precios más baratos para el consumidor; lo mismo cabe decir de pisos y alojamientos. De entrada, empresas como Uber, BlaBlaCar o HomeAway ofrecen precios más bajos y quizá ofertas más flexibles que las redes empresariales establecidas en sus sectores. Pero la liberalización de un mercado exige un proceso relativamente prolongado de negociación con las partes y una exigencia precisa de condiciones a los nuevos agentes del mercado.

Porque una parte de los agentes tradicionales (el taxi, el transporte por carretera o la hostelería) tiene derechos adquiridos (licencias y concesiones); porque es necesario garantizar que en una liberalización no haya competencia desleal, es decir, que los grupos tradicionales y los emergentes estén sometidos a la misma carga fiscal; y porque un servicio público tiene que asegurar una calidad mínima (higiene, seguridad). La liberalización no es una palabra en un informe, sino una negociación compleja sobre una nueva regulación.