Rogar el voto, primera estación del viacrucis

Resulta irónico, como mínimo, que 1,9 millones de españoles no tengan más opción que “rogar” el ejercicio de un derecho tan fundamental como el de votar si quieren tomar parte en las elecciones del 26 de junio; pero ese es el término legal. Ya ha terminado el plazo para que los residentes fuera de España (y viajeros temporales) comuniquen su intención de hacerlo, y esto solo es la primera estación del viacrucis. Después de pasarla, hay que estar en condiciones de votar de verdad, y lo sucedido en diciembre fue elocuente. Más de una cuarta parte de los que pidieron hacerlo desde el extranjero se quedaron sin votar.

Pese a encontrarse disperso por el mundo, el colectivo de residentes en el exterior puede pesar lo suyo en una elección. No hay más que remitirse a las recientes presidenciales de Austria, donde el voto de los ciudadanos por correo determinó la victoria del candidato ecologista frente al de la extrema derecha. En España, la emigración de los últimos años ha sido esencialmente joven, y de ahí el interés de Podemos por ese colectivo. Pero también el Partido Popular quiere dar facilidades a los que viven fuera: ayer solicitó a la Junta Electoral Central que se amplíe el plazo para poder votar en urna en los consulados de España, de forma que se pueda ejercer este derecho hasta la misma jornada del 26 de junio. De pronto hay quien cae en la cuenta de que un corto número de sufragios puede ser más decisivo de lo que parece en unos comicios que los sondeos presentan como inciertos y apretados.

Votar desde el extranjero fue un calvario en las elecciones generales de 2011 y 2015, y va camino de repetirse la misma historia por tercera vez. Además del ruego del voto, el cuello de botella es la recepción de los sobres, y eso no siempre puede garantizarse en virtud de los plazos o de los retrasos en la entrega por parte de servicios de correos de países muy heterogéneos. Que no lleguen a tiempo las papeletas suele ser la causa principal de la frustración del voto.

Así son las cosas a causa de una ley de 2011, aprobada con amplísima mayoría de legisladores, que dieron prioridad a evitar fraudes. Antes se votaba bastante más desde el exterior, pero hubo incidencias y sospechas de manipulación. Por consiguiente, decidieron hacerlo todo mucho más difícil. Es como si hubieran limitado drásticamente la circulación de automóviles, trenes y aviones para asegurarse de que no se produzcan accidentes. En total, menos del 5% de los españoles en el extranjero pudieron votar el 20-D.

El caso es que, en estos tiempos de desarrollo veloz de Internet, se pueden presentar telemáticamente documentos tan confidenciales como las declaraciones de impuestos; sería una solución para los que votan desde fuera. A ver si el 26-J es la última vez en que tratar de hacerlo desde más allá de las fronteras patrias no se convierte en una sucesión de adversidades y pesadumbres.